Gobierno no cree que posible fallo del Tribunal Europeo deje sin efecto la regularización

Madrid, 30 jun (EFE).- El Gobierno no considera que, si finalmente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se pronuncia sobre la regularización, este fallo pudiera dejar sin efecto la medida, ya que, llegado el caso de que este se produjera y fuera negativo, las resoluciones estarían completadas y los permisos de residencia y trabajo, concedidos.

Y un hipotético pronunciamiento en sentido negativo del TJUE sobre si la medida se adecua al marco normativo no podría, en ningún caso, revertir esas autorizaciones ya otorgadas.

Así lo han señalado fuentes del Ejecutivo en relación a la decisión, conocida este martes, de que el Alto Tribunal ha planteado la posibilidad de llevar el proceso la regularización extraordinaria de inmigrantes desarrollado en España al Tribunal de Justicia de la Unión Europea por si entra en conflicto con el derecho comunitario.

El Supremo ha planteado esta posibilidad en dos providencias dictadas sobre la tramitación de los recursos interpuestos por las comunidades autónomas de Valencia y Aragón contra la regularización.

Las partes deberán pronunciarse en los próximos días sobre esta posibilidad y se espera que el Supremo tome una decisión al respecto a partir del 7 de julio.

El Alto Tribunal también tiene que decidir si adopta o no las medidas cautelares planteadas por ambos Ejecutivos autonómicos de paralizar el proceso de regularización, algo que en el Gobierno ven improbable porque el Supremo ya rechazó hacerlo el pasado mayo cuando lo pidieron la Comunidad de Madrid, Vox y tres asociaciones.

Sobre la primera decisión, en el hipotético caso de que el Supremo decida elevarlo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, esto no paralizaría automáticamente el proceso, han matizado desde el Ejecutivo.

Además, llegado el caso, no existe un plazo tasado para que el tribunal se pronuncie mientras que el Gobierno se ha comprometido a resolver todas las peticiones en máximo tres meses.

Y, en el caso de que este pronunciamiento finalmente vaya en contra de la medida adoptada por el Gobierno, en ningún caso este fallo podría revertir o suspender los permisos de residencia ya otorgados.

En cualquier caso, desde el Ejecutivo han mostrado pleno convencimiento y tranquilidad respecto a la compatibilidad de la medida con la normativa europea y han subrayado que durante la elaboración de la misma se adoptaron las recomendaciones esenciales planteadas por el Consejo de Estado.

También han destacado, sin detallar cifras sobre el número de solicitudes ya admitidas a trámite o resueltas de las más de un millón formalizadas, que trabajan para agilizar la tramitación lo máximo posible y dar una respuesta definitiva incluso antes de los tres meses, y han asegurado que toda petición tendrá su respuesta, de modo que no habrá, en ningún caso, silencio administrativo. EFE