El Gobierno pide tiempo a Bruselas y se reúne con CCAA para atajar la temporalidad pública

Madrid, 30 jun (EFE).- El Gobierno se reunirá el próximo 8 de julio con comunidades autónomas y ayuntamientos para abordar medidas para atajar la temporalidad del sector público, al tiempo que ha pedido a la Comisión Europea (CE) que le dé más tiempo y evitar así una demanda ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).

Un comunicado remitido por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, explica que el Gobierno ha emplazado a todas las comunidades autónomas y a la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) a una reunión del grupo de coordinación ese 8 de julio en Santander.

Ese grupo creado para estudiar los posibles cambios de normativa, da ahora sus primeros pasos solicitando a sus integrantes aportaciones para reducir la temporalidad, teniendo en cuenta la sentencia del Tribunal Supremo del 11 de mayo pasado.

Dicho auto ratificó la imposibilidad de hacer fijos, sin pasar por una oposición, a los trabajadores públicos temporales, al tiempo que abría posibles nuevas vías en materia sancionadora e indemnizadora en casos de abuso de temporalidad.

El Gobierno ha informado a la CE de los pasos que está dando para reducir la temporalidad y le ha pedido más tiempo (hasta marzo de 2027) para poder impulsar entre todos las reformas necesarias para eliminar el abuso en la contratación de temporales y evitar así un procedimiento de infracción.

Y es que precisamente ayer terminaba el plazo dado por la CE en su dictamen motivado sobre el abuso de temporalidad en el empleo público.

"Sentencias como la del 11 de mayo del Supremo han introducido elementos nuevos sobre el enfoque de la indemnización que hay que analizar, además de conocer exactamente cuántos trabajadores temporales están en situación de abuso en todas las administraciones públicas", explica el Ministerio.

El Gobierno recuerda que son precisamente las comunidades autónomas las que concentran el problema de la alta temporalidad, con una tasa del 40 % -frente al 4,7 % en la Administración General del Estado (AGE)-, especialmente acusadas en sectores como la educación y sanidad, competencias de las CCAA, donde ascienden al 40 y 43 %, respectivamente.

El Gobierno también se reunió el pasado 24 de junio con las organizaciones sindicales para abordar el seguimiento de los procesos de estabilización, las sentencias judiciales y los contactos con la Comisión Europea.

En dicho encuentro, apunta el Ministerio, se actualizaron a 440.168 los procesos de estabilización de plazas temporales en fijas y también se solicitó a las organizaciones sindicales aportaciones para consensuar entre todos los agentes implicados nuevas medidas para recortar las tasas de temporalidad.

El sindicato CSIF considera en un comunicado que se deben establecer "sanciones ejemplares, claras, concretas y aplicables" para los responsables de las administraciones que sigan abusando de la contratación temporal.

Asimismo, reclama convocar todas las plazas estructurales, reducir plazos de ejecución de procesos selectivos y aprobar unos presupuestos "que eliminen de una vez la tasa de reposición".

También se ha referido a este asunto el grupo parlamentario Podemos, que ha señalado este martes en el Congreso que "el Gobierno ha incumplido el plazo que Europa le dio para que todas las personas que estaban en fraude de ley acumulando contratos temporales en la administración pública fueran fijas, que era el 29 junio". EFE