Madrid, 30 jun (EFE).- El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones mantiene que la norma que regula el proceso de regularización extraordinario de inmigrantes desarrollado en España "se ha redactado velando estrictamente por su compatibilidad con el derecho de la Unión Europea (UE)".
Así lo han manifestado fuentes ministeriales tras conocer que el Tribunal Supremo ha planteado la posibilidad de llevar el proceso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por si entrara en conflicto con el derecho comunitario.
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El alto tribunal ha dictado dos providencias en la tramitación de los recursos interpuestos por las comunidades autónomas de Valencia y Aragón contra determinados aspectos del real decreto que regula el proceso en las que da un plazo de cinco días a las partes para que opinen si procede formular ante el TJUE una "cuestión prejudicial interpretativa".
Las fuentes del Ministerio trasladan a los solicitantes un mensaje de tranquilidad y aclaran que la regularización otorga un permiso de residencia y trabajo válido exclusivamente en territorio español.
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Recuerdan que el Tribunal Supremo ya desestimó el pasado mes de mayo adoptar las medidas cautelares solicitadas para paralizar el procedimiento que ha seguido desarrollándose con total normalidad.
El plazo para que las partes se pronuncien sobre la pertinencia de la cuestión prejudicial ante el TJUE está abierto hasta el viernes y el Ministerio trabaja en coordinación con la Abogacía del Estado para aclarar las cuestiones planteadas.
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Una vez que concluya este plazo el Tribunal Supremo estudiará las alegaciones y deberá decidir si eleva la cuestión prejudicial interpretativa al TJUE.
En el caso de elevarse serviría para resolver dudas concretas antes de resolver el fondo de la cuestión, según recalcan las citadas fuentes. EFE
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