Madrid, 22 may (EFE).- La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha pedido este viernes a las comunidades autónomas que utilicen los mecanismos y los fondos del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 para poner en alquiler asequible los 111.000 pisos turísticos ilegales detectados por el Registro Único que este jueves anuló el Tribunal Supremo.
"Espero que las comunidades autónomas no estén pensando en otra cosa que en ver cómo cierran esos pisos, que hay que clausurarlos y sancionarlos, y después con los recursos del plan ponerlos a disposición de la gente con un alquiler asequible", ha dicho tras reunirse con representantes de UGT y CCOO, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Hogar Sí, Fundación del Secretariado Gitano, Provivienda, la Plataforma del Tercer Sector y la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales.
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El Tribunal Supremo acordó ayer la nulidad del procedimiento de Registro Único de arrendamientos de corta duración que quieran publicitarse en plataformas digitales, por entender que el Estado carece de competencia para establecer un registro nacional que se superpone a los registros autonómicos de inscripción de inmuebles destinados a arrendamientos turísticos.
La resolución, que responde a un recurso de la Generalitat Valenciana -aunque Andalucía también lo recurrió- no anula, sin embargo, las disposiciones que regulan la Ventanilla Única Digital de arrendamientos y las obligaciones de transmisión de datos de las comunidades al ministerio.
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Tras señalar que está "estudiando" y "analizando" la resolución del Supremo, la ministra ha afirmado que lo que ésta implica es que "aquellos que levantan la mano para decir yo soy competente lo que tienen que resultar ahora es resolutivos" respecto a los 111.000 pisos turísticos ilegales que el Registro Único ha permitido aflorar.
"Espero que las comunidades que han recurrido este registro y el buen hacer del Colegio de Registradores (que colaboró en su creación) tengan preparados todos los canals para detectar todos los pisos turísticos que incumplan las normativas de los estatutos de las comunidades de vecinos, las ordenanzas municipales y las normativas autonómicas y que nos lo trasladen en tiempo y forma al ministerio para que se siga impidiendo su comercialización, ha insistido la ministra.
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El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 que ayer firmaron todas las comunidades autónomas y que desplegará 7.000 millones de euros por toda España permite que éstas compren o soliciten la cesión de viviendas de titularidad privada para ponerlas en alquiler asequible.
"Hay 100.000 oportunidades de casas", ha dicho Rodríguez, tras exigir a las comunidades que "se dediquen a eso" y no a "poner zancadillas" a su ministerio e insistir en que confía en que la "excusa de la competencia no sea para la inacción, para tapar irregularidades o para seguir poniendo obstáculos a la gente y abriendo las puertas a los fondos de inversión y a los negocios de los pisos turísticos".
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En su reunión con los agentes sociales para abordar su participación en el despliegue del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, estos han mostrado su disposición a ser "actores protagonistas" de la ejecución del plan, con el fin de atender a los más desfavorecidos, ha explicado Rodríguez.
Como ejemplo, ha puesto la intervención que permite el plan a entidades como Hogar sí para atender a las 40.000 personas sin techo que, según esta organización, hay en España.EFE
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