La defensa de Pradas insiste en su queja ante el CGPJ por la instrucción de la jueza

València, 19 may (EFE).- El abogado de la exconsellera Salomé Pradas -una de las dos personas investigadas por la gestión de la dana- ha remitido un nuevo escrito al Consejo General del Poder Judicial en el que recuerda que ha transcurrido un año de su queja por la instrucción de la jueza y añade más contenido a la misma.

En dicho escrito, al que ha tenido acceso EFE, el letrado Eduardo de Urbano reclama "impulso efectivo" para el trámite de su protesta por una instrucción que considera que "atenta contra los principios de imparcialidad e independencia judicial".

"La magistrada instructora persiste, de manera sistemática, en una línea de actuación dirigida únicamente a confirmar una tesis de culpabilidad preestablecida desde el inicio", con "resoluciones de extrema dureza que incluyen juicios de valor lapidarios y conjeturas impropias de una fase que no está para eso, sino para recoger datos y medios de prueba", sostiene esta parte.

El letrado pone como ejemplo, entre otras cuestiones, "el bloqueo sistemático de cualquier otra línea de investigación mediante la denegación de la práctica de diligencias cruciales propuestas por esta defensa, así por ejemplo, la incorporación de los pliegos del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ)".

Este proceder infringe, a juicio de la defensa de la exconsellera, el art. 299 de la LECrim y la Directiva UE 2016/343, "al orillar la incorporación de datos objetivos indispensables para desdibujar la relación de causalidad que de forma sesgada se pretende consolidar".

También recuerda que la magistrada de Catarroja hacia la que dirige sus quejas abrió un expediente sancionador al letrado del otro investigado, el ex secretario autonómico Emilio Argüeso, "que ha sido amparado por el Consejo Valenciano de la Abogacía, al considerar que ello coartaba la libertad e independencia del referido abogado defensor".

Por otra parte, se señala la "más que confirmada intervención y presencia activa en la sala, tomando declaraciones y dando instrucciones, del magistrado Jorge Martínez Ribera (Instrucción 4 de Valencia), que es esposo de la instructora. Esto supone una flagrante transgresión del derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, del deber de secreto y del principio de ajenidad que exige la ética judicial".

Según el letrado De Urbano, "existen más que indicios que apuntan a que este tercero a la causa, carente de la legal y necesaria competencia, tuvo acceso a información reservada de la causa y llegó a tomar declaración a víctimas, lo que, una vez verificado por ese Consejo, sería constitutivo de responsabilidades disciplinarias de naturaleza grave o muy grave".

Para probar este extremo, el abogado de Pradas pide al CGPJ que "requiera formalmente al letrado Rubén Gisbert para que aporte de forma inmediata los audios de las grabaciones donde presuntamente se acredita la participación del citado magistrado, ajeno a la causa, en las diligencias de investigación, exigiéndosele asimismo que acredite su autenticidad y la ausencia de manipulación". EFE