El Gobierno aprueba este martes la ley que priorizará la gestión pública de la sanidad

Madrid, 11 feb (EFE).- El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes el proyecto de ley de integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS), con la que se pretende blindar la gestión pública de la sanidad facilitando la reversión de los modelos privados como el de Quirón o Ribera Salud.

Tras su paso en primera vuelta el pasado mes de febrero, el Gobierno dará luz verde al texto definitivo del proyecto, que establece un marco jurídico que potencia el carácter universal y equitativo del sistema sanitario, han informado a EFE fuentes del Gobierno.

Del texto final dará cuenta la propia ministra de Sanidad, Mónica García, que comparecerá en rueda de prensa junto a los titulares de Educación, Milagros Tolón, y Agricultura, Luis Planas, pues el Gobierno planea sacar adelante también una distribución de créditos para programas de educación y la ejecución de los planes de seguros agrarios combinados.

La futura ley de integridad del SNS derogará la conocida como ley 15/97, que abrió la puerta a la entrada de grandes grupos en los centros públicos como Quirón en Madrid o el Alzira valenciano de Ribera Salud, que se exportó después a otros hospitales como el de Torrejón de Ardoz, recientemente epicentro de una polémica por los audios de su CEO en los que reconocía derivar a los pacientes menos rentables.

Según ha venido argumentando Sanidad, esta proliferación de modelos privados ha derivado en fragmentación, déficits de transparencia y menor capacidad de control institucional, unos modelos que, además, obtienen peores resultados en hospitalizaciones evitables y mortalidad por infarto o ictus en comparación con hospitales públicos similares.

Asimismo, la privatización se vincula, según el Gobierno, con una reducción de plantillas, que puede afectar a la calidad asistencial y a la sostenibilidad del sistema.

La nueva normativa define la gestión directa y se limita la indirecta a situaciones excepcionales, permitiéndola solo cuando no sea posible la prestación directa, cuando se garantice sostenibilidad financiera y eficiencia y cuando se cumplan una serie de requisitos de calidad, continuidad, accesibilidad y asequibilidad del servicio. EFE