Una noche en vela para acreditar la vulnerabilidad: el papel que enreda la regularización

Laura López

Madrid, 21 abr (EFE).- Decenas de personas hacen cola este martes a las puertas de una de las ONG acreditadas para expedir el informe de vulnerabilidad obligatorio -solo en algunos casos- para solicitar la regularización extraordinaria de migrantes, algunas de ellas después de once horas de espera y haber pasado la noche en la calle.

"Agradezco al Gobierno que haya lanzado este programa para poder regularizarnos, todos los que hemos dejado nuestro país hemos venido a sumar al suyo; por favor, no nos hagan las cosas difíciles", reclama al Ejecutivo en una entrevista con EFE una de ellas, Ingrid Mazetti, natural de Lima, Perú.

Esta migrante de 42 años se encuentra a las puertas de la delegación en Madrid de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), donde los que esperan ironizan con el hecho de que el Ejecutivo pida un documento que acrediten que son personas vulnerables y para ello hayan tenido que dormir en la calle.

"La ficha de vulnerabilidad está redundando y recalcando lo que ya somos: vulnerables", explica Mazetti, para quien este documento le parece "excesivo" e innecesario teniendo en cuenta las dificultades que supone para cualquier persona no tener un documento de identidad en España o acceder a un trabajo mínimamente bien remunerado.

De hecho, los primeros borradores del real decreto para la regularización no exigían este certificado al presumir precisamente que toda persona en situación irregular es vulnerable, pero en el último momento -y en la línea de lo aconsejado por el Consejo de Estado- introdujeron esta condición para algunos casos.

El formulario se puede descargar desde la web del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y debe ser certificado por una entidad social acreditada o por los servicios sociales de un ayuntamiento, pero muchos consistorios no están facilitando este trámite.

Mazetti pide más facilidades al Gobierno para conseguir lo que vino a hacer a España, ayuda a su familia y "aportar" a un país que la ha acogido bien. Es al hablar precisamente de su hijo que sus ojos se inundan de lágrimas: "Es mi vida, por eso estoy aquí: para sacarlo adelante".

Lleva un año y medio en España tras dejar atrás "una tierra maravillosa" pero que pasa por "momentos muy difíciles": "Por favor, no nos dejen de lado y no nos pongan trabas, que lo que nosotros queremos es trabajar, es lo único lo que le pedimos: trabajo, nada más", insiste.

Ella es enfermera y aquí ha accedido a algunos trabajos "esporádicos" e informales como cuidadora pero no en condiciones dignas, así que con la regularización espera poder continuar su carrera, por la que siente pasión.

"Nadie viene a hacer cosas malas, todos venimos a sumar", concluye, emocionada Mazetti, a cuyo discurso le sigue un aplauso generalizado de las decenas de personas que la rodean mientras esperan su turno en la cola.

Muchos de los afectados coinciden en que deberían habilitar más lugares que expidan este documento o autorizar a los abogados a que los que muchos ya están pagando cientos de euros para que puedan acreditar esta situación de vulnerabilidad.

Uno de ellos es Erika Massally, de 45 años y natural también de Lima, que espera junto a su marido en la cola: han salido de su casa en Leganés a las seis de la mañana para acudir a esta entidad a conseguir el informe de vulnerabilidad después de varios intentos fallidos en el ayuntamiento de su ciudad.

"Lo único que nosotros queremos es que nos ayuden a hacer los papeles porque como inmigrantes estamos aquí trabajando y lo único que queremos es que nos apoyen a seguir progresando", reivindica esta madre de familia, para quien su prioridad es seguir mandando dinero a sus hijos.

Muchos como ella obtuvieron su certificado de antecedentes penales hace ya tiempo y temen que este caduque -pierde validez a los tres meses- mientras tratan de conseguir este último papel, lo que enredaría el proceso aún más.

Otra de sus preocupaciones es tener que perder más días de trabajo haciendo trámites o colas eternas como la de este martes: "En mi caso y yo pienso que en el de todas las personas que están aquí esperando, un día que no se trabaja es un día en el que no te pagan", lamenta.

Un dinero por el que trabajan en B y de forma precaria "desde que amanece hasta que anochece" y que en estos momentos es más necesario que nunca, toda vez que han pagado 800 euros a un abogado para tramitar los expedientes de la pareja y tratan de enviar todo lo que pueden a su familia en Perú.

No es necesario contratar a un abogado o gestor para hacer la solicitud pero es una opción a la que recurren muchas personas ante el miedo de perderse en la burocracia, en muchos casos ante publicidad engañosa que les presiona para invertir cientos de euros en un proceso que pueden completar de forma gratuita.

Precisamente este martes el Gobierno ha pedido ayuda a los cónsules de los principales países de origen de los inmigrantes que solicitan la regularización para luchar contra los engaños y las estafas en el proceso, y ha recalcado que no es necesario pagar "ni un euro" para hacer la petición.

El colombiano Juan Fernando Bedoya, de 33 años, también ha estado 11 horas en la cola y ha dormido en la calle para ir detrás del último papel que le falta para poner fin a dos años "muy duros" y de "poco trabajo" en España. La cola solo es para pedir cita y, por lo que le han dicho los que salen, solo podrá volver a por el papel a mediados de mayo.

Para él esta regularización es una gran oportunidad porque, aunque en breve podría haber optado a una de las figuras del arraigo que da autorización a los dos años de estar en España sin papeles, esta fórmula tiene unos requisitos más simples y supone un adelanto de unos meses para el ansiado permiso.

Pero como para tantos otros, está siendo un verdadero dolor de cabeza conseguir el informe de vulnerabilidad, un papel que considera "obsoleto" toda vez que, subraya, cualquier persona en situación irregular es vulnerable, algo que "el Gobierno ya sabe".

Preguntada por este asunto este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha acusado al PP de boicotear el proceso desde sus ayuntamientos al no facilitar este trámite y ha asegurado que dará respuesta, apelando a los consistorios a que colaboren, a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). EFE

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