Ley de vivienda y suelo del PP pasa primer trámite en el Congreso con apoyo de Vox y Junts

Madrid, 21 abr (EFE).- La ley de vivienda y suelo del PP ha logrado este martes el apoyo suficiente, con los votos a favor de Vox y Junts, para iniciar su tramitación parlamentaria en el Congreso, tras un debate salpicado de momentos de tensión, en el que han sido desalojadas de la tribuna de invitados dos representantes del Sindicato de Inquilinas.

La proposición de ley del PP, llamada de "medidas administrativas y procesales para la seguridad jurídica de la ordenación territorial y urbanística, el impulso del desarrollo urbano y la vivienda", ha sido aprobada por 178 votos a favor (PP, Vox, Junts y UPN), seis abstenciones (PNV) y 163 votos en contra del resto del grupos, a diferencia de lo ocurrido en el Senado, donde recibió el respaldo de Vox, la abstención de Junts y el rechazo del PNV.

La portavoz 'popular' Sol Cruz-Guzmán ha dicho que su ley no es una "varita mágica", pero ha asegurado que "pone los cimientos para construir un millón de viviendas protegidas" en cuatro años.

En su intervención, Cruz-Guzman ha defendido la política de vivienda de Isabel Díaz-Ayuso en la Comunidad de Madrid y de Juanma Moreno en Andalucía, ha acusado al PSOE de haber "vendido su alma a Sumar y a Bildu" y ha pedido el apoyo de Junts y el PNV apelando a la "coherencia con sus votantes, sus empresas, su industria y las constructoras de su tierra".

Tanto el PSOE como el PNV le han reprochado que el PP se opusiera a la reforma de la ley del suelo que ambos presentaron conjuntamente hace un año y que tenía "gran similitud" con esa parte de la suya, mientras que Junts le ha replicado que "comparte los objetivos" de su iniciativa, pero que le falta "rigor" y "respetar el marco competencial".

"Simplificar no es uniformizar, hay que hilar filo para lograr una seguridad jurídica real. Cuando la ideología es el único pilar de la política de vivienda, no se construye un metro cuadrado de futuro", ha argumentado su representante Marta Madrenas.

Etna Estems (ERC) ha discrepado al defender que "claro que esto va de ideología y de considerar que el mercado se regula por sí mismo y la vivienda es un activo de inversión con el que algunos se pueden hacer ricos o que es un derecho que la administración puede regular".

La propuesta del PP supone una reforma del marco legal de urbanismo y vivienda y de la ley de enjuiciamiento civil, con el fin de agilizar la concesión de licencias, evitar que los planes generales de urbanismo sean derogados por defectos de forma, derogar la intervención en el mercado que supuso la ley de vivienda de 2023 y "acabar con la impunidad de la inquiokupación", ha dicho la diputada.

A este respecto, acorta los tiempos de suspensión de los desahucios por vulnerabilidad de dos a un mes para demandantes físicos y de cuatro a tres meses para jurídicos; y endurece el umbral de ingresos que determina la vulnerabilidad económica.

Este último aspecto ha provocado momentos de tensión en el debate, como cuando el diputado de Bildu Oskar Matute ha acusado a los 'populares' de introducir medidas que son "pura y dura aporafobia" porque "odian al pobre".

También el portavoz de Sumar Alberto Ibáñez (Compromís) se ha encarado con Cruz-Guzmán por sus "propuestas salvajes y crueles", como la de rebajar la protección a aquellas familias con ingresos superiores a 900 euros.

"¡Míreme a la cara! ¿Cree que una familia con 900 euros puede vivir?", ha le espetado Ibáñez, que también le ha dicho que el próximo domingo, 26 de abril, "tendrán que escuchar a las miles de personas que van a ir a las sedes del PP a decirles si están con los fondos buitre o con la gente".

El portavoz de Sumar hacía alusión a la concentración convocada en Génova, 13, la sede del Partido Popular en Madrid, por el Sindicato de Inquilinas para que el PP apoye la prórroga de los alquileres que se votará en el Congreso dos días después.

Por su parte, Ricardo Chamorro (Vox) ha vinculado la crisis de la vivienda con un "exceso de demanda" por la "inmigración masiva" y ha explicado que su partido defiende un "modelo propio" al margen del "modelo especulativo de Ayuso y del intervencionismo neocomunista de Colau, Pedro Sánchez y todos los dictadores que se reunieron este fin de semana en Barcelona", lo que ha provocado nuevas llamadas al orden de la presidenta de la Cámara.EFE