Santa Bárbara Sistemas asegura que su demanda en el Supremo sigue su curso

Santa Bárbara Sistemas (SBS), propiedad de la filial europea de General Dynamics, ha asegurado este lunes que el recurso para que se suspendiera la asignación a la unión temporal de empresas (UTE) entre Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) como beneficiarias de dos préstamos para programas especiales de modernización (PEM) de armamento por importe de 3.000 millones de euros seguirá su curso, ya que será tramitado por el Tribunal Supremo independientemente de la no aplicación de medidas cautelares.

El Supremo admitió a trámite el recurso de SBS el pasado 19 de diciembre y, en un auto reciente, ha decidido no suspender cautelarmente los préstamos, si bien no entra en el fondo del asunto ni prejuzga la resolución definitiva, que deberá tramitarse con independencia de la no aplicación de las medidas cautelares.

En su resolución sobre las cautelares, el alto tribunal señala que "deben permanecer al margen de nuestra consideración toda argumentación referida a la mayor o menor cualificación para ser adjudicataria de los contratos y las capacidades de las compañías para su realización", extremos que considera ajenos al objeto de la decisión sobre las medidas provisionales.

SBS alega que ha sido excluida sin justificación del proceso de adjudicación de estos programas a pesar de ser el único fabricante español de sistemas de artillería y el líder nacional en vehículos de combate terrestre, y advierte de que la falta de capacidades de los actuales beneficiarios de los préstamos en contratos similares podría generar importantes problemas para el desarrollo real de la industria en España.

Según la compañía, esa carencia ya estaría obligando a los adjudicatarios a recurrir a proveedores extranjeros, incluso de países no europeos y fuera del entorno OTAN, como Corea, con la consiguiente pérdida de soberanía tecnológica y un impacto negativo en el empleo en el sector de defensa español.

La empresa subraya que mantiene su disposición a cooperar tanto con la Administración como con el resto de la industria para reforzar la competitividad de la industria española de Defensa en el ámbito europeo y recuerda que, en el marco de los programas ATP Ruedas y Cadenas, presentó propuestas de colaboración a los beneficiarios de los préstamos que no han recibido respuesta.

SBS sostiene que esta falta de respuesta y su exclusión del proceso le han llevado a recurrir ante el Tribunal Supremo en defensa de sus intereses, los de sus empleados y los del conjunto de la industria de Defensa española, dado que los programas de artillería afectados tienen una gran incidencia en el sector y condicionarán a todos los operadores en los próximos años.

En cuanto al posicionamiento de la empresa sobre la decisión de no aplicar medidas cautelares, Santa Bárbara Sistemas señala que no realizará valoraciones sobre el auto del Supremo.

La compañía explica que la solicitud de suspensión cautelar de los préstamos pretendía proteger de futuros daños a todos los participantes en la industria de Defensa, incluida la propia Administración y los recursos económicos y financieros del Estado, y recuerda que el tribunal considera que una eventual estimación del recurso se traduciría en la devolución de las cantidades prestadas, una obligación "económicamente importante" pero ejecutable sin necesidad de medidas cautelares.