Las universidades adaptarán por ley sus planes de estudio al alumnado con discapacidad

Madrid, 20 abr (EFE).- Las universidades, públicas y privadas, tendrán que adaptar por ley sus planes de estudio al alumnado con discapacidad, al igual que ya existe en los currículos de las enseñanzas no universitarias.

Así constará por primera vez en el Estatuto del Estudiantado Universitario, que sustituirá al aprobado en 2010, y que también facilitará la compatibilidad de los estudios con la actividad laboral del alumnado y mejorará las garantías de calidad en las prácticas académicas externas y en la movilidad nacional e internacional.

El nuevo proyecto de real decreto que prepara el Ejecutivo acaba de finalizar el periodo de consulta pública y según el secretario general de Universidades, Francisco García, es "muy garantista" y recoge las demandas de los colectivos de estudiantes universitarios.

Tras ser pactado con la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE), con el Consejo de Estudiantes Universitarios del Estado (CEUNE) y con la Coordinadora de Representantes de las Universidades Públicas (CREUP) la nueva norma pretende estar lista antes de agosto.

"Han participado estudiantes, rectores y vicerrectores de universidades públicas y privadas y es muy garantista de los derechos del estudiante con cuestiones que no estaban en ninguna norma legal, como el derecho de los estudiantes con discapacidad a que la universidad adapte sus planes de estudio", afirmó recientemente el secretario general de Universidades durante un foro de debate en la Universidad Internacional de la Rioja (UNIR).

Explicó que mientras en Bachillerato se conoce que un 5 % de alumnos y alumnas presentan dislexia, en la universidad no hay tal reconocimiento, por lo que "dentro de la ponderación se adaptarán los planes de estudio y la vida académica a los estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo o con dificultades de aprendizaje".

El nuevo Estatuto del Estudiantado Universitario también abordará el problema de la vivienda y la tensión que crea la alta demanda de determinadas titulaciones, como Medicina, y la limitación de la oferta pública.

El aumento del estudiantado extranjero, del número de títulos universitarios en los últimos años y la transformación de la docencia, con la enseñanza virtual en eclosión, son las claves de la batería de reales decretos que ha presentado el Gobierno con la intención de que también entren en vigor el próximo curso.

Al Estatuto del universitario se sumarán otros cuatro reales decretos como el de organizaciones de enseñanzas universitarias y del procedimiento de aseguramiento de su calidad, que reforma la norma de 2021, y tendrá un artículo específico sobre la IA.

Tratará de regular y limitar el uso de la Inteligencia Artificial y obligará a que todos los centros tengan un Código Ético y Deontológico.

Otros decretos se refieren a la acreditación de profesorado permanente laboral, o para determinar las especialidades de conocimiento y sus ámbitos, a efectos de la adscripción de plazas para el profesorado universitario y para un nuevo reconocimiento y también un decreto nuevo de homologación de títulos extranjeros.

El real decreto, que determinará las especialidades de conocimiento para establecer los perfiles de las plazas de profesorado universitario de la universidad pública y los ámbitos del conocimiento a efectos de la adscripción de los puestos de trabajo del profesorado universitario, modifica la ley de 1985.

Su objetivo es adaptar el profesorado a los nuevos campos de conocimiento científico, tecnológico y humanístico, que han crecido al amparo de universidades privadas y de una explosión de títulos especializados que han pasado de ser 2.500 en el curso 2007-2008 a 7.500 en el curso 2025-2026.

El Gobierno recuerda que en 2026 hay 47 universidades privadas frente a 50 públicas y que los docentes en plantilla en centros propios de universidades públicas superan los 108.500.

La LOSU de 2023 establece que todos los puestos de trabajo de profesorado funcionario y laboral deben adscribirse a los ámbitos de conocimiento y estos deben ser suficientemente amplios para permitir y favorecer la movilidad del profesorado, así como facilitar su carrera profesional y la necesaria interdisciplinariedad y colaboración entre especialidades.

Por ello, el nuevo real decreto incorpora por primera vez un marco amplio de especialidades y ámbitos de conocimiento que sea representativo de la realidad docente e investigadora universitaria, a la vez que será ponderado según los grados.

 "La globalización del conocimiento ha avanzado...y la responsabilidad de las administraciones es dar instrumentos para que la universidad que quiera correr corra y que no quede ni un estudiante detrás", recordaba el alto cargo del Ministerio.

La otra normativa que prepara Universidades es sobre el reconocimiento y verificación académica y profesional de las titulaciones universitarias oficiales obtenidas en sistemas universitarios extranjeros y que actualizará los criterios para homologar títulos estancados hace una década.

El Ministerio ha cerrado 2025 con más de 85.564 solicitudes resueltas, el 76 % favorables (cerca de 65.000), pero todavía quedan 72.000 pendientes y por eso se plantea aplicar un nuevo procedimiento más ligero y menos detallista. EFE