Segovia, 10 abr (EFE).- La Audiencia Provincial de Segovia ha absuelto a un hombre acusado de un delito continuado de violación, de lesiones y vejaciones cometidas contra su pareja, al considerar que existen dudas relevantes en el relato expresado por la denunciante y que no hay certezas de que los hechos ocurrieran.
Las acusaciones sostenían que el acusado había obligado a su pareja sin consentimiento entre el 12 y el 26 de octubre de 2022, mediante insultos y el uso de la fuerza, lo que habría causado lesiones a la víctima.
El Ministerio Fiscal solicitaba 15 años de prisión por violación continuada, además de otras penas por vejaciones y lesiones, mientras que la acusación particular elevaba la petición hasta los 18 años de cárcel.
Sin embargo, la Sala ha concluido que la única prueba directa de cargo era la declaración de la denunciante y que esta no supera los criterios jurisprudenciales exigidos para sustentar una condena cuando constituye el principal elemento probatorio, según la resolución judicial facilitada por fuentes del TSJCyL.
Entre otros aspectos, los magistrados han apreciado contradicciones en el relato sobre el momento en el que habrían ocurrido los hechos y han considerado que existen dudas relevantes sobre su verosimilitud.
La sentencia también ha analizado los informes médicos aportados durante el procedimiento, que no pudieron determinar si existió una actuación violenta o sin consentimiento.
La resolución ha añadido que la cronología de los hechos denunciados presenta dudas significativas, especialmente en relación con la hora en que supuestamente se produjo la agresión del 26 de octubre, circunstancia que fue modificada durante el juicio por el Ministerio Fiscal ante las dificultades para encajar el relato con otros elementos probatorios.
Ante la existencia de dudas sobre la credibilidad del testimonio y la falta de corroboraciones suficientes, la Sala ha aplicado el principio ‘in dubio pro reo’ y ha acordado la absolución del acusado de todos los delitos que se le imputaban.
La sentencia puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. EFE
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