Madrid, 9 abr (EFE).- Alquiler Seguro ha confirmado este jueves que recurrirá ante la vía contencioso-administrativa la sanción de 3,6 millones de euros impuesta por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y ha exigido al ministro Pablo Bustinduy que "rectifique y pida disculpas públicas".
La gestora de alquileres ha vuelto a defender que todos sus servicios son “legales” y que “no promueven prácticas abusivas” y ha sostenido que la sanción del ministerio vulnera derechos fundamentales como la presunción de inocencia y la libertad de empresa.
En una comparecencia de prensa, el presidente de la compañía, Antonio Carroza, ha acusado al departamento de Bustinduy de "utilizar la mentira", mientras que el responsable del área jurídica, Carlos Sánchez, ha denunciado "irregularidades" en el proceso administrativo.
Además, Sánchez ha subrayado que Alquiler Seguro ha vivido un "atropello jurídico, donde no solo se han saltado todos los principios básicos del derecho administrativo, sino que se han utilizado pruebas ilícitas y se ha vulnerado nuestra tutela judicial efectiva".
Según la compañía, la administración no ha tenido en cuenta toda la documentación aportada y la última orden del ministerio es un "copia y pega" de la primera propuesta de sanción.
Respecto al servicio de atención al inquilino (SAI), uno de los elementos centrales de la sanción, la compañía ha insistido en que este servicio es "voluntario" y "legal" y ofrece beneficios "reales" para los arrendatarios, como gestión de incidencias, asesoramiento jurídico y ventajas en seguros.
La empresa también ha negado haber impuesto la contratación de seguros del hogar y ha señalado que, de los más de 26.000 inmuebles gestionados, más de 4.000 inquilinos no contrataron dicho seguro sin que ello impidiera formalizar el alquiler.
Alquiler Seguro ha criticado además que el expediente sancionador se base en denuncias no contrastadas, incluidas algunas de personas que no eran clientes, así como en comentarios de foros de internet.
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ratificó ayer la sanción de 3,6 millones de euros a esta empresa por cometer una infracción grave y seis muy graves relacionadas con la vulneración de los derechos de los consumidores y el aprovechamiento de su posición de predominio de mercado. EFE
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