Madrid, 8 abr (EFE).- El pleno del Tribunal de Cuentas ha aprobado la publicación de una guía que proporciona herramientas para determinar qué aspectos de la normativa fundamental en materia de sostenibilidad ambiental es necesario fiscalizar en el sector público, incluyendo comprobaciones y pruebas de auditoría.
La 'Guía para la fiscalización del principio de sostenibilidad ambiental', que según el tribunal completa el marco de este tipo de documentación sobre transparencia e igualdad de género, se basa en la experiencia de más de 400 informes elaborados entre 2016 y 2024 para fijar su metodología.
El análisis de estos informes certificó que "una parte significativa" de las comprobaciones efectuadas por los distintos equipos que las llevaron a cabo se centró en la verificación de la existencia de evaluaciones ambientales, la eficiencia energética y los procesos de descarbonización.
Otros ámbitos susceptibles de ser auditados fueron la gestión de residuos, el agua o la toma en consideración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Pautas de trabajo
La guía señala que la fiscalización requiere comprobar en cada caso cuatro puntos concretos: cumplimiento normativo, integración en la gestión pública, uso eficiente de recursos y responsabilidad institucional y transparencia.
Además, recoge el marco jurídico fundamental en esta materia, que incluye las leyes de cambio climático y transición energética por un lado y la de residuos y suelos contaminados para una economía circular por otro, además del Real Decreto de transposición de la Directiva de la UE relativa a la eficiencia energética.
También aporta la normativa fundamental de sostenibilidad ambiental en cinco grandes materias: eficiencia energética, residuos, agua, aire y energía.
En sus anexos recoge además un modelo de programa de trabajo normalizado y buenas prácticas y una lista de indicadores y soportes documentales de sostenibilidad ambiental, entre otras ideas.
El documento señala que todo lo dispuesto en la guía es a partir de ahora de aplicación inmediata en las actuaciones fiscalizadoras del sector público cuyo acuerdo de inicio sea aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas y recuerda que deberá ser actualizada a medida que entren en vigor nuevas normas. EFE
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