El Gobierno de Aragón defiende la validez de los registros hechos en el caso Forestalia

Zaragoza, 5 abr (EFE).- Los servicios jurídicos del Gobierno aragonés han defendido la validez de los registros practicados durante el transcurso de la operación Perserte, la investigación de una presunta trama de corrupción vinculada al desarrollo de proyectos de renovables por Forestalia en la comarca del Maestrazgo (Teruel).

El caso se refiere a supuestas irregularidades a la concesión de licencias para proyectos de energías renovables que implica a Forestalia, una empresa con sede en Zaragoza y Madrid, con una investigación por presuntos delitos de prevaricación ambiental, cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

Según informa el Ejecutivo de Aragón, personado en el procedimiento penal que instruye el titular de la Plaza 1 del Tribunal de Instancia de Teruel, sus servicios jurídicos han presentado un escrito de alegaciones contra el recurso presentado por las defensas de los investigados para instar los registros practicados en sus domicilios y oficinas por la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) de la Guardia Civil.

En el recurso al que se ha opuesto el Gobierno de Aragón, las defensas alegan que dichas diligencias de entrada y registro se habrían acordado una vez transcurrido el plazo legal de instrucción establecido legalmente.

Sin embargo, el Gobierno de Aragón respalda la postura al respecto de la Fiscalía, que considera que se trata de una causa judicial compleja, lo cual justifica legalmente la ampliación del plazo de investigación y las sucesivas prórrogas acordadas por el juzgado encargado del caso.

Estas diligencias se adoptaron durante los periodos de ampliación del periodo de instrucción, por lo que, a juicio también de los servicios jurídicos del Gobierno aragonés, no sólo gozan de plena validez jurídica, sino que incluso en el hipotético caso de que la causa no fuera considerada compleja, las diligencias serían igualmente válidas, ya que fueron acordadas dentro del plazo legal o derivan de forma directa de actuaciones solicitadas dentro de ese plazo.

Ademas, el escrito de alegaciones detalla cronológicamente el desarrollo del procedimiento, y destaca que la investigación ha sido constante, activa y sin periodos de inactividad.

Un elemento central de la oposición presentada es que los informes del UCOMA y otras diligencias esenciales fueron solicitadas al inicio del procedimiento, antes del límite temporal que las defensas pretenden fijar como fecha de caducidad, y, por tanto, las actuaciones posteriores como entradas y registro, constituyen una consecuencia directa de esas diligencias iniciales, lo que impide considerarlas extemporáneas o nulas.

El escrito del Gobierno aragonés recuerda, además, que la jurisprudencia más reciente del Tribunal Supremo ha modificado interpretaciones anteriores que implicaban la anulación automática de diligencias acordadas fuera del plazo de instrucción, y que conforme a esta doctrina, "el incumplimiento del plazo no provoca por sí mismo la nulidad de las actuaciones ni el archivo del procedimiento, ni puede servir como vía indirecta para propiciar una prescripción artificial de los delitos". EFE