'Las seis de La Suiza' consideran que en su caso se ha limitado la libertad sindical

Gijón, 4 abr (EFE).- Héctor González, uno de los seis sindicalistas (cinco mujeres y un hombre) conocidos como 'Las seis de La Suiza', que fueron condenados por coacciones al propietario de una pastelería de Gijón e indultados por el Gobierno el martes, ha asegurado que en su caso "se ha limitado la libertad sindical y los derechos fundamentales".

El Tribunal Supremo ratificó en junio de 2024 la condena a dos años de cárcel por obstrucción a la justicia y a un año y medio por coacciones y confirmó la obligación de abonar 150.000 euros de indemnización al propietario de la pastelería, que cerró por las movilizaciones en favor de una empleada que lo acusaba de acoso laboral.

El juzgado de Gijón que los condenó en primera instancia ordenó que se ejecutara la sentencia, de modo que ingresaron en prisión el pasado 10 de julio para cumplir la condena, aunque el día 18 de ese mismo mes se les concedió el tercer grado penitenciario hasta que este martes el Gobierno les otorgó el indulto.

En una entrevista con EFE, González, que ha hablado en nombre del grupo, ha considerado "excesiva" la calificación de coacciones graves a la actividad de los piquetes a las puertas del comercio, porque se hicieron "quince concentraciones durante tres meses".

'Las seis de La Suiza' mantienen que en su caso "se ha limitado la libertad sindical y los derechos fundamentales" y están convencidas de que al ser una sentencia ratificada por el Supremo sentará "jurisprudencia con perjuicio" para los movimientos sociales y sindicales.

"Habrá casos en los que un juez o una parte empresarial podrá echar mano de este caso para intentar que los legítimos intereses de protesta sean considerados coacciones", ha destacado González.

Además, ha afirmado que este caso si "hubiera caído en cualquier otro juzgado" penal, se habría archivado, tras indicar que el juez que ordenó ejecutar la sentencia es "conocido por aplicar penas de prisión a activistas sociales y sindicalistas".

El Consejo de Ministros aprobó el pasado martes el indulto parcial, que exonera las penas de cárcel pero mantiene las de responsabilidad civil, con indemnización de 125.000 euros al propietario de la pastelería y multas de 3.000 euros a cada uno de los condenados.

El indulto se aprobó a propuesta del Ministerio de Trabajo y Economía Social, que dirige Yolanda Díaz, quien celebró esta medida de gracia porque "nadie debe estar en prisión por defender los derechos laborales".

Héctor González ha explicado que "los informes negativos de la Judicatura" previos para la concesión de esta medida "imposibilitaron" al Gobierno aplicar un indulto total, por lo que se mantienen la indemnización y las multas, algo que "era, de alguna manera, previsible".

La campaña por el indulto fue respaldada, además de por los sindicatos, por partidos como Podemos, ERC, EH Bildu y BNG -que presentaron una iniciativa parlamentaria- y el Gobierno del Principado de Asturias.

González ha valorado la unidad sindical en el reclamo de la libertad de los integrantes del grupo y la repercusión internacional en medios de comunicación como factores que han contribuido a la concesión del indulto.

"El apoyo de organizaciones sindicales y de partidos políticos de izquierdas ha sido unánime y sin fisuras. Además de agradecimiento, sentimos orgullo de que el movimiento obrero se haya unido defendiendo que hacer sindicalismo no es delito", ha dicho.

El grupo fue, "en general, bien recibido" por los funcionarios de sistema penitenciario y por los reclusos del Centro de Integración Social, un módulo anexo a la cárcel de Asturias, aunque estar privado de la libertad "no es algo agradable".

Los peores momentos del caso fueron por lo prolongado del proceso y "en todo este tiempo la vida da muchas vueltas en ocasiones para bien y en otras no tanto", ha apuntado.

Los hechos ocurrieron entre 2015 y 2016 a raíz de que una empleada, que se encontraba embarazada, pidiera una baja laboral por riesgo de aborto tras la negativa del empleador a que se ausentara de su puesto de trabajo por sentirse indispuesta, lo que derivó en un enfrentamiento entre el propietario y su pareja.

Ella, una vez nacido el niño, contactó con el sindicato CNT para negociar un despido porque no quería volver a incorporarse por haber sido objeto de acoso laboral, pero el dueño de la pastelería no quiso negociar y los sindicalistas organizaron protestas frente al establecimiento. EFE

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