La Dirección General de Guardia Civil se persona en el caso Barbate como perjudicado por daños en bienes

La representación legal de los familiares de los dos guardias civiles fallecidos en el puerto de Barbate presentó un escrito de acusación solicitando para el piloto de la narcolancha una condena de 119 años de cárcel, así como una indemnización de dos millones y medio de euros. Este documento, que detalla los cargos atribuidos a Karim E.B., coincide con la disposición judicial de sentar en el banquillo tanto al piloto como a uno de los tripulantes, acusados de delitos de asesinato y atentado agravado contra la autoridad. La noticia central, según reportó Europa Press, radica en la aceptación por parte del Juzgado de Instrucción del Tribunal de Instancia de Barbate de la personación de la Dirección General de la Guardia Civil como acusación particular en condición de perjudicada por los daños materiales sufridos durante los hechos investigados, en particular la destrucción de una zódiac oficial de la institución.

De acuerdo con la información publicada por Europa Press, el auto judicial reconoce de manera expresa el derecho de la Guardia Civil a reclamar por las consecuencias económicas derivadas de estos daños. Sin embargo, el juzgado determina que esta personación no permite la realización de trámites procesales ya precluidos, limitando su capacidad de intervención a etapas del procedimiento que no han caducado.

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) manifestó su descontento respecto al momento en que la Dirección General de la Guardia Civil realizó esta solicitud. AUGC subrayó, en declaraciones difundidas por Europa Press, que la personación “llega más de dos años después del asesinato de David y Miguel Ángel", calificación que consideran tardía y de consecuencias jurídicas irreparables. Según su comunicado, esta incorporación impide ejercer derechos fundamentales en la búsqueda de justicia, recalcando la relevancia de actuaciones como la presentación del escrito de acusación, la proposición y práctica de pruebas, solicitud de pena o participación en el auto de hechos justiciables.

La AUGC también resaltó que la delegación institucional se limita a la defensa de bienes materiales, específicamente a la embarcación en la que iban los agentes fallecidos, aunque reconoce la necesidad de toda presencia institucional al lado de los familiares afectados. Esta asociación ha sostenido desde el inicio del proceso la acusación popular, participando en cada una de las fases procesales y acompañando a las familias de las víctimas, tal como reportó Europa Press. Añadieron que seguirán presentes en el juicio, solicitando la condena de los responsables por la muerte de los miembros de la Guardia Civil.

El caso tiene su origen en el episodio ocurrido en el puerto de Barbate, donde dos guardias civiles, David Pérez Carracedo y Miguel Ángel González Gómez, murieron al ser embestidos en seis ocasiones por una narcolancha. Según la información consignada por Europa Press, el piloto y uno de los tripulantes de la embarcación enfrentan cargos conforme a las acusaciones presentadas. El piloto está acusado de dos delitos de asesinato consumado, cuatro en grado de tentativa y seis de atentado agravado contra la autoridad, mientras que uno de los tripulantes será juzgado por seis delitos de atentado agravado, bajo el argumento de que utilizó un puntero láser para dificultar la visión de los agentes y reducir su capacidad de defensa justo antes de la colisión, aunque el juez señaló que no existen pruebas que demuestren su uso exacto en el momento del impacto.

La investigación derivó también en la detención de otros dos tripulantes de la narcolancha, quienes permanecen en libertad provisional tras abonar una fianza. Ambos serán juzgados en procesos separados por delitos de contrabando y pertenencia a grupo criminal, tal como informó Europa Press.

Los avances en la identificación de los responsables incluyeron la revisión de declaraciones de testigos y el análisis de vídeos, uno de ellos registrado por un detenido desde otra narcolancha, que capturó las embestidas a la zódiac de la Guardia Civil. La Unidad Central Operativa (UCO) elaboró un informe concluyendo que la embarcación que embistió la patrullera oficial no coincide con la incautada la mañana del 10 de febrero en La Línea de la Concepción. De acuerdo con el medio Europa Press, aunque inicialmente el piloto apodado ‘Kiko el Cabra’ figuraba entre los sospechosos, el informe excluyó su participación directa en el incidente.

Karim E.B., ciudadano marroquí, fue arrestado el 19 de septiembre de 2024, siete meses después de los hechos. Entre noviembre de 2024 y mayo de 2025, la policía detuvo a los tres tripulantes restantes. Las investigaciones y distintas declaraciones llevaron a focalizar la responsabilidad mayor en el piloto de la narcolancha, quien será juzgado por el doble asesinato, mientras que uno de sus acompañantes lo será por atentado agravado contra la autoridad y los otros dos, por delitos relacionados con el contrabando.

El pasado febrero, el juzgado ordenó que Karim E.B. y el tripulante acusado de usar el láser enfrenten un juicio con jurado popular, conforme a los delitos atribuidos y la gravedad de los hechos. La personación de la Guardia Civil como acusación se produce en el marco de una causa que ha enfrentado distintas fases, retrasos y un complejo despliegue de pruebas y diligencias, cuestión reiterada por la AUGC y recogida en diversas comunicaciones de la entidad.

La decisión del juzgado, recogida por Europa Press, fija los límites y posibilidades de intervención de la parte institucional en la fase actual del proceso, mientras que el conjunto de acusaciones y cargos refleja tanto la gravedad de los hechos como la variedad de delitos imputados a los distintos implicados en la muerte de los agentes. El proceso judicial continúa su curso con la perspectiva de un juicio en el que los responsables deberán responder ante las peticiones de condena y compensación presentadas por la acusación particular, las familias y la representación de la Guardia Civil.