El expresidente de la Diputación de Almería declarará ante el juez por el caso 'Mascarillas' el 26 de junio

La presunta participación de familiares directos en la gestión de fondos públicos, que habrían sido utilizados en la adquisición de propiedades y otros gastos privados, ha motivado el avance de la investigación judicial en torno al caso ‘Mascarillas’. Según informó Europa Press, el juez instructor Manuel Rey Bellot ha establecido un calendario de declaraciones en el que figuran el expresidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, así como sus hermanos Juan Carlos G.M. y María Rosario G.M., atendiendo a la información recabada en el informe más reciente de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Javier Aureliano García, también expresidente del Partido Popular en Almería, comparecerá el 26 de junio como parte de un proceso en el que se investiga una presunta red de alteración de contratas públicas, incluyendo la adjudicación de obras y servicios a empresas afines a cargos de la Diputación Provincial. El calendario de comparecencias, detallado por Europa Press, inicia el 28 de mayo con el exvicepresidente tercero de la Diputación, Óscar Liria, y el empresario Kilian L.S. Ambos figuran en la primera fase de la investigación, sobre la que la UCO identifica la compra de material sanitario durante el punto más crítico de la pandemia de covid-19 por valor de dos millones de euros, así como el supuesto pago de una comisión de 900.000 euros por ese contrato.

La programación de declaraciones se extiende a otros altos cargos y empresarios supuestamente implicados en la trama. El 4 de junio deberá declarar el exvicepresidente segundo Fernando Giménez, quien formó parte, junto con Liria y García, de un grupo de Whatsapp denominado ‘Naranjito’. Según la Guardia Civil, en ese chat se habrían intercambiado mensajes cifrados mediante terminología odontológica, con el fin de comentar el pago de supuestas comisiones relacionadas con contratos públicos, tal como publicó Europa Press.

Además del núcleo principal de investigados, el juez solicitó a la UCO que aportara una descripción sucinta del papel de cada uno de los 43 implicados, clasificados según la investigación en tres ejes: la adquisición supuestamente irregular de material sanitario durante 2020, posibles sobornos ligados a contratos de obras en la Diputación y una presunta circulación ilícita de grandes sumas de efectivo entre los involucrados—con García a la cabeza. En todos estos procesos, destaca la presencia de la citada sociedad familiar y el papel de Óscar Liria, señalado en varias ocasiones como intermediario en el cobro y distribución de fondos procedentes de estas supuestas comisiones, según la información recabada por la UCO y difundida por Europa Press.

El calendario de citaciones de testigos, empresarios y cargos públicos se extiende hasta finales de junio. El 5 de junio se prevé la declaración del hermano de Liria, F.J.L.S., junto a varios empresarios supuestamente vinculados con el reparto irregular de contratos. El 11 de junio se toma declaración a Rodrigo Sánchez Simón, exalcalde de Fines y tío de Liria, así como a su hijo, debido a los contratos que sus empresas mantuvieron con la Diputación. Diferentes fechas han sido asignadas hasta el 25 de junio para interrogatorios centrados en empresarios y responsables públicos que, según la investigación, podrían estar conectados con el funcionamiento de la presunta red, incluidos el concejal de Urbanismo de Olula del Río, José Sánchez; la gerente del Consorcio Almanzora-Levante-Vélez de gestión de residuos, Marta Sánchez de Puerta; y el alcalde de Tíjola y diputado provincial, Juan José Martínez.

La investigación avanza mientras el instructor analiza diversos recursos para la inclusión o exclusión de otros siete investigados en el proceso. Europa Press informó que los interrogatorios a los 43 implicados incluyen a 33 empresarios o empleados vinculados a unas 25 empresas y a 10 cargos públicos y familiares, de acuerdo con el informe de la UCO.

En el caso de los teléfonos móviles incautados a los investigados, el juez Rey Bellot determinó que las comparecencias se realicen sin esperar a la valoración final de los reportes técnicos extraídos de los dispositivos, al tiempo que deja abierta la posibilidad de nuevas citaciones a testigos, en función del desarrollo de la causa y de los posibles hallazgos adicionales.

El análisis de la UCO diferencia las tres partes clave de la trama: los procedimientos de compra de material sanitario supuestamente fraudulentos realizados durante la pandemia de 2020 por un importe global de dos millones de euros, las supuestas comisiones o ‘mordidas’ en la adjudicación de contratos de obras y los vínculos que habrían permitido el flujo de dinero en efectivo entre altos cargos y empresarios afines. La Guardia Civil detectó la existencia de una red compleja en la que el expresidente de la Diputación y su entorno más cercano habrían ejercido funciones de coordinación y recepción de fondos irregulares, en parte canalizados a través de familiares y una sociedad mercantil de la propia familia, datos que Europa Press consignó a partir del sumario judicial y los informes policiales.

Los investigadores observaron, siempre según la información difundida por Europa Press, que una parte de esos fondos se habría desviado hacia la adquisición de bienes raíces, así como al pago de gastos privados de los investigados. La supuesta participación activa de Liria, según el dictamen de la UCO, habría sido fundamental para recibir y redistribuir el dinero de las comisiones entre el resto de los actores implicados, en especial entre responsables políticos y familiares de alto rango vinculados con la Diputación almeriense. La instrucción se mantiene abierta a nuevas incorporaciones en función del análisis de los indicios y pruebas recopilados hasta la fecha.