Peinado comunica el miércoles a las partes del 'caso Begoña Gómez' su decisión de redirigir la causa a jurado popular

El juez Juan Carlos Peinado estableció como prioridad la verificación de la verosimilitud de los hechos antes de cualquier decisión definitiva sobre la apertura de juicio oral o sobreseimiento en la investigación que salpica a Begoña Gómez. En un auto notificado a las partes y desglosado por la agencia de noticias, el magistrado notificó a defensas, acusaciones y al Ministerio Fiscal que su determinación es conducir la causa hacia la celebración de un juicio con jurado popular, en caso de que llegue a esa fase, hecho que marca un nuevo giro en la instrucción y desafía el criterio de la Audiencia Provincial de Madrid.

Según consignó el medio, Peinado citó a las partes este miércoles a las 12:00 horas en el marco de la causa que investiga a Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca, intrusismo y malversación. El juez fundamentó su decisión en un auto fechado el 20 de marzo, en el cual aseguró haber identificado indicios de que los delitos atribuidos a Gómez corresponden a la competencia de un tribunal del jurado. El auto detalla que “se ha podido comprobar hasta el presente momento de la investigación la concurrencia de indicios de los elementos de los delitos que son competencia del tribunal del jurado”.

El medio informó que esta medida se produce después de que la Audiencia Provincial de Madrid anuló en febrero una decisión previa de Peinado encaminada también a un juicio con jurado popular. En esa ocasión, la Audiencia dio la razón a la defensa de Gómez, estimando un recurso que cuestionaba la pertinencia del procedimiento. Los magistrados argumentaron entonces que no existían “indicios racionales de criminalidad” suficientes para justificar la intervención de un tribunal popular, y bloquearon momentáneamente esa vía procesal.

La reciente decisión de Peinado, según reportó la agencia de noticias, contiene una serie de argumentos detallados sobre cómo, presuntamente, Gómez habría aprovechado su posición y vínculos. El juez sostiene que la imputada, dada su relación con el presidente del Gobierno, habría desplegado una “interlocución singular” tanto con autoridades universitarias como con empresas patrocinadoras y entidades del sector tecnológico, en contextos relacionados con su actividad laboral en la Universidad Complutense de Madrid. El auto recoge expresamente la afirmación de que Gómez "recababa apoyo, financiación, colaboración y respaldo institucional y empresarial" con el objetivo de crear, desarrollar y expandir una cátedra universitaria, aportando que presuntamente se habría apropiado indebidamente de la misma.

En concreto, según el relato incluido por el medio, el juez indica que el entorno institucional y la capacidad de decisión derivadas del cargo de Sánchez favorecieron la creación de una cátedra extraordinaria para ser dirigida por Gómez. Además, añade que esta circunstancia se habría utilizado para contratar a su amiga y también investigada, Cristina Álvarez, cuya función no se limitaba al ámbito protocolario, sino que la integraba en el equipo de la cátedra y en proyectos vinculados a desarrollos de software.

El auto señala, a su vez, un posible uso de la condición de esposa del presidente para escribir cartas que sugerían, directa o indirectamente, la adjudicación de concursos públicos con la finalidad de beneficiar al empresario Juan Carlos Barrabés, tercer investigado en la causa, siempre según detalló el medio.

La representación legal de Gómez respondió presentando un recurso contra la decisión de Peinado y calificando los argumentos del magistrado como “meras conjeturas”. En el escrito, divulgado por la agencia de noticias, la defensa sostiene que los datos proporcionados por el juez “no tienen la entidad” ni el valor que se les atribuye en el auto, llegando a tildar de “falaces” los elementos en los que se basa la resolución. Para la defensa, “la única conclusión que puede extraerse del auto es que se está investigando a mi representada por ser cónyuge del presidente del Gobierno”.

Según el medio, la defensa de Gómez también criticó la “redacción confusa” del auto y la ausencia de motivación suficiente, lo que, a juicio de los letrados, no permite conocer adecuadamente si el juez ha considerado el contexto mediático y el efecto de exposición pública sobre la posibilidad de un jurado imparcial, habida cuenta del impacto social y político que ha tenido el caso, así como el llamado “juicio paralelo” en medios de comunicación y foros políticos.

La actuación de Peinado llega tras varias fases de recursos y contrapuntos procesales entre el instructor, la Audiencia Provincial y la defensa de la acusada, generando un escenario donde el método de juzgamiento adquiere relevancia. Si la investigación se traduce en la apertura de un juicio abierto con jurado popular, la naturaleza pública y el escrutinio social sobre el proceso se verían multiplicados, según analiza la defensa.

El medio destacó que las acusaciones originales hacen referencia a presuntos delitos relativos a la obtención de ventajas por la utilización de la posición institucional, la gestión y administración de recursos ajenos, y la actuación en el ámbito universitario y empresarial. Por ahora, Peinado condiciona su decisión a la existencia de indicios, sin dar por sentado que el procedimiento conducirá a la celebración de juicio oral ni a su archivo, y sin descartar futuras resoluciones en función del desarrollo de la instrucción.