El Congreso convalida la ley para indemnizar a víctimas de la represión, con el voto en contra de PP y Vox

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, concretó ante representantes de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) la predisposición del Ejecutivo a prorrogar hasta el 31 de diciembre de 1983 el periodo contemplado para solicitar las compensaciones, así como a ampliar el plazo para la tramitación de las ayudas de uno a tres años y a flexibilizar los requisitos de acceso. Este acuerdo, según expuso Torres ante el Congreso, facilitaría que familias como la de Salvador Puig Antich y otras que experimentaron exclusión hasta ahora puedan encontrar reconocimiento bajo la futura norma. La medida, sin embargo, queda condicionada al curso parlamentario que debe afrontar el proyecto de ley y la correlación de apoyos políticos que determine su aprobación, según informó el medio origen.

La reforma de la Ley de Memoria Democrática fue ratificada este jueves por el Pleno del Congreso, una decisión que avala compensaciones económicas para familiares de víctimas mortales o con daños irreparables a consecuencia de acciones represivas desde el 1 de enero de 1968 hasta el 29 de diciembre de 1978. Según detalló el medio, el texto recibió el respaldo de los grupos habituales aliados del Gobierno, la abstención de Junts y el voto contrario del Partido Popular (PP), Vox y Unión del Pueblo Navarro (UPN). La norma se tramitará como proyecto de ley, lo que abre la puerta a la incorporación de nuevas demandas durante el proceso de enmiendas.

En la sesión plenaria, el ministro Ángel Víctor Torres lamentó la postura contraria del PP y de Vox. Durante sus declaraciones en los pasillos del Congreso, el titular de Memoria Democrática afirmó: "No se entiende que un demócrata no vote a favor de reconocer a quienes pelearon para recuperar la democracia". Según consignó el medio, Torres destacó que, pese a la previsión de rechazo por parte de ciertos grupos, la reforma ha salido adelante, lo que representa un avance para quienes serán reconocidos con estas compensaciones.

El medio añadió que partidos como Esquerra Republicana, Bildu, Podemos, PNV y BNG condicionaron su apoyo a futuras modificaciones en la norma, especialmente en relación al periodo de aplicación y los requisitos para acceder a las ayudas. Algunas de estas formaciones recalcaron la necesidad de ampliar el periodo cubierto hasta finales de 1983, teniendo en cuenta que la propia Ley de Memoria reconoce la existencia de vulneraciones de derechos humanos hasta esa fecha.

Por otra parte, desde Junts se manifestaron críticas respecto a la exclusión en la reforma de personas relacionadas con movimientos armados antifranquistas. El diputado Josep María Cervera calificó la decisión como un "salto hacia atrás" y planteó si una democracia puede negar reconocimiento a quienes, aunque recurrieron a vías armadas, contribuyeron a combatir la dictadura. Según publicó el medio, la norma estipula expresamente que quedan fuera de las ayudas quienes hayan pertenecido o sido familiares de miembros de agrupaciones armadas catalogadas como terroristas.

En cuanto al alcance económico de las indemnizaciones, la reforma actualiza las cantidades fijadas en la normativa anterior de 2008. El medio informó que familiares directos —como hijos, cónyuges o personas con vínculos afectivos similares, seguidos en orden por padres, nietos, hermanos e hijos en ausencia de los anteriores— podrán recibir hasta 250.000 euros en los casos de fallecimiento por represión durante el periodo señalado, siempre que no hayan sido previamente indemnizados por los mismos hechos. Para quienes resultaron con incapacidad permanente absoluta, la cuantía asciende a 180.000 euros, mientras que en situaciones de gran invalidez se establece en 500.000 euros.

El origen de este cambio radica en la derogación, en 2022, de la Ley de Memoria Histórica (2007), impulsada en su momento por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, la cual contemplaba indemnizaciones para deudos de víctimas entre 1968 y 1977. El decreto ley de 2008 precisó que quienes sufrieron lesiones incapacitantes en defensa de las libertades y derechos fundamentales podían ser indemnizados, pero la reforma de 2022 dejó fuera a quienes fueron afectados durante los últimos años del franquismo, por lo que el actual Gobierno decidió introducir una nueva disposición adicional para corregir esa exclusión y ampliar el periodo cubierto hasta la entrada en vigor de la Constitución, el 29 de diciembre de 1978.

Según indicaron fuentes parlamentarias recogidas por el medio, la tramitación del nuevo proyecto de ley contempla un plazo de dos a tres semanas para la presentación de enmiendas, aunque la experiencia con decretos convertidos en proyectos de ley durante la legislatura muestra que es posible que estos procesos de modificación se extiendan considerablemente o queden paralizados.

La ley renovada reconoce a casos emblemáticos como el de Manuel José García Caparrós, quien murió por disparos policiales durante la manifestación del 4 de diciembre de 1977 a favor del Estatuto de Autonomía de Andalucía, entre otros. Según indicó el medio, el reconocimiento oficial de estos sucesos constituye uno de los puntos de mayor simbolismo dentro del debate sobre la memoria democrática reciente.

El texto legal establece exclusiones precisas en relación con los beneficiarios: no podrán recibir indemnizaciones quienes estén relacionados, directa o familiarmente, con bandas armadas consideradas terroristas, como reiteró el medio. También se implementan criterios estrictos para evitar duplicidad en el pago de ayudas, limitando la percepción de compensaciones a casos en los que no se haya abonado anteriormente por los mismos motivos.

Distintos grupos parlamentarios enfatizaron durante el debate la relevancia de flexibilizar los requisitos de acceso a las indemnizaciones, argumentando que es necesario evitar "exclusiones injustas" que dejaron fuera a situaciones representativas de represión, según la información consignada en el medio. Entre las demandas reiteradas figura también la extensión de los plazos para la solicitud de compensaciones con el objetivo de asegurar que los afectados dispongan de suficiente tiempo y de condiciones accesibles para acogerse al nuevo marco legal.

La nueva regulación remarca la actualización de las cantidades indemnizatorias en relación con los valores vigentes desde hace más de una década. Según detalló el medio, el monto de 250.000 euros para familiares de personas fallecidas, junto con los tramos de 180.000 y 500.000 euros para distintos grados de incapacidad permanente, refleja el criterio del Gobierno de adecuar estas cifras a las "circunstancias excepcionales" en las que se produjeron las pérdidas y lesiones.

La tramitación como proyecto de ley permite la apertura del texto a enmiendas propuestas por distintos grupos, lo que podría modificar o ampliar los términos acordados inicialmente. El medio subrayó que este proceso representa una oportunidad para abordar reclamaciones históricas y puntos de conflicto que persisten en el debate sobre la memoria histórica y democrática en el país.