CCOO reclama que las mutuas se hagan cargo de todas las patologías musculoesqueléticas

Madrid, 26 mar (EFE).- CCOO ha propuesto que las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social atiendan a todos los trabajadores con patologías musculoesqueléticas bajo la presunción de accidente laboral o enfermedad derivada del trabajo, aunque tendrían que ser compensadas si finalmente alguno de los procesos corresponde a contingencia común.

El secretario de Protección Social y Políticas Públicas de CCOO, Carlos Bravo, y el secretario de Salud Laboral y Medio Ambiente, Mariano Sanz, han presentado este jueves en rueda de prensa un informe sobre incapacidad laboral por contingencias comunes (enfermedad común).

En el documento se reclama un mayor uso de los "recursos ociosos" de las mutuas colaboradoras y se plantea su "publificación".

Bravo ha rechazado hablar de nacionalización, porque se trata de entidades que ya están bajo la tutela de la Seguridad Social y que se financian "única y exclusivamente con las cotizaciones sociales", aunque de base sigan siendo asociaciones de empresarios, lo que lleva a la patronal a "considerarlas suyas".

Por ello, y para que las mutuas no miren preferentemente por las empresas, CCOO propone convertirlas en entidades gestoras de la Seguridad Social, garantizando a sus trabajadores todos los derechos y garantías.

Solo así se podría pensar en que las mutuas se hagan cargo de bajas y altas en caso de enfermedad común, una reclamación histórica del mutualismo empresarial, que CCOO defiende que únicamente podrían asumir estando integradas en el ámbito publico, para evitar conflictos de interés.

Mientras tanto, Bravo ha urgido a mutuas y comunidades autónomas a que suscriban convenios para que en el marco de procesos traumatológicos se puedan realizar en las mutuas las pruebas diagnósticas que en la sanidad pública tienen una mayor espera.

Esta medida fue pactada por las organizaciones empresariales y sindicales en el V Acuerdo de promoción del Empleo y Negociación Colectiva (AENC), pero solo se ha concretado en tres comunidades autónomas (Baleares, Asturias y Cataluña) y están a punto de hacerlo en otras tres (Castilla-La Mancha, Cantabria y Navarra).

El informe también habla de reforzar la dotación de médicos inspectores del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), la atención primaria y los servicios de salud mental.

También de establecer criterios para el diagnóstico de las enfermedades profesionales, previo registro de las empresas que trabajan con cancerígenos y de las personas trabajadoras expuestas a ellos.

El análisis de CCOO de los datos de incapacidad temporal (IT) no constata que exista una situación de abuso generalizado o fraude de ningún colectivo específico, sexo, dolencia, sector de actividad o ámbito territorial.

Desde 2007 a 2021, el gasto público en IT ha pasado de 7.254 a 16.464 millones, 9.210 millones más, de los que dos tercios se explican por la evolución de la actividad económica y el empleo, junto al envejecimiento de la población trabajadora; en tanto que otro tercio es atribuible a causas objetivas relacionadas con la salud.

La capacidad de respuesta del Servicio Nacional de Salud en lo que se refiere a listas de espera explica también una parte de las IT, que, en los casos de bajas superiores a quince días, responden mayoritariamente a procesos osteomusculares.

CCOO denuncia que el coste empresarial de las bajas es relevante (4.613 millones en 2024 según el Banco de España), pero está lejos de las cifras que ofrecen las organizaciones empresariales, "mostrando una clara desproporción que no parece casual ni inocente".

Tampoco ve inocente que los empresarios hablen de absentismo para cualquier ausencia, aunque esta suponga el ejercicio de un derecho como las vacaciones o la maternidad, cuando el término solo debería utilizarse cuando no hay una causa justificada. EFE