Begoña Gómez recurre la decisión del juez Peinado de orientar la causa a un jurado popular con "meras conjeturas"

La defensa de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, sostiene que la investigación en su contra carece de una justificación legal fundada y que deriva de hipótesis no respaldadas por pruebas concluyentes, según el recurso presentado ante la autoridad judicial. Tal como informó Europa Press, el equipo legal de Gómez solicita anular la resolución dictada el 20 de marzo por el juez Juan Carlos Peinado, la cual contemplaba que, en caso de apertura de juicio, la causa fuera dirimida por un jurado popular y unificaba las dos piezas en las que se investiga a Gómez por posibles delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca, intrusismo y malversación.

De acuerdo con el escrito, el auto firmado por el magistrado Peinado apoya sus conclusiones únicamente en “meras conjeturas”. Los abogados de la acusada impugnan los argumentos presentados por el instructor, calificando de “falaces” algunos de los datos y cuestionando que otros no poseen ni la entidad ni el peso que el juez les atribuye. Según destacaron en el recurso recogido por Europa Press, en el auto recurrido tampoco se justifica de manera adecuada la conveniencia o legalidad de optar por un tribunal compuesto por ciudadanos para conocer de los hechos.

Europa Press detalló que la defensa de Gómez hace notar que la atribución de la causa a un jurado popular exige una justificación específica, que, en su opinión, falta por completo en la resolución ahora cuestionada. Añaden que la falta de una motivación adecuada genera dudas sobre si el juez instructor evaluó los efectos que la amplia cobertura mediática y la exposición pública del caso podrían tener en el derecho a un juez imparcial para la acusada, planteando el riesgo de un “juicio paralelo” derivado de la actuación de medios de comunicación y el debate político.

El medio Europa Press especificó que la defensa también critica el modo en que está redactado el auto, al que califica de “confuso”, y recalca la ausencia total de rigor en la fundamentación jurídica, lo cual, afirman, debe llevar a la nulidad del auto. El escrito sostiene que la instrucción de la causa parece enfocarse en Begoña Gómez principalmente por su condición de cónyuge del presidente del Gobierno.

Además, la Audiencia Provincial de Madrid intervino previamente en este proceso. En febrero, los magistrados frenaron la pretensión del juez instructor de remitir la investigación a un jurado popular, después de aceptar un recurso presentado por la defensa de Gómez. Como base de su decisión, los magistrados señalaron que no se apreciaban “indicios racionales de criminalidad” para justificar esa vía procesal. Europa Press puntualizó que este pronunciamiento de la Audiencia Provincial impidió la progresión inmediata del procedimiento en la forma avalada por Peinado.

Conforme detalla Europa Press, en el auto del pasado 20 de marzo también se dispuso citar para el 1 de abril a los investigados —Begoña Gómez, su asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés— junto a la Fiscalía y las distintas acusaciones para la notificación formal de la resolución. La defensa de Gómez, en el alegato presentado, insta a que estas actuaciones se revocaran, alegando carencias sustanciales tanto en la valoración de las pruebas como en la motivación legal de las decisiones adoptadas por el instructor.

Al integrar las dos piezas que conforman la investigación y plantear como opción el juicio con jurado popular, el juez Peinado justificó en su auto la idoneidad de esta vía, según interpretó la defensa de Gómez, recurriendo a argumentos reiterativos y carentes de fundamento específico. El equipo legal remarca que la resolución ni entra a valorar la repercusión de la publicidad mediática en la imparcialidad de un eventual jurado ni argumenta cómo se protegen los derechos de la investigada ante el contexto excepcional del caso.

La causa judicial contra Begoña Gómez se centra en delitos como tráfico de influencias y corrupción, entre otros. Las decisiones del juez instructor y la respuesta legal de la defensa han generado un extenso debate sobre el peso de las pruebas y la objetividad del proceso, en medio de una atención mediática constante y un entorno político especialmente sensible, según consignó Europa Press.

Recurrentemente, la defensa insiste en que el núcleo de la investigación responde más a la condición familiar de la acusada que a elementos objetivos de criminalidad, poniendo en duda el equilibrio procesal y subrayando la importancia de garantías jurídicas en causas de alto impacto público, como recoge el análisis de Europa Press sobre el escrito judicial presentado por el equipo de Gómez.