El Defensor destaca problemas de personas mayores con trámites por la muerte de familiares

Madrid, 24 mar (EFE).- El Defensor del Pueblo ha destacado los problemas que tienen las personas mayores con los trámites cuando fallece un familiar, que han sido trasladados por varios ciudadanos a la institución, así como quejas por actuaciones y automatismos que impiden un trato adecuado en la Justicia.

En el balance de la institución sobre las actuaciones en 2025, el defensor ha recibido quejas de personas mayores respecto a los trámites ante las Administraciones públicas y también ante determinadas entidades privadas, como los bancos, las aseguradoras o las empresas de suministro de servicios.

El defensor señala que "una parte relevante de la población" no conoce los trámites precisos tras el deceso de un familiar, por lo que insta a proporcionar información a través de actuaciones de difusión en los entornos más cercanos al colectivo de personas mayores, como bibliotecas públicas, centros de mayores o en la web de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales.

Además, otra queja muy frecuente es la demora de la Administración en proporcionar el certificado de últimas voluntades, frente a la exigencia de presentar la liquidación tributaria oportuna en el plazo de seis meses desde el fallecimiento, añade.

Durante 2025, siguió atendiendo quejas en relación con la calidad de las prestaciones y servicios sociales destinados a atender a las personas mayores en sus domicilios.

El Defensor del Pueblo alerta sobre las alteraciones que provocan en los usuarios los cambios en la entidad empresarial adjudicataria, o los conflictos ocasionados por las precarias condiciones laborales en que desempeña su labor el personal de ayuda a domicilio.

En relación con el funcionamiento de las residencias, acudieron a la institución familiares y usuarios, poniendo de manifiesto su inquietud por la pérdida de calidad en los servicios que se ofrecen en algunos centros, como la escasez de personal de atención directa o la mala calidad de la alimentación.

En otros casos, las quejas se refirieron a cuestiones de mayor gravedad, relativas a los cuidados sanitarios que son prestados en los propios centros, o a una insuficiente coordinación con el sistema de salud, muy especialmente en la fase de final de la vida.

El Defensor del Pueblo ha registrado casi 1.300 quejas individuales de personas que habían solicitado la valoración de su grado de discapacidad sin recibir respuesta. En la gran mayoría de casos ya se había superado, incluso muy ampliamente, el plazo máximo de seis meses que contempla la vigente normativa básica estatal.

Como resultado de la tramitación de esas quejas individuales, la institución ha formulado hasta en 104 ocasiones un Recordatorio del deber legal de resolver los expedientes en tiempo y forma y el deber de articular los medios precisos para solventar la situación, destaca la institución. EFE