La exjefa de ETA Soledad Iparraguirre 'Anboto' podrá salir de prisión entre semana a partir del lunes

Soledad Iparragirre, conocida por su vinculación histórica con ETA y por haber sido una de las voces que, junto a Josu Urrutikoetxea, anunció la disolución de la organización armada en 2018, accede a un régimen penitenciario flexible que le permitirá salir de prisión durante los días laborables a partir del próximo lunes. Esta medida, aprobada por el Departamento de Justicia del Gobierno vasco y confirmada por fuentes de la Consejería a Europa Press, contempla que la exjefa de ETA permanezca en régimen de segundo grado, sin que se le haya concedido el tercer grado penitenciario, pero podrá abandonar el centro penitenciario entre semana al amparo del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, siempre que el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional ratifique la autorización.

Según consignó Europa Press, la flexibilización concedida a Iparragirre replica la aplicada en febrero al exjefe de la banda Garikoitz Aspiazu Rubina, alias ‘Txeroki’. En ese caso, el interno sale de la prisión de Martutene, en San Sebastián, cada día entre semana, pero debe regresar para dormir y permanece en el centro los fines de semana. En ambos procesos, la Junta de Tratamiento del centro penitenciario propone la medida, que busca favorecer la resocialización de los internos a través del desempeño de actividades laborales o de voluntariado fuera del centro. La legislación vigente exige, para la concesión de este régimen, que el recluso cuente con un plan de ejecución detallando sus actividades externas y que la medida reciba la autorización del tribunal sentenciador.

La aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario supone una flexibilización del régimen para internos que se mantienen en segundo grado, lo que permite adelantar la posibilidad de salir del centro para trabajar o realizar labores formativas, sin que se modifique su calificación penitenciaria. En el caso de Iparragirre, su salida queda supeditada a que el órgano judicial correspondiente le otorgue el visto bueno final a la propuesta impulsada por el Gobierno vasco, detalló Europa Press.

Iparragirre nació en Escoriatza, Guipúzcoa, en 1961 y cuenta con una trayectoria prolongada en la militancia armada. Según informó Europa Press, se integró en ETA en 1981 y participó en los comandos Araba y Madrid durante las décadas de 1980 y 1990. Posteriormente se trasladó a Francia, donde fue arrestada y pasó cerca de dos décadas en prisión antes de ser entregada a las autoridades españolas en 2019. Tras su regreso a España, debía hacer frente a una serie de procedimientos pendientes, con el primero de los doce juicios celebrados en julio de 2020.

Entre las principales sentencias en su contra figura la condena de 122 años de prisión dictada en 2020 por su implicación en el atentado que en diciembre de 1995 costó la vida al comandante del Ejército de Tierra Luciano Cortizo. Además, en 2021 aceptó una pena adicional de 15 años por haber planeado un intento de atentado contra el entonces rey Juan Carlos I en el contexto de una visita al Museo Guggenheim en 1997. Europa Press detalló que los cargos contra Iparragirre incluyen también el suministro de explosivos para un ataque a una comisaría de Policía en Oviedo en julio de 1997, así como acusaciones relacionadas con la entrega de armas y la autoría o conspiración en homicidios como el de dos agentes en Vitoria en 1987 y el del cartero Estanislao Galíndez en 1985.

Según publicó Europa Press, la medida penitenciaria que ahora beneficia a Iparragirre tiene como finalidad contribuir al proceso de reinserción social de las personas privadas de libertad. El artículo 100.2 de la normativa penitenciaria fue aplicado previamente a otros internos con antecedentes similares, bajo estrictos requisitos de control y supervisión. El plan de ejecución presentado por cada interno constituye una condición indispensable y debe especificar las tareas que se realizarán fuera del establecimiento penitenciario, así como los horarios de salida y reingreso.

El medio Europa Press señaló que, en el supuesto de que el Tribunal de Vigilancia Penitenciaria deniegue la solicitud, la flexibilización acordada por la Junta de Tratamiento y el Gobierno vasco quedaría automáticamente sin efecto. Esta doble exigencia administrativa y judicial responde a la naturaleza de los delitos juzgados, que requieren la intervención última del tribunal sentenciador en las concesiones que modifican la vida penitenciaria de los condenados.

A lo largo de su recorrido judicial en España, Iparragirre ha enfrentado acciones legales que comprenden desde homicidios dolosos hasta la preparación y suministro de medios para la comisión de atentados. Además de los casos ya mencionados, las acusaciones incluyen la supuesta facilitación de armas para un ataque contra la oficina del Documento Nacional de Identidad en Bilbao en enero de 1995, que dejó un fallecido y un herido de gravedad, según documentación recogida por Europa Press.

Iparragirre asumió un papel destacado en la estructura de ETA, con responsabilidades operativas que la situaron al frente del aparato militar durante varios años. Su vinculación a distintos comandos y su participación en la estructura directiva de la organización le conllevó una de las trayectorias penales más extensas entre los miembros de ETA, con condenas que suman más de 280 años, de acuerdo con los datos facilitados por Europa Press.

El episodio más reciente de su avance en el régimen penitenciario se enmarca en el contexto de otros casos similares autorizados por el Gobierno vasco y supervisados por la Audiencia Nacional. Europa Press ha reportado que este tipo de medidas se integran en la política penitenciaria impulsada tras la transferencia de competencias de prisiones y están orientadas a favorecer itinerarios de reintegración, sin reconocimiento del tercer grado para los presos beneficiados, quienes siguen sujetos a restricciones propias del segundo grado.