Bildu critica la rebaja generalizada de impuestos porque hará incrementar los beneficios de petroleras y energéticas

Durante la anterior crisis derivada del conflicto en Ucrania, los sectores de la izquierda abertzale identificaron que las grandes compañías energéticas y petroleras obtuvieron incrementos históricos en sus beneficios como efecto indirecto de las medidas fiscales aplicadas entonces. Bajo esa experiencia, la reciente rebaja generalizada del IVA sobre energía y combustibles, acordada el viernes mediante decreto anticrisis, ha generado críticas por parte de EH Bildu. Según informó el medio, la formación alerta de que la disposición solo contribuiría a aumentar las ganancias de las principales corporaciones del sector, sin ofrecer una contención real en los precios pagados por los consumidores.

Tal como publicó el medio, el Gobierno liderado por Pedro Sánchez anunció la reducción del IVA aplicado a electricidad, gas, gasolina y gasóleo hasta el 10%. Esta decisión, adoptada por el Consejo de Ministros en sesión extraordinaria, se enmarca en la respuesta estatal ante los efectos económicos que produce el conflicto en Irán en los mercados internacionales de la energía. Sin embargo, de acuerdo con la información remitida por Bildu, la formación nacionalista vasca sostiene que la rebaja fiscal quedará absorbida por las propias empresas energéticas a través de ajustes en los precios, y que la ausencia de mecanismos de control de tarifas facilitaría situaciones de especulación.

El medio detalló además que Bildu subraya que “no deben repetirse recetas que ya se han demostrado fallidas”. En este sentido, advierte sobre el riesgo de reproducir el patrón que se observó durante el anterior conflicto bélico, donde, sin un tope a los incrementos tarifarios, las compañías lograron beneficios calificados de extraordinarios. La postura de la formación incide en la necesidad de implementar intervenciones adicionales, centradas en la regulación de precios y la limitación de los márgenes empresariales para evitar que la reducción de impuestos se convierta exclusivamente en una transferencia de recursos hacia las petroleras y eléctricas.

Aun así, EH Bildu reconoce haber conseguido introducir en el paquete de medidas anticrisis tres propuestas clave orientadas a la protección de los sectores más vulnerables. Como recogió el medio, el decreto incorpora una ampliación de los sistemas de bono social eléctrico y térmico, que extienden el apoyo a las personas en situación de vulnerabilidad energética. También se incluye la prohibición de cortar suministros básicos a los hogares que así lo requieran, y un mecanismo específico de ayuda a la industria electrointensiva, destinada a atenuar el impacto de los elevados costes energéticos en aquel sector.

Pese a estos avances, representantes de la coalición vasca consideran que las medidas todavía resultan insuficientes para enfrentar la magnitud de la crisis. Según reportó el medio, Bildu mantiene su compromiso de impulsar nuevas propuestas con el objetivo de fortalecer un “escudo social y económico” dirigido a proteger tanto a la mayoría trabajadora como a los sectores industriales y sociales más perjudicados por la actual coyuntura. Entre estas demandas, la formación defiende la necesidad de adoptar nuevas herramientas de protección social y residencial, como la extensión de los contratos de alquiler y de las cuotas hipotecarias variables, para evitar que el aumento de los costes recaiga sobre los ciudadanos.

La plataforma abertzale insiste en que solamente la articulación de mecanismos de límites a los precios y a los beneficios empresariales podrá garantizar que la rebaja del IVA tenga repercusión efectiva en el bienestar de la población. También pone el acento en la urgencia de impulsar la transición energética hacia fuentes renovables y en la elaboración de una política fiscal “justa”, capaz de obligar a las grandes compañías del sector a aportar en mayor medida al sostenimiento del esfuerzo colectivo frente a la crisis, según expuso el medio.

Las propuestas respaldadas por Bildu pretenden fortalecer el papel del Estado en la defensa del interés social ante los efectos de la volatilidad internacional del mercado energético. Estas iniciativas buscan evitar desprotecciones similares a las registradas en escenarios previos donde, según recordó la formación, el diseño de políticas públicas permitió exuberantes beneficios a las grandes empresas mientras numerosos sectores sociales e industriales afrontaban dificultades económicas. La coalición seguirá promoviendo una reforma estructural de los mecanismos de intervención pública en el sector energético, como señala el medio, e insta a profundizar en todas las acciones que permitan redistribuir de forma equitativa los impactos de la crisis.