Barcelona, 19 mar (EFE).- Un juez de Barcelona ha acordado remitir al Gobierno un suplicatorio para que desclasifique información y documentos del CNI declarados secretos o reservados sobre el supuesto espionaje político a exdiputados de la CUP con el programa Pegasus que puedan afectar a la declaración testifical de la directora de este organismo.
El pasado 16 de marzo, el abogado Benet Salellas, que representa a los exdiputados de la CUP Carles Riera, Albert Botran y David Fernàndez, presentó un escrito ante la plaza número 32 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Barcelona, que instruye la causa por el presunto espionaje político con el programa malicioso Pegasus a exdiputados y diputados de esta formación.
En el escrito, Salellas instaba al tribunal a pedir la "desclasificación de los documentos del CNI con relación a las intervenciones telefónicas que sufrieron el ex secretario tercero de la Mesa del Parlamento de Cataluña Carles Riera y los exdiputados Albert Botran y David Fernàndez", en 2019 y 2020.
En una interlocutoria, el magistrado Jose Antonio Cruz de Pablo ha acordado remitir un suplicatorio al Consejo de Ministros a través del ministro de la Presidencia para que se proceda a la desclasificación de los "asuntos, actos, documentos, informaciones, datos y objetos, declarados secretos o reservados" que pudieran "verse afectados" por la declaración testifical de la directora del CNI, que todavía no ha sido citada a declarar en esta causa.
El juez razona que "resulta imprescindible interesar que por el Consejo de Ministros se proceda a la desclasificación" de estos documentos e informaciones, a fin de posibilitar que dicha testigo declare acerca de tales extremos que se están investigando.
En otra interlocutoria, el mismo magistrado ha acordado emitir una Orden Europea de Investigación (OEI) a las autoridades competentes de Luxemburgo para que se identifiquen las cuentas bancarias a nombre de las mercantiles investigadas en la causa: OSY TECHNOLOGIES SARL, como propietaria de las empresas NSO Group y Q CYBER TECHNOLOGIES LIMITES.
Una vez conocidas las cuentas bancarias, el magistrado solicita que se requiera e interese de las entidades bancarias con domicilio en Luxemburgo, copia del extracto de todos los movimientos bancarios realizados en el periodo entre 2016-2022, a efectos de poder identificar, si es posible, posibles pagadores españoles del citado programa espía Pegasus.
El grupo NSO con sede en Luxemburgo fue el que desarrolló e introdujo el programa malicioso en Europa.
En su querella ante la justicia por el presunto espionaje con el software malicioso Pegasus, los tres exdiputados de la CUP habían solicitado también al juez que pidiera información sobre estas mercantiles, aduciendo que "serían responsables de la confección y comercialización de dicho programa orientado al espionaje, existiendo indicios de que por parte de NSO asistiría directamente a los usuarios de su programa Pegasus con servidores específicos bajo su control".
En la interlocutoria, el magistrado interesa esta información a Luxemburgo ya que los hechos podrían ser constitutivos de un delito de descubrimiento o revelación de secretos por el supuesto espionaje a los tres exdiputados entre abril de 2019 y junio de 2020.
"Para poder seguir avanzando en esta vía de investigación, encaminada a identificar a quien recibe el dinero procedente de la adquisición de dichos programas informáticos de 'spyware' de parte de organismos o cuando menos pagadores españoles, se hace necesario recabar el auxilio de las autoridades de Luxemburgo donde radica el domicilio social de las citadas mercantiles", subraya el juez. EFE
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