Víctimas de la dana ven "ineludible" imputar a Mazón pero piden al TSJCV que la causa se quede en Catarroja

La responsabilidad penal de Carlos Mazón, expresidente de la Generalitat Valenciana y actual diputado regional, por la gestión de la riada del 29 de octubre de 2024 constituye el foco del reciente escrito de la Associació Víctimes de la dana 29 de octubre de 2024. Según informó Europa Press, la asociación reclamó que el procedimiento penal continúe en el Juzgado de Catarroja, rechazando el aforamiento que corresponde a Mazón por su condición parlamentaria. El colectivo sostiene que Mazón debe ser investigado por la presunta negligencia durante la emergencia climática que provocó la muerte de 230 personas, atribuyendo la gravedad de los hechos a la supuesta omisión de funciones del entonces presidente.

De acuerdo con el escrito al que ha accedido Europa Press, el colectivo de víctimas calificó de “ineludible” la comparecencia de Mazón como investigado, solicitando al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que declare la falta de competencia objetiva de la Sala en virtud del fuero especial y mantenga la causa en el Juzgado de Instrucción de Catarroja, Sección 3. Según el argumento de la asociación, la jueza de Catarroja, tras una larga investigación, cuenta con un conocimiento exhaustivo del caso y ha identificado indicios de responsabilidad penal en el accionar del exmandatario.

La exposición remitida por la magistrada de Catarroja a la Sala del TSJCV es descrita por la asociación como jurídicamente sólida, sin margen de duda sobre la implicación de Mazón en los hechos. En este documento se determina un nexo causal entre la ausencia de acciones preventivas por parte del expresidente y las muertes derivadas de la catástrofe. “Estas personas no murieron por la Depresión Aislada en Niveles Altos. No murieron por las consecuencias de un fenómeno meteorológico, murieron por la nefasta y negligente gestión de una emergencia climática. Por una abrumadora y total dejación de las funciones del presidente de la Generalitat Valenciana en la coordinación y toma de decisión de medidas para proteger a la población. Todas muertes evitables”, indica el escrito citado por Europa Press.

La asociación específica que las víctimas no recibieron ningún aviso de autoprotección ni medidas específicas para su protección. Se recalca que las personas fallecieron en sus hogares, calles, lugares de trabajo y espacios considerados seguros, confiando en que las autoridades actuarían en resguardo de la población ante la emergencia, según publicó Europa Press. El escrito recoge también relatos de las víctimas: “Llegó de repente un tsunami de lodo que superó los techos de las plantas bajas, atrapando a las personas sin capacidad alguna de respuesta. No necesitaban de medios extraordinarios y complejos para salvar su vida. No necesitaban un ejército especial, ni modernos dispositivos materiales. Tan sólo un correcto aviso a tiempo”.

Millares de fallecimientos podrían haberse evitado, según los denunciantes, si Mazón hubiera asumido personalmente la dirección de la emergencia y liderado la coordinación de la respuesta institucional. El colectivo sostiene que el entonces presidente de la Generalitat Valenciana permaneció ajeno al desarrollo de la situación, tal como evidencian su agenda pública y la inacción de las Consellerias implicadas. Europa Press consignó que la única intervención fue la tardía llegada de Mazón al Cecopi, después de las 20:00 h, cuando ya se habían producido todas las muertes y la reunión del Centro de Coordinación de Emergencias se había convocado con retraso.

En el escrito remitido al TSJCV, la acusación particular denuncia que el único aviso masivo, el Es Alert, fue emitido de manera tardía y, además, contenía datos incorrectos, lo cual restó efectividad a la posible respuesta de la ciudadanía. “Es difícil para la mente humana imaginar un caso que pueda superar esta grosera negligencia de carácter penal”, manifestaron los reclamantes en su presentación, reportó Europa Press.

El colectivo de víctimas dedicó comentarios extensos a la cuestión de competencia judicial. La asociación argumentó, según el medio Europa Press, que el aforamiento contradice los principios constitucionales de igualdad procesal, tutela judicial efectiva, derecho al juez predeterminado por Ley y al derecho a la doble instancia. El escrito subraya que la razón por la que la causa se presenta ante el TSJCV deriva únicamente de la condición de aforado de Mazón, quien habría evitado comparecer ante la instructora de Catarroja en tres ocasiones. Para las víctimas, esto evidencia un interés por mantener el proceso en el tribunal superior en lugar de ante la jueza que investigó exhaustivamente los hechos.

La acusación particular resaltó que la jueza de Catarroja ha desempeñado durante más de un año las labores de instrucción, investigación y recopilación de testimonios de afectados y testigos, afirmando que nadie posee mayor conocimiento sobre el caso que esa magistrada. También acusan a Mazón de rehuir una comparecencia ante una juez “objetiva e imparcial”, concluyendo que los indicios de responsabilidad penal están fundamentados en la “absoluta negligencia en la coordinación y gestión de la emergencia” por parte del presidente de la Generalitat Valenciana.

Europa Press detalló que la asociación solicita ante el tribunal que sea la magistrada-juez Nuria Ruiz Tobarra, titular del Juzgado número 3 de Catarroja, quien instruya la causa. El colectivo defendió además que el fuero por aforamiento debe aplicarse sólo a los presuntos delitos vinculados a la actividad parlamentaria de Mazón, no a los hechos atribuidos a su etapa como presidente de la Generalitat y del Consell. Indicaron que la omisión de funciones y obligaciones señalada como delictiva guarda relación exclusiva con el periodo en que Mazón presidía el gobierno regional, función que ya no desempeña.

La petición depositada ante el TSJCV plantea dos escenarios: que el tribunal declare su falta de competencia y permita que la causa siga en Catarroja, o, de forma subsidiaria, acepte investigar a Mazón pero sobre la base de la instrucción remitida por la jueza original. En cualquiera de ambos casos, la acusación formal solicita el inicio de procedimiento penal contra el exmandatario por presuntos delitos de homicidio y lesiones causados por imprudencia grave, según consignó Europa Press.

El argumento final de la asociación, difundido por Europa Press, sostiene que la condición de aforado de Mazón deriva únicamente de su rol actual como diputado por Alicante y no cubre los hechos investigados, relativos al cargo que ocupó como presidente del Consell. De este modo, el colectivo afirmó que la singularidad del caso permite una interpretación restrictiva del aforamiento, abriendo la posibilidad de que el proceso se sustancie ante el juez natural predeterminado por la Ley.