Móstoles, 9 mar (EFE).- La querella presentada por una exconcejala del PP contra el alcalde de Móstoles, Manuel Bautista (PP), por un presunto acoso laboral y sexual, ha recaído en la plaza número 2 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Móstoles, que carece de juez titular.
Según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el 12 de febrero de 2026 el acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se convoca concurso para la provisión de esta plaza vacante, entre otras.
Las mismas fuentes han detallado que mientras se resuelve el concurso, un proceso que puede prolongarse dos o tres meses, se hace cargo de sus asuntos la plaza número 1 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Móstoles, cuya titular es la magistrada Eloísa Márquez de Prado.
Si el proceso de cobertura de la plaza se alarga más lo de previsto, por acuerdo del decano del partido judicial de Móstoles, se puede resolver con una sustitución temporal o con una rotación de jueces de las diferentes Secciones de Instrucción, según el TSJM.
La exconcejala de Móstoles que denunció internamente al alcalde acabó presentando el 17 de febrero pasado una querella por un presunto acoso sexual y acoso laboral, además de los delitos contra la integridad moral, lesiones, coacciones y revelación de secretos.
Su abogado, el letrado Antonio Suárez-Valdés, ha confirmado a EFE que la querella se dirige, además de contra el alcalde, contra el PP como persona jurídica, en aplicación de los artículos 184.5 y 31bis del Código Penal.
Según el letrado, "la omisión primero y el fracaso después de los mecanismos internos de protección de la víctima y la ausencia de respuesta institucional por parte del Partido Popular, han obligado a nuestra representada a buscar amparo directo en la vía penal, que intentó evitar inicialmente".
De esta manera, la querella se sustenta en "un nutrido soporte probatorio", con el que se pretenderá acreditar "la existencia, primero, de la presunta solicitud de favores de tipo sexual a la víctima por parte del querellado, con la que este pretendía tener una relación de tipo personal", según ha explicado Suárez-Valdés.
Además, tratará de acreditar en segundo lugar que, "ante el rechazo de esta", se desarrolló "un presunto patrón sistemático de hostigamiento y abuso de superioridad jerárquica, con el presunto objetivo de aislar e invisibilizar profesionalmente a nuestra defendida" hasta que esta presentó su dimisión en 2024.
Por otro lado, la querella se dirige también contra el PP como persona jurídica ante "la omisión primero y el fracaso después de los mecanismos internos de protección de la víctima y la ausencia de respuesta institucional por parte del Partido Popular".
Por este motivo, pedirá que declaren como testigos, entre otras personas, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano; y la vicesecretaria de organización del PP madrileño, Ana Millán; en respuesta al papel que desempeñaron en el manejo interno del caso.
El abogado asegura además que "la ausencia de adecuada implantación de los protocolos de protección frente al acoso por parte de esas personas jurídicas puede generar su responsabilidad penal directa por los hechos acaecidos en el seno de sus organizaciones, según tipifica nuestro código penal".
Por último, la querella también recoge la difusión de los correos electrónicos intercambiados por la exedil con la Comunidad de Madrid, que se enviaron a varios medios de comunicación e incluso su identidad apareció en uno de ellos, algo que según el abogado Suárez Valdés "podrían tipificarse como delitos de revelación de secretos". EFE
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