El instructor del caso 'Ignis': "El cambiazo de ataúdes no pudo hacerlo una persona y precisaba de infraestructura"

Entre los elementos recopilados durante los registros domiciliarios, los investigadores hallaron documentación que incluía veintiséis libretas, archivos con certificados de defunción, fotografías de ataúdes y cadáveres, así como soportes digitales y material fotográfico aún sin revelar. Junto a este cúmulo de pruebas, la Policía documentó hasta 5.984 supuestos cambios de ataúd y la reutilización de más de novecientos motivos florales dentro de la Funeraria El Salvador de Valladolid. El caso se extiende entre 1995 y 2015 y sitúa en el centro de la trama a Justo Martín Garrido, empleado fallecido, cuya recopilación sistemática de evidencias supone la principal prueba contra veintitrés personas que actualmente se encuentran en el banquillo de los acusados.

Tal como publicó Europa Press, el instructor del denominado 'Caso Ignis', jefe del Grupo de Homicidios en Valladolid, compareció en la Audiencia de Valladolid en el comienzo de la fase de declaraciones testificales, en un proceso que prevé la intervención de más de doscientos testigos hasta junio. Aseguró que la manipulación y sustitución de féretros en la funeraria no pudo realizarse por una única persona ni sin la intervención de una infraestructura material y la concertación de varios trabajadores. Según expuso el funcionario policial, resultó imprescindible la colaboración de otros empleados del grupo funerario para llevar a cabo la operativa durante esos veinte años.

Europa Press detalló que la investigación policial se inició después de que el gerente del grupo, Ignacio Morchón Vaquero, denunciara a Martín Garrido por extorsión en agosto de 2017. Morchón y su abogado presentaron dos cartas manuscritas enviadas por Martín al padre del gerente, en las que amenazaba con revelar información relacionada con los actos irregulares cometidos en la empresa durante dos décadas, buscando presionar para mejorar su base de cotización y obtener así una jubilación más favorable. Durante la posterior detención y registro de la vivienda de Martín, los agentes incautaron un tercer manuscrito junto con el resto de documentos. Según explicó el instructor, “el material representa la base de la extorsión y ya entonces tuvimos claro de que estábamos ante otro tipo de hechos en los que el propio Justo Martín había tenido participación, como él mismo reconoció”.

En el desarrollo de la investigación, la policía verificó los procedimientos que supuestamente se emplearon en la funeraria. Según consignó Europa Press, los fallecidos eran trasladados desde el tanatorio de Valladolid al cementerio de Santovenia, donde se producía el cambio del ataúd original por otro de coste mucho menor o incluso por una estructura rudimentaria, como un palé, antes de proceder a la cremación. Las entrevistas realizadas por los agentes a familiares de los afectados reflejaron que estos pensaron en todo momento que la incineración se realizaba en el propio tanatorio, sin la posibilidad de presenciarla, y reconocieron a sus allegados en fotografías en féretros distintos a los contratados. El instructor añadió que, a partir del año 2000, la práctica se extendió también a los servicios infantiles.

De acuerdo con la declaración del funcionario policial recogida por Europa Press, la operativa era “imposible” de ejecutar por una sola persona, tanto por la logística del traslado y manipulación de féretros como por la necesidad de acceder a distintos espacios y recursos del grupo funerario. “Son tareas en las que se coloca a pulso la caja, no estamos hablando de un pendrive, y esa tarea es imposible que la haga una sola persona”, afirmó el agente, señalando que Justo Martín requirió necesariamente la ayuda de otros compañeros.

La policía también detectó, según publicó Europa Press, una diferencia significativa entre el número de ataúdes adquiridos oficialmente por la funeraria y la cantidad necesaria según los servicios realizados. Esta disparidad apunta a la existencia de operaciones ficticias para justificar la compra de material, operación en la que, según la investigación, habría participado la empresa familiar Senovilla, responsable del suministro de féretros y actualmente involucrada en el proceso judicial como parte encausada.

Durante la investigación, la intervención de las comunicaciones de los principales sospechosos aportó información relevante. El instructor justificó la medida ante la necesidad de monitorear a los implicados y evitar posibles filtraciones. En una de las conversaciones interceptadas tras el estallido del caso en enero de 2019, un integrante de la familia Morchón reflejó la gravedad de la situación con la frase “¡Esto es una pillada!”, según relató el agente en sede judicial.

Europa Press informó que tras las primeras detenciones, una ex trabajadora de la funeraria contactó con la policía para informar que conocía los hechos denunciados. Declaró haber callado anteriormente por temor a perder su empleo y relató que los ataúdes destinados a quemarse se denominaban “de reciclaje”. Según su testimonio, los féretros nuevos eran almacenados en un garaje para luego recuperarlos y ofrecerlos de nuevo en el tanatorio.

En la apertura de la jornada de declaraciones, se registró un enfrentamiento verbal entre el abogado defensor de la familia Morchón y el magistrado presidente, motivado por la negativa del tribunal a permitirle exponer sus protestas sobre decisiones adoptadas en sesiones previas. El letrado manifestó su descontento por no poder desarrollar sus argumentos y solicitó que se diera cuenta formal de lo sucedido a fin de interponer una posible queja ante el Consejo General del Poder Judicial.

Según consignó Europa Press, están previstas las declaraciones de otros siete agentes, incluidos dos policías municipales que participaron en los registros. El procedimiento sigue su curso con la participación de veintitrés acusados, entre los que figuran la viuda y tres hijos del fundador de la funeraria. El Ministerio Público dirige acusaciones por delitos de organización criminal, estafa continuada, apropiación indebida, delitos contra el respeto a los difuntos, blanqueo de capitales y falsedad documental, solicitando las penas más altas para la familia Morchón. Las empresas Agencia Funeraria Castellana S.A. y Parque El Salvador S.L. figuran como responsables civiles subsidiarios en este proceso que sigue en desarrollo.