
Podemos solicitó que se analicen las actuaciones del entonces presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, en relación con la gestión de la depresión aislada en niveles altos (dana) registrada el 29 de octubre de 2024, destacando también la posible intervención de su entorno en el retraso y modificación de la alerta enviada a la población a través del sistema Es Alert. El escrito, presentado ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), argumenta que esas acciones pudieron influir en la magnitud de las consecuencias mortales y los daños ocurridos durante el desastre, según consignó Europa Press.
De acuerdo con la información facilitada por Europa Press, la formación política secunda en su integridad la exposición razonada que hizo llegar la magistrada instructora del caso, quien enfatizó la necesidad de esclarecer la posición y responsabilidad directa del expresidente Mazón en uno de los episodios más graves registrados en la provincia de Valencia, donde la riada resultante de la dana provocó la muerte de 230 personas y una cantidad considerable de heridos y daños materiales.
El documento de alegaciones presentado por Podemos respalda las conclusiones de la instructora sobre la posición de garante que ostentaba el exmandatario autonómico en la gestión de la emergencia. Para la formación, emergen indicios sólidos de una posible omisión negligente de deberes por parte de Mazón en las horas más decisivas de la catástrofe. Europa Press reportó que el texto subraya la relevancia de la función de Mazón como máxima autoridad autonómica, responsable de coordinar y supervisar la respuesta a emergencias de este tipo.
Según publicó Europa Press, los representantes de Podemos también ponen el foco en la posible participación de personas próximas al expresidente en la alteración de los mensajes y criterios que componían la alerta pública gestionada mediante el sistema Es Alert. El escrito argumenta que las modificaciones y retrasos detectados habrían condicionado la eficacia de la alerta en un día donde, señalan, existieron "múltiples advertencias" oficiales sobre el riesgo inminente de fuertes precipitaciones e inundaciones graves.
Europa Press detalló que la formación morada considera que la gravedad de lo ocurrido y la concurrencia de avisos oficiales previos refuerzan la imperiosa necesidad de impulsar una investigación exhaustiva. Este procedimiento buscaría determinar con claridad quiénes resultaron responsables de la toma de decisiones o las omisiones que, según alegan, permitieron que los efectos de la catástrofe fueran tan extensos. El documento de Podemos argumenta que, dado el conocimiento previo de las condiciones meteorológicas y las alertas emitidas, existía el deber legal y práctico de actuar con la diligencia debida para minimizar el impacto de la dana.
Europa Press también informó que Podemos alude a la importancia de esclarecer el flujo de información dentro del gabinete autonómico durante el episodio crítico, así como las posibles instrucciones impartidas desde los escalones más altos del poder ejecutivo valenciano respecto a la comunicación de emergencia a la ciudadanía. La investigación solicitada, según los argumentos recogidos por Europa Press, debería contemplar tanto las decisiones administrativas como las conductas específicas relacionadas con la gestión de las alertas y las actuaciones destinadas a proteger a la población.
La formación política subraya en su escrito que no se puede descartar la existencia de responsabilidades penales en estos hechos hasta que una investigación exhaustiva valore todas las pruebas, el contexto de las advertencias registradas el 29 de octubre y el impacto concreto de las medidas adoptadas. Según el documento, el hecho de que los avisos fueran modificados o retrasados podría haber influido decisivamente en la protección de las personas y en el alcance del resultado lesivo.
Finalmente, Europa Press reseña que Podemos insiste en que clarificar estas responsabilidades contribuiría no solo a la depuración de posibles conductas delictivas, sino también a una mejora en los mecanismos institucionales de respuesta ante emergencias futuras, en un contexto donde la población depende de sistemas de alerta eficaces y de la actuación diligente de sus responsables públicos.
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