
La defensa jurídica de Koldo García sostiene que el proceso judicial por las supuestas irregularidades en la adjudicación de mascarillas durante la pandemia se encuentra fragmentado en diversos órganos judiciales, lo que desembocaría, según el equipo legal, en la vulneración de derechos fundamentales. Esta afirmación toma fuerza a partir del último informe remitido por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif, en el que se revela que sigue existiendo una investigación activa y paralela en la Audiencia Nacional sobre los mismos hechos que el Tribunal Supremo ya ha decidido juzgar. Según consignó Europa Press, la defensa enfatiza que esto podría traducirse en el sometimiento del exasesor ministerial a dos procesos simultáneos por la misma operativa de presunta corrupción.
Koldo García, exasesor ministerial, presentó al Tribunal Supremo un escrito este lunes solicitando que el juicio por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas sea trasladado a la Audiencia Nacional. Según informó Europa Press, la defensa de García funda esta petición en las recientes revelaciones de la UCO recogidas en un informe relacionado con Isabel Pardo de Vera. Dicho informe, remitido directamente al juez instructor del conocido como “caso Koldo” en la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, pone de relieve que la investigación sobre las adjudicaciones continúa dividiéndose entre distintos órganos jurisdiccionales.
De acuerdo con lo detallado por Europa Press, la defensa considera que las pruebas aportadas —en particular las interacciones telefónicas entre Koldo García y Pardo de Vera antes de que se adjudicara el contrato de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión— constituyen una muestra de que García participó en la operativa de selección, y que su intervención se materializó en la formalización del proceso de contratación. Los investigadores han documentado que Pardo de Vera intercambió mensajes con García en ese contexto, lo que añadiría elementos para reconstruir los hechos bajo sospecha.
Ante este escenario, la representación legal de Koldo García recalca que la fragmentación de los procedimientos genera una “indefensión material insalvable”. Según expone Europa Press, la defensa sostiene que tanto la Fiscalía como el juez instruyen los casos en la Audiencia Nacional y en el Tribunal Supremo empleando activamente los mensajes extraídos de los teléfonos de Koldo García, pero la defensa enfrenta restricciones para interrogar a Pardo de Vera y a otros posibles implicados en la adquisición de mascarillas para el Estado. Esto, argumenta la letrada de García, impide ejercer el derecho a una defensa efectiva y contradice los principios esenciales del proceso penal.
El informe reciente de la UCO, citado por Europa Press, habría puesto de relieve que algunos altos cargos de Adif podrían haber incurrido en faltas a la verdad, ocultación de información o acuerdos ocultos, según interpreta la defensa a partir del contraste entre las declaraciones judiciales y la información documental recabada. Se recuerda que Pardo de Vera, en sede judicial, afirmó no recordar contactos con la empresa adjudicataria ni la búsqueda de proveedores, algo que las pruebas apuntarían como potencialmente falso, pues el informe señala su implicación directa en la gestión de facturas proforma con Koldo García y Michaux Miranda.
La petición de Koldo García ante el Supremo, destacada por Europa Press, se apoya también en el argumento de que la Audiencia Nacional continúa instruyendo activamente los mismos hechos que el Supremo ya ha decidido remitir a juicio, por las actuaciones en las que tanto García como el exministro José Luis Ábalos y el empresario Víctor de Aldama están implicados. Para la defensa, esto supone una vulneración del principio ‘non bis in idem’ —que prohíbe ser juzgado dos veces por los mismos hechos—. Según la defensa, estarían desarrollándose simultáneamente dos procesos penales en jurisdicciones distintas sobre una presunta organización criminal que, siempre de acuerdo con la defensa, tendría como objetivo común la adjudicación fraudulenta de contratos en organismos estatales.
El equipo jurídico argumenta que, de mantenerse esta duplicidad, García podría verse obligado a responder dos veces sobre los mismos hechos relacionados con la adjudicación de contratos en Adif, Puertos del Estado e Interior. Por ello, solicita al Tribunal Supremo que acumule todas las actuaciones en la Audiencia Nacional. Según recoge Europa Press, la defensa entiende que unificar el proceso evitaría la doble persecución penal y aliviaría las restricciones de derechos que denuncia.
El contexto de estas reclamaciones surge tras la vista previa realizada en febrero, cuando la defensa pidió por primera vez al Supremo que el caso fuera remitido a la Audiencia Nacional. En ese momento, la referencia principal eran los procedimientos por los mismos delitos y el mismo periodo en los que se investiga a los mismos implicados, lo que ya apuntaba la posible fragmentación procesal. La aparición de nuevos datos en el informe de la UCO, en el que se relata la participación de Pardo de Vera y otros cargos en las contrataciones, reforzó la convicción del equipo legal de que la causa está siendo objeto de una instrucción dividida y paralela.
Entre los elementos que nutren el expediente judicial figuran los mensajes analizados por la Guardia Civil en los dispositivos móviles intervenidos a Koldo García, información que según la defensa está siendo utilizada por ambas jurisdicciones para construir los relatos de acusación. Europa Press describe que la defensa insiste en el riesgo de que esta coexistencia de procesos derive en sentencias contradictorias y en vulneraciones de garantías procesales.
Las diligencias en cuestión surgieron a raíz de la adjudicación de contratos durante la emergencia sanitaria por COVID-19, en la que la empresa Soluciones de Gestión habría ocupado una posición central dentro de la presunta trama investigada. Los nombres de Koldo García, José Luis Ábalos y Víctor de Aldama han permanecido vinculados a estas adjudicaciones, donde la investigación procura dilucidar si existieron delitos en la tramitación y concesión de contratos públicos.
Por ahora, el Tribunal Supremo evalúa el pedido de la defensa de Koldo García, quien mantiene su intención de evitar la doble comparecencia por los mismos hechos, argumentando que la remisión a la Audiencia Nacional constituye el mecanismo adecuado para garantizar la unidad de la causa y el derecho a un proceso justo. Europa Press resalta que este tipo de reclamaciones jurídicas buscan evitar superposiciones procesales y establecer un criterio de concentración en los casos que involucran a varios órganos jurisdiccionales sobre hechos únicos y continuados en el tiempo.
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