El PNV exige al Gobierno desclasificar los documentos de los sucesos de Vitoria de 1976: ¿O solo los que le interesan?

El portavoz de Justicia e Interior del Partido Nacionalista Vasco (PNV) preguntó directamente al Gobierno si su intención es abrir el acceso a todos los expedientes secretos de hechos ocurridos hace más de 45 años, o solo a aquellos que resultan de su conveniencia, según informó Europa Press. Esta cuestión surge después de que el Ejecutivo autorizara la desclasificación de documentos relativos al intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 al cumplirse 45 años desde aquel episodio. El portavoz trasladó oficialmente su pregunta por escrito, insistiendo en la necesidad de transparencia y acceso igualitario a la documentación histórica relacionada con acontecimientos como los de Vitoria en 1976.

De acuerdo con Europa Press, el PNV reiteró su demanda de desclasificación de expedientes vinculados a los llamados 'sucesos de Vitoria', cuando la intervención de las fuerzas policiales en la iglesia de San Francisco de Asís de Vitoria el 3 de marzo de 1976 provocó la muerte de cinco personas, víctimas de disparos. Según detalló Europa Press, ese día más de 4.000 trabajadores se congregaban en el templo del barrio de Zaramaga por reivindicaciones laborales. La policía ingresó al edificio y utilizó gases lacrimógenos para desalojar a los presentes. Varias de las personas en el recinto, así como en las inmediaciones, sufrieron heridas de bala; tres de ellas murieron en el lugar, mientras que otras dos fallecieron en el hospital poco después.

Según publicó Europa Press, la petición del PNV subraya que el Parlamento vasco, con el respaldo tanto de nacionalistas como de socialistas, ya solicitó el reconocimiento institucional del papel que desempeñó el Gobierno de la época durante los incidentes. El propio Gobierno ha declarado el inicio del procedimiento para otorgar a la iglesia de San Francisco de Asís el estatus de Lugar de Memoria Democrática, reconociendo su valor como símbolo y reforzando el derecho a la memoria de la ciudadanía. No obstante, los nacionalistas sostienen que el derecho a la memoria se encuentra incompleto si no se garantiza el acceso a todos los expedientes oficiales relacionados con los hechos de marzo de 1976.

El medio Europa Press recogió que, según el PNV, la decisión reciente del Ejecutivo de Pedro Sánchez de publicar los documentos del 23F demuestra que la actual Ley de Secretos de 1968 no es un obstáculo insalvable para informar sobre hechos del pasado. Los nacionalistas argumentan que el Consejo de Ministros dispone de capacidad suficiente para autorizar la apertura de estos archivos si existe voluntad política, al margen de una eventual reforma legislativa. “El Gobierno ha demostrado que el Consejo de Ministros tiene capacidad de hacerlo si hay voluntad política”, señalaron desde el grupo vasco, tal como publicó Europa Press.

El grupo político utiliza este antecedente para fundamentar su petición formal al Ejecutivo de desclasificar los documentos relativos a los sucesos de Vitoria, enmarcando esta acción dentro del reconocimiento moral, político e histórico a las víctimas. De acuerdo con Europa Press, la exigencia del PNV se amplía a la divulgación de archivos correspondientes a otros episodios históricos, como los acontecimientos ocurridos durante los sanfermines de 1978, el caso Mikel Zabalza o el atentado del bar Aldana.

De modo complementario, Europa Press consignó que el diputado Lergarda instó al Gobierno de Pedro Sánchez a reactivar las conversaciones parlamentarias precisas para avanzar en la tramitación de la nueva Ley de Información Clasificada. Además, sugirió que el Ejecutivo recupere la proposición de Ley de Secretos Oficiales presentada por el PNV, considerada por la Cámara Baja en febrero de 2024, la cual podría progresar sin impedimentos siempre que cuente con la autorización de la Mesa del Congreso.

La iniciativa nacionalista enfatiza la demanda histórica de acceso transparente a documentación oficial sobre hechos que forman parte del pasado reciente y que, según defienden, afecta al “reconocimiento moral, político e histórico” de las víctimas y a la garantía del derecho de la sociedad a conocer lo sucedido. Según reiteró Europa Press, el PNV sostiene que la apertura de estos expedientes contribuiría a consolidar una memoria colectiva basada en información veraz y en la restitución de derechos pendientes para quienes se vieron afectados por la violencia institucional.