
En el contexto de una reciente reestructuración en la Conselleria de Emergencias e Interior, el Consell acordó el cese de Raúl Quílez como director general de Innovación de Emergencias y de Irene Rodríguez, secretaria autonómica de Emergencias e Interior. Quílez había renunciado a su puesto la semana anterior, según contextualizó la Conselleria como parte de un proceso de renovación organizativa. Según informó Europa Press, Quílez compareció el pasado 13 de febrero ante la jueza de Catarroja, quien instruye la causa judicial vinculada a la gestión de la emergencia del 29 de octubre de 2024, día en que una fuerte DANA provocó el fallecimiento de 230 personas.
Durante su declaración, de acuerdo con Europa Press, el ex gerente de la Sociedad Valenciana de Gestión Integral de los Servicios de Emergencias (SGISE) manifestó que tuvo conocimiento de la convocatoria del Cecopi —Centro de Coordinación Operativa Integrada— a través de redes sociales, concretamente en Twitter. Recalcó ante la magistrada que su papel en ese momento se limitaba a la gestión empresarial de la SGISE, sin responsabilidad alguna sobre la operatividad del servicio ni la gestión directa de la emergencia. “No tenía ninguna responsabilidad operativa ni sobre el servicio ni la gestión de la emergencia ni nada concreto. A mí me llaman y yo voy allí. Luego, días posteriores, sí que cogemos más trabajo con el tema logística”, declaró, según la transcripción a la que accedió Europa Press.
Quílez explicó que al enterarse por las redes de la inminente reunión convocada en Cecopi, se comunicó con el entonces director general de Emergencias, Alberto Martín, alrededor de las cinco o cinco y diez de la tarde, para preguntar si era necesaria su asistencia, recibiendo una respuesta negativa. Posteriormente fue contactado a las seis por la jefa de prensa, quien le solicitó que se desplazara al Cecopi a petición del secretario autonómico Emilio Argüeso, investigado en el proceso junto a la ex consellera Salomé Pradas.
Relató que, al llegar al Cecopi, la situación era tensa, ya que “se estaba hablando de pasar de una situación 2 a una posible 3 de rotura de la presa de Forata en un par de horas". Relacionó este escenario con lo sucedido en el pasado con la rotura de la presa de Tous. En ese contexto, Quílez escuchó la discusión sobre el envío de un mensaje de alerta a la población en torno a las 19:00 horas, en alusión al riesgo derivado de la presa de Forata. Afirmó también que existían dudas, especialmente expresadas por Salomé Pradas, sobre la legalidad de ordenar el confinamiento de la población.
Durante esos momentos cruciales, describió cierta desorganización y problemas de comunicación, mencionando que, cerca de las 19:20 o 19:30 horas, observó un trasiego continuo de personas entrando y saliendo de la sala mientras hablaban por teléfono. Detalló que se sintió aislado porque sus dispositivos no lograban recibir información y afirmó que carecía de buena cobertura móvil, motivos por los cuales se encontraba apartado de sus capacidades habituales de gestión. En sus palabras: “yo estaba ahí sentado, pues viendo lo que pasaba, con los teléfonos que no nos entraba la información, yo no tenía buena cobertura de móvil, estábamos un poco, yo por lo menos, estaba un poco aislado de mis capacidades”.
Europa Press precisó que durante la declaración se le realizaron preguntas sobre la presencia y posterior retirada de los bomberos del barranco del Poyo. Consultado acerca de si conocía que los bomberos forestales habían sido movilizados para vigilar los cauces, Quílez respondió: “Sinceramente, yo esa información de lo que luego ha venido de la retirada de los bomberos forestales me entero días después”.
En otro segmento de su testimonio, el ex gerente subrayó su desvinculación de las labores técnicas, argumentando: “Yo he trabajado en servicios de emergencia y soy muy disciplinado en esos temas. Conozco muy bien las estructuras jerárquicas y qué hace cada cual. Yo no pinto nada ahí, no pinto nada en la toma de discusiones, estoy de mero espectador por si alguien me necesita, que es para lo que se me llamó. Yo no intervengo, no me acerco, miro desde lejos y no pregunto nada”.
El medio Europa Press consignó que la declaración judicial también abordó la existencia de vídeos del Cecopi, grabados por una productora externa. A raíz de una pregunta parlamentaria en febrero de 2025, Quílez se puso en contacto con la empresa Envidea para que le enviara el material, el cual transmitió posteriormente al conseller de referencia. Aclaró que ni él ni otros responsables eran conocedores de la existencia de esos vídeos hasta ese punto. La jueza recordó que se consultó de forma específica sobre la existencia de grabaciones o actas del Cecopi, y Emergencias, a través de Irene Rodríguez, negó en su momento que existieran tales documentos.
Finalmente, tras la emisión de esos vídeos por parte de TVE —que resultaron ser parte de unas grabaciones realizadas por À Punt— la documentación pudo ser finalmente solicitada de manera formal. En la declaración, Quílez sostuvo ante la instructora: “no había interés en ocultar absolutamente nada”. Europa Press reportó que tanto estas imágenes como la actuación de los diversos responsables permanecen bajo revisión dentro de la investigación judicial que busca esclarecer las responsabilidades de la gestión de la emergencia que se produjo el 29 de octubre.
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