TSXG obliga a la Xunta a mantener la "protección" de su estrategia verde a zona afectada por el proyecto de Altri

La decisión del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) establece que la consellería responsable debe justificar con una motivación específica cualquier intento de suprimir la protección ambiental en áreas que se incluyeron inicialmente en la estrategia verde autonómica y que resultaron clave en la controversia por la instalación de la fábrica de Altri en Palas de Rei, en la provincia de Lugo. Según informó 'Nós Diario' y recogió Europa Press, el fallo, fechado el 13 de febrero de 2026, responde al recurso presentado por la Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza (Adega), que denunció la eliminación de una zona de amortiguamiento en la Serra do Careón, parte de la Red Natura 2000.

Tal como consignó Europa Press, la sentencia considera que se retiró esa zona de amortiguamiento del plan sin exponer una justificación basada en interés público o general. El TSXG recalca en su resolución que “para promover la desprotección de esos terrenos” la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático estaba obligada a aportar una “especial motivación”, que no quedó plasmada en el expediente. Los jueces examinaron la modificación que la administración gallega incluyó en su Estratexia galega de infraestrutura verde e conectividade e restauración ecolóxicas, entre la fase de exposición pública y la publicación definitiva en el Diario Oficial de Galicia el 10 de febrero de 2025.

De acuerdo con lo expuesto por el TSXG, las zonas de amortiguamiento se definen como espacios que funcionan de barrera entre el entorno principal del paisaje y los corredores ecológicos o áreas naturales protegidas. Estas áreas cumplen un papel reconocido en la preservación de hábitats de importancia prioritaria y en la conservación de especies representadas tanto en el catálogo gallego como en el español de especies amenazadas, informó el tribunal.

El fallo también subraya un elemento considerado contradictorio: primero la administración reconoce la importancia ambiental de la zona, y posteriormente, tras el procedimiento de información pública, se modifica ese reconocimiento, sin argumentos que lo expliquen. Pese a que los magistrados aclaran que no corresponde valorar si la eliminación de la protección se conecta directamente con que la zona coincida con la ubicación propuesta para el proyecto de Altri, puntualizan que tal coincidencia no altera la obligación legal de motivar la supresión de la protección.

Por su parte, la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático afirmó a Europa Press que el recurso interpuesto por Adega se dirigió contra un documento estratégico previo, y no contra la implantación definitiva de la infraestructura verde, lo que según la Xunta no afecta a las consideraciones que puedan tomar carácter definitivo en el futuro. Desde el departamento autonómico insistieron en que la sentencia del TSXG no revisó la infraestructura consolidada de zonas naturales y seminaturales de protección, sino la fase de planificación estratégica, que funciona como cartografía preliminar de los espacios que en el futuro podrán integrarse en la infraestructura verde gallega.

Añadieron que la resolución judicial no elimina delimitaciones o decisiones formales —dado que el proceso se encuentra aún en una fase inicial, centrada en la selección de áreas candidatas para su inclusión— y subrayaron que la manera correcta de salvaguardar los territorios naturales depende de realizar evaluaciones ambientales en los proyectos que deseen impulsarse en cada zona. De acuerdo con Europa Press, esta postura incluye referencias a la declaración de impacto ambiental (DIA) favorable que obtuvo el proyecto industrial de Altri y que ha sido objeto de controversia pública y política.

En el ámbito parlamentario, la portavoz de Industria del PSdeG, Patricia Iglesias, trasladó su petición formal a la Xunta para que se pronuncie sobre el futuro del proyecto tras la sentencia conocida. A través de un comunicado difundido tras la resolución, Iglesias aseguró que el fallo judicial demuestra que el Gobierno gallego “allanó el camino” a la instalación industrial al reducir las garantías de protección ambiental en la zona afectada. Iglesias acusó al ejecutivo autonómico de facilitar la tramitación a la empresa de la fábrica de celulosa en todo aquello que dependía de sus competencias.

La representante socialista solicitó a la Xunta que rechace el proyecto industrial de Altri y cualquier otro trámite administrativo relacionado que esté pendiente. Expresó que la administración debe aclarar si la iniciativa resulta admisible bajo criterios de sostenibilidad ambiental, económica y técnica, y reclamó una decisión definitiva sobre el expediente, sin más demoras.

Tras la presentación del recurso de Adega y el fallo favorable por parte del TSXG, la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático todavía estudia la posibilidad de recurrir frente a la decisión judicial, según informaron fuentes oficiales a Europa Press. El proceso judicial abierto afecta, por tanto, a la corrección de los mapas del plan estratégico dentro de la Estratexia galega de infraestrutura verde, así como a la manera de conservar y restaurar espacios ecológicos en Galicia, incluidos aquellos de relevancia comunitaria bajo la Red Natura 2000.