Sumar y socios del Gobierno piden en el Congreso una investigación sobre abusos y suicidios en la mili en los 80 y 90

Entre los registros oficiales del Ministerio de Defensa se contabilizan más de 300 suicidios en las fuerzas armadas españoles durante el período de 1983 a 2001. Diversas investigaciones y testimonios de familiares sostienen que este número podría no reflejar la totalidad de los casos, ya que existirían fallecimientos catalogados como muertes accidentales que en realidad corresponderían a suicidios vinculados al servicio militar obligatorio. Según informó el medio, Sumar junto con socios parlamentarios del Gobierno han presentado en el Congreso una petición para que se esclarezcan las posibles violaciones a los derechos humanos, el maltrato psicológico y físico, así como la existencia de muertes autoinfligidas relacionadas con la “mili”. Los legisladores solicitan que se determinen las responsabilidades institucionales y que se repare integralmente a quienes resultaron afectados y a sus allegados.

Tal como detalló el medio, la iniciativa ha sido impulsada en forma de proposición no de ley por Sumar, ERC, Junts, EH Bildu, PNV, y por partidos del Grupo Mixto como Podemos, Compromís y BNG. El documento recoge la preocupación por las prácticas ocurridas en los años 80 y 90 del siglo pasado, periodo coincidente con gobiernos del PSOE. La petición recoge el testimonio de miles de jóvenes que cumplieron el servicio militar obligatorio y denuncia que, durante ese tiempo, se reportaron abusos, vejaciones y casos de suicidio dentro de los cuarteles.

La propuesta parlamentaria sigue la senda abierta semanas atrás en el Parlamento de Cataluña a raíz de la emisión de un documental que expuso vivencias y denuncias similares. El texto consignado al Congreso demanda al Defensor del Pueblo que, de manera proactiva, inicie una investigación de alcance estatal orientada a esclarecer las denuncias de maltrato y abuso, e incluya tanto aspectos de carácter físico como psicológico sufridos por los reclutas.

Los grupos políticos firmantes argumentan que lo expuesto evidencia la existencia de una posible dinámica de impunidad y negligencia institucional, asunto que hasta la fecha no habría sido sometido a una revisión en profundidad desde el ámbito legislativo estatal. Dicha investigación, según publicó la fuente, debe evaluar los sistemas de control vigentes durante el periodo cuestionado y establecer si las instituciones responsables incurrieron en omisiones o actuaciones inapropiadas.

Una vez verificados los hechos, la proposición pide que el Estado asuma el impulso de un reconocimiento público de las víctimas, y desarrolle mecanismos concretos para su reparación. Entre las medidas invocadas figuran la restitución moral, simbólica y económica; la instauración de asistencia jurídica gratuita; y el ofrecimiento de apoyo psicológico tanto a los afectados como a sus familiares, con énfasis en garantizar justicia, memoria y la no repetición de estos hechos en el futuro.

Sumar y sus aliados de investidura de Pedro Sánchez recalcan la importancia de profundizar en la gravedad de estos episodios y remarcan que las cifras oficiales podrían quedarse cortas respecto al verdadero alcance de suicidios y abusos, dado que los registros existentes no siempre discriminan entre muertes naturales, accidentales o autoinfligidas. Según consignó el medio, la reparación no solo abarca el ámbito personal de quienes sufrieron en primera persona, sino también la necesidad de ofrecer apoyo a sus entornos familiares, quienes cargan con el peso de las secuelas derivadas de aquellos años de servicio militar obligatorio.

Finalmente, la proposición plantea la obligación del Estado de establecer garantías para que ninguna nueva generación de reclutas pase por situaciones similares y adaptar los mecanismos de control e infraestructura institucional para asegurar que las condiciones y la protección de los derechos fundamentales prevalezcan en todos los contextos vinculados al servicio militar. Los proponentes consideran fundamental la labor de esclarecer estos hechos y reivindican el derecho de las víctimas a la verdad, al reconocimiento oficial y a una reparación acorde a las consecuencias sufridas.