La Abogacía Española reclama una nueva ley para que los abogados de oficio "reciban un trato digno"

El debate sobre la necesidad de una reforma urgente del marco legal que regula la justicia gratuita en España se ha intensificado tras los aportes realizados por asociaciones y sindicatos del sector. Según publicó el medio con la información de la Abogacía Española recogida en las intervenciones del foro celebrado, voces como el sindicato VENIA, las asociaciones CEAT, ALTODO, ALA, DEFENDA, Marea Negra, la Plataforma Nacional del Turno de Oficio y la Plataforma 101+ TÚ incidieron en propuestas orientadas a definir con claridad los derechos y obligaciones de los profesionales del turno de oficio, así como a reclamar un incremento presupuestario y el pago por todas las actuaciones realizadas. Estas organizaciones trasladaron que el modelo actual exhibe deficiencias estructurales y presenta desigualdades en el acceso a la justicia por motivos territoriales.

De acuerdo con lo consignado por la propia Abogacía Española durante el segundo debate del 'Foro 30 años. Ley de Justicia Gratuita', el presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González, instó al poder legislativo a promover una nueva regulación que garantice un trato justo a los abogados de oficio. González señaló que la legislación vigente, establecida en 1996, no responde a las necesidades actuales y resulta "insuficiente". El representante subrayó que el éxito de cualquier reforma dependerá del debate abierto y el consenso dentro de la profesión, así como de la implicación de todos los agentes afectados.

El medio de la Abogacía Española detalló que, durante la jornada, se discutieron las carencias del sistema actual relativas tanto a la remuneración como al reconocimiento profesional de los abogados de turno de oficio. Se puso de manifiesto la necesidad de actualizar el Estatuto que rige este servicio, dotándolo de un marco más claro y que asegure condiciones dignas. Las asociaciones participantes señalaron que la falta de recursos adecuados y la ausencia de una normativa que contemple de forma explícita la totalidad de las actuaciones profesionales han deteriorado la prestación del servicio y han provocado situaciones de inequidad en distintas regiones del país.

Entre los temas centrales abordados, los intervinientes enfatizaron que la retribución insuficiente y el retraso en el pago por los servicios prestados resultan factores determinantes en el descontento de los profesionales, además de obstaculizar la eficiencia del sistema. Se remarcó la petición de aumentar la dotación presupuestaria destinada a la justicia gratuita para asegurar una prestación uniforme y de calidad en todo el territorio nacional.

El presidente González, citado por el medio, puso énfasis en que el sistema actual se encuentra agotado y no satisface los requerimientos sociales y profesionales, lo que, según su criterio, lo convierte en un problema estructural y en una cuestión de Estado. Recalcó el peligro de que la aplicación desigual de la justicia gratuita en las diferentes comunidades autónomas derive en un acceso desigual a la tutela judicial efectiva.

Durante el foro, se hizo una apelación al Parlamento y a las administraciones públicas para que aceleren el proceso de reforma, con vistas a adaptar la futura ley a la realidad social y profesional del año 2026. González sostuvo que la participación activa de toda la abogacía resulta decisiva para consensuar los cambios, recoger propuestas y abordar de manera integral las necesidades del colectivo.

Por su parte, Ángel Méndez, presidente de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita y Función Social, expresó el compromiso de su Comisión para colaborar en el proceso de mejora de las condiciones de ejercicio de la abogacía de oficio. "Transmitimos la máxima voluntad y compromiso de trabajar con ese objetivo: aunar esfuerzos para mejorar la situación de miles de compañeros y compañeras", añadió Méndez, tal como reportó la Abogacía Española.

En el transcurso del encuentro, se reiteró que la mejora del servicio pasa tanto por el reconocimiento de derechos y la actualización de obligaciones, como por la suficiencia de medios materiales y humanos para su desarrollo. Según los participantes, cualquier futura reforma deberá atender estas demandas para garantizar tanto la dignidad de los profesionales como la eficiencia en la prestación de la asistencia jurídica gratuita.

El impulso para una nueva ley también contempla una mayor participación de las asociaciones en el diseño legislativo. Estas organizaciones continúan promoviendo la apertura de un proceso consultivo en el que la voz de los profesionales tenga peso específico, en la intención de lograr una regulación que responda a los retos presentes y futuros del sistema de justicia gratuita en España.

Según lo expuesto en el foro y consignado por la Abogacía Española, la reforma perseguirá corregir las diferencias actuales, aumentar los recursos, mejorar la consideración profesional e introducir mecanismos estables de participación para todos los implicados en el turno de oficio. Los asistentes coincidieron en la urgencia de avanzar hacia un texto legal que proporcione certeza, dignidad y garantías eficaces tanto para los abogados como para los ciudadanos que acceden a la justicia gratuita.