El PP advierte de que "España pierde" con el acuerdo de Gibraltar y acusa al Gobierno de obviar a las Cortes

Acusan a la administración central de relegar a la Cámara y de favorecer al enclave y a Reino Unido, exigiendo que cualquier pacto que afecte a la soberanía sea debatido en las Cortes, según fuentes del principal partido de la oposición

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Las críticas del Partido Popular también se han centrado en cuestiones fiscales que consideran insuficientemente abordadas en el pacto sobre Gibraltar. Según informó Europa Press, representantes de esta formación sostuvieron que no existe una equiparación fiscal real en el acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido, al tiempo que reclamaron garantías sobre inversiones, programas y transferencias que, a su juicio, no figuran detallados en el texto. Esta demanda por transparencia y equidad fiscal se suma a la preocupación por otros aspectos fundamentales, ya que el principal partido de la oposición insiste en la necesidad de que cualquier pacto relativo a la soberanía de Gibraltar se debata y apruebe en las Cortes Generales.

De acuerdo con Europa Press, el Partido Popular acusó al Gobierno de haber dejado de lado al Parlamento español al no someter el tratado a su aprobación. Tras la publicación del borrador este jueves por parte de la Comisión Europea y el Gobierno británico, las fuentes ‘populares’ aseguraron que la consecución de cualquier acuerdo sobre el Peñón debe pasar por el debate y la votación parlamentaria, en razón tanto de las exigencias constitucionales como del respeto al sistema democrático. El Partido Popular reiteró que las decisiones que afectan a la soberanía y los intereses de los ciudadanos españoles deben tomarse en el Parlamento, no exclusivamente mediante negociaciones internacionales.

La formación encabezada por Alberto Núñez Feijóo expresó inquietud por una aplicación provisional del acuerdo sin consultar al principal partido de la oposición ni al resto de las fuerzas representadas en las Cortes. Según denunció el PP y publicó Europa Press, la urgencia por implementar el nuevo Sistema de Entradas y Salidas (EES) de la Unión Europea antes del 10 de abril habría motivado el intento del Gobierno de obviar el trámite parlamentario, lo que fue calificado como un intento de “gobernar sin el Parlamento”. Los portavoces populares destacaron que esta prisa podría acarrear consecuencias negativas y representa, según su visión, una maniobra para marginar al principal partido de la oposición e incumplir el debido proceso democrático.

Respecto al protagonismo de las instituciones europeas en esta negociación, el PP manifestó que el Ejecutivo de Pedro Sánchez habría cedido la iniciativa a Bruselas y Londres, de acuerdo con la cobertura de Europa Press. Según el análisis realizado desde la sede nacional del partido, la decisión de permitir que la Comisión Europea y el Reino Unido determinen la gestión futura de Gibraltar sin involucrar activamente a España ha supuesto que el país quede autoexcluido de las decisiones determinantes del pacto. En palabras del PP, el Gobierno nacional “se quita el problema de en medio” y deja en manos de instancias foráneas el destino de una cuestión estratégica.

Entre las críticas concretas al acuerdo, el PP ha subrayado que el texto le otorga ventajas a Gibraltar y al Reino Unido con relación a su situación previa al Brexit, mientras que España resulta perjudicada. Según reflejó Europa Press, el partido sostiene que el presidente del Gobierno habría dilapidado la “posición de ventaja que tenía España con el Brexit sobre la soberanía de Gibraltar”. Desde su perspectiva, la falta de una postura más firme ha supuesto una claudicación en los intereses nacionales, dificultando así la defensa de los derechos y la soberanía española sobre este territorio.

El contenido del acuerdo es objeto de análisis por parte del Partido Popular, que indica que el Reino Unido habría conseguido que España reconociera la base militar en Gibraltar, ubicada en un territorio, según recalcan, ilegalmente ocupado y que recibe y repara submarinos nucleares. Los populares consideran que uno de los aspectos más problemáticos es la previsión de crear una empresa conjunta para la gestión del aeropuerto, la cual, aseguran, podría establecerse en cualquier país de la Unión Europea excepto España, según consignó Europa Press. Esta medida es interpretada como un caso extremo de renuncia a la posición negociadora española.

El PP también rechazó la argumentación de que el acuerdo lograría la desaparición de la Verja. Según detallaron fuentes del partido a Europa Press, aunque se eliminan los controles de la Guardia Civil, la Policía y Aduanas, la valla perimetral persiste en el aeropuerto y en instalaciones militares británicas. Los portavoces recalcaron que lo realmente necesario es asegurar un flujo transfronterizo ágil, aspecto que atribuyen al nuevo sistema europeo EES, y que el pacto no garantiza ese objetivo ni sugiere estrategias operativas para alcanzarlo.

Dentro del análisis de la situación de fronteras y seguridad, el principal partido de la oposición manifestó preocupación porque el tratado no aborde interrogantes relacionados con la actividad pesquera y la persecución a la delincuencia transfronteriza. Según Europa Press, el PP considera que cuestiones como el acceso de los pescadores españoles a las aguas próximas a Gibraltar o la capacidad de las autoridades de España para realizar "persecuciones en caliente" de contrabandistas y narcotraficantes no aparecen resueltas en el acuerdo. Esta omisión resulta significativa a los ojos de los populares, ya que ven estas actividades como esenciales para la seguridad y economía local.

El concepto de “prosperidad compartida”, incluido en la narrativa oficial sobre los efectos del tratado, ha sido cuestionado por los portavoces populares. Según recogió Europa Press, insisten en que la falta de detalles sobre inversiones, programas concretos y transferencias financieras impide valorar si existirán beneficios reales y equitativos para la población. Añaden que no puede hablarse de prosperidad compartida mientras no exista un alineamiento fiscal entre el enclave y el resto del territorio español o europeo, argumento al que otorgan especial relevancia debido al peso de la competencia fiscal en la economía gibraltareña.

Por último, el Partido Popular demanda que la transparencia y la rendición de cuentas sean centrales en cualquier proceso de negociación que afecte a territorios bajo disputa o relativa soberanía. Según la información suministrada por Europa Press, el partido considera esencial que el Parlamento español participe de forma directa y activa en la adopción de acuerdos que incidan en la integridad territorial, la seguridad y los intereses fiscales y sociales de España. Esta postura, comunicada tras la publicación del pacto entre la Comisión Europea y el Gobierno británico sobre Gibraltar, pone de manifiesto las diferencias políticas existentes respecto a la gestión de la cuestión gibraltareña tras el Brexit.

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