
La defensa del acusado fundamentó su estrategia en los informes periciales de los médicos forenses, argumentando que las lesiones observadas en la denunciante, ubicadas en las muñecas y la cara interna de uno de los muslos, pueden resultar compatibles tanto con una agresión como con una relación sexual consentida. Con este planteamiento, la defensa solicitó la absolución del trabajador de la empresa de seguridad durante la segunda y última sesión del juicio, desarrollado este jueves en la Sección Primera de la Audiencia Provincial, según informaciones recogidas por Europa Press.
De acuerdo con Europa Press, la Fiscalía reiteró su petición de una década de prisión para el empleado, acusado de violar a una clienta durante una visita profesional en su domicilio para finalizar la instalación de una alarma. El representante del Ministerio Público convirtió en definitivas sus conclusiones iniciales y señaló que la petición de pena incluye, además del período de prisión, la imposición de una prohibición de aproximación a la víctima, su domicilio y lugar de trabajo durante 15 años, así como la prohibición de comunicarse con ella por cualquier medio. Europa Press detalló que la fiscalía también reclamó otros diez años de libertad vigilada una vez cumplida la condena y la inhabilitación para cualquier cargo, profesión u oficio que implique contacto con menores de edad durante 15 años.
La parte acusadora, representada por la denunciante, ratificó su escrito provisional y mantuvo unas exigencias penales idénticas a las del Ministerio Público, aunque con una diferencia en la solicitud de indemnización. Mientras la Fiscalía fijó una compensación de 16.000 euros, la acusación particular adjuntó facturas de tratamientos médicos posteriores a los hechos valoradas en más de 6.000 euros, lo que elevó la cuantía total reclamada a cerca de 22.500 euros.
Según el relato incluido en el auto y publicado por Europa Press, la supuesta agresión sexual ocurrió aproximadamente a las 14:30 horas del 19 de septiembre de 2023. El trabajador, mayor de edad y con antecedentes penales no computables, acudió al domicilio de la víctima para completar la instalación de una alarma que había contratado. En el transcurso de esta visita, el acusado habría bloqueado el paso a la mujer cuando esta salía de una habitación, le habría hecho comentarios sugestivos, la abrazó con fuerza, le dio un beso no consentido y, posteriormente, la lanzó sobre la cama. La Fiscalía señala que, tras quitarle la ropa interior y forcejear, la penetró vaginalmente sin su consentimiento.
La acusación particular añadió otros detalles, recogidos por Europa Press, como el hecho de que el acusado desconectó la alarma durante más de tres horas y que, habiendo acudido en ocasiones anteriores, conocía la disposición de la vivienda y que la mujer residía sola. A consecuencia del episodio, la denunciante reportó hematomas y un estado intenso de miedo y ansiedad, por lo que requirió atención sanitaria inicial, tratamiento psicológico y ansiolíticos. Los peritos confirmaron que la mujer presenta un cuadro de ansiedad compatible con un trastorno por estrés postraumático de grado leve a moderado.
Durante el juicio, la denunciante declaró a puerta cerrada y se mantuvo en la versión ofrecida en la denuncia. El acusado, por su parte, reconoció que se produjeron relaciones sexuales, aunque afirmó ante el tribunal que estas fueron consentidas. Según consta en la información publicada por Europa Press, el procesado declaró: "Fui a hacer mi trabajo y ella estaba todo el rato al lado mío. No sé cómo sucedió, pero nos dimos un beso y fue todo espontáneo. Me dejé llevar y cometí una infidelidad a mi pareja una falta de respeto a mi hija pequeña".
En el procedimiento también figura como parte la empresa empleadora del acusado, personada como responsable civil subsidiaria. Como informó Europa Press, la resolución judicial quedó pendiente tras la celebración de la vista oral y se encuentra ahora a la espera de sentencia. La acusación particular y el Ministerio Público coinciden en la petición de los años de cárcel y medidas de alejamiento, diferenciándose tan solo en la cuantía exigida en concepto de indemnización.
El caso, centrado en el testimonio confrontado de las partes y la valoración médica, reúne entre las pruebas presentadas tanto informes periciales como la versión sostenida por el acusado. La sentencia, una vez emitida, determinará el alcance de la responsabilidad penal del trabajador y el posible resarcimiento por responsabilidad civil de la empresa.
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