Condenado a prisión permanente el cuidador que estranguló a un anciano y ocultó su cadáver en un bidón

El hallazgo de una suma considerable de dinero en metálico dentro de una vivienda resultó determinante en el desarrollo de una investigación judicial en Madrid por la muerte de un anciano de 89 años. Según detalló Europa Press, la Audiencia Provincial de Madrid dictó prisión permanente revisable para el cuidador acusado de asesinar a Manuel López Borrajo y apropiarse de más de 96.000 euros de sus cuentas. El fallo, que reflejó la decisión unánime del jurado, consideró agravantes como la alevosía y la especial vulnerabilidad de la víctima, que se sumaban a la relación de confianza derivada de siete años de convivencia y cuidados por parte del acusado.

Europa Press informó que la sentencia, derivada de un veredicto del Tribunal del Jurado, establece que el cuidador mató de forma violenta a López Borrajo el 12 de julio de 2023. Aquel día, tras recoger al anciano del hospital, ambos discutieron dentro del vehículo del procesado. Esta discusión derivó en el estrangulamiento de la víctima, empleando un nivel de fuerza elevado sobre el cuello. Los análisis forenses detectaron fracturas bilaterales en las astas tiroideas superiores asociadas a una hemorragia, lesiones compatibles únicamente con una compresión cervical externa, manual o mediante lazo.

El tribunal subrayó la situación de extrema vulnerabilidad de la víctima, que, según los informes médicos recopilados durante el proceso judicial y citados por Europa Press, padecía graves limitaciones en la movilidad, había sufrido caídas repetidas y necesitaba ayuda permanente para sus actividades cotidianas. Además, se encontraba en estado de dependencia agravada por el alta médica reciente. Estas circunstancias, junto al ataque sorpresivo, determinaron que el anciano no pudo defenderse.

Después de ocasionarle la muerte, el acusado introdujo el cadáver en un bidón de plástico azul ubicado en un trastero en el domicilio que compartían en San Martín de Valdeiglesias. Añadió cal al cuerpo, con el objetivo de retrasar el proceso de descomposición, y construyó una estructura de madera a modo de caja para ocultar aún más el contenido del bidón. Según reportó Europa Press, durante más de dos meses el cuerpo permaneció oculto en ese lugar.

Posteriormente, el 19 de septiembre de 2023, el procesado trasladó la caja con el bidón a una finca situada en Zarramudo, dentro del término municipal de Sotillo de la Adrada, en Ávila. Utilizó otro vehículo de su propiedad con la intención de deshacerse del cadáver. Aquella noche, la Guardia Civil localizó el vehículo en la finca y, al día siguiente, en presencia de la comisión judicial, abrió el coche y procedió al levantamiento del cadáver, que permanecía en posición fetal dentro del bidón, aún recubierto con cal.

Durante su detención, el acusado manifestó de forma espontánea a uno de los agentes que había cometido "cosas muy malas", según destaca la sentencia a la que accedió Europa Press. Ese mismo relato recoge la confesión del procesado, quien admitió haber estrangulado a la víctima tras la discusión a la salida del hospital.

Tras el fallecimiento de López Borrajo, el acusado realizó numerosas operaciones bancarias, obteniendo un beneficio patrimonial ilícito. Entre el 24 de julio y el 28 de agosto de 2023, realizó cuatro transferencias desde una cuenta del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) a una de su titularidad por un total de 39.300 euros. Además, retiró efectivo en 68 ocasiones desde el 12 de julio hasta el 15 de septiembre, sumando 56.800 euros. También se documentaron dos cargos adicionales por 630 euros en una cuenta de Caixabank. Europa Press consignó que, durante el registro en su domicilio el 21 de septiembre, las fuerzas de seguridad localizaron 63.950 euros en una caja metálica, un botín que el tribunal vinculó directamente a las extracciones y transferencias efectuadas desde las cuentas de la víctima tras el crimen.

El acusado disponía de las tarjetas bancarias de López Borrajo y conocía sus códigos de seguridad, hecho que facilitó el acceso a los fondos y permitió las extracciones reiteradas en las semanas posteriores al asesinato. El tribunal impuso un total de cinco años de prisión adicionales por el delito continuado de apropiación indebida, además de una multa y varias medidas de inhabilitación. El fallo también dispone el comiso de los 63.950 euros encontrados en el domicilio, con la finalidad de resarcir los daños económicos producidos tras la muerte.

Europa Press relató que el proceso judicial tuvo en cuenta la especial relación de confianza que unía al acusado con la víctima desde 2016, cuando comenzó a desempeñar funciones de cuidado personal. La convivencia durante siete años amplificó el abuso de confianza que facilitó la ejecución del delito, aspecto que el tribunal calificó como un agravante esencial en la resolución.