Fiscalía pide 33 años de cárcel para 'O Chioleiro' por matar en Vigo a su pareja, cuyo cuerpo apareció en una maleta

El arresto de José Manuel D.G., conocido como ‘O Chioleiro’, ocurrió el 29 de febrero de 2024, tras una investigación policial motivada por el hallazgo de un cadáver en avanzado estado de descomposición dentro de una maleta. Según consignó la Fiscalía, los hechos que llevaron a la detención se vinculan con la localización, el 22 de febrero de 2024, del cuerpo sin vida de María del Carmen B.D., de 60 años, en una finca situada en la zona de Balaídos, en Vigo. Un repartidor alertó a las autoridades luego de percibir un olor intenso procedente de una maleta envuelta en plástico de embalar, que se encontraba entre la vegetación en las proximidades de la calle Espedrigada. Al inspeccionarla, los investigadores descubrieron los restos humanos en un estado avanzado de descomposición.

De acuerdo con información publica por la Fiscalía y recogida por los medios, la investigación continuó con un registro policial en el domicilio donde José Manuel D.G. residía alquilando una habitación junto a la víctima, en la calle Fragoso, próximo al lugar donde apareció la maleta. Los agentes confirmaron que las características del cuerpo coincidían con las de María del Carmen, quien había mantenido una relación sentimental con el acusado. Posteriormente, la policía procedió a la detención de ‘O Chioleiro’, quien ya tenía antecedentes penales. Según informó la Fiscalía, José Manuel D.G. había sido condenado anteriormente por la muerte de su abuela en 1988 y por el asesinato de una vecina en A Lama en 2004.

El ministerio público sostiene que el crimen se produjo durante la noche del 14 de septiembre de 2023, mientras ambos convivían en la mencionada habitación alquilada. La Fiscalía detalla que el acusado atacó repentinamente a María del Carmen, estrangulándola y posteriormente apuñalándola, primero en la clavícula y luego en el corazón. El escrito de acusación describe que la víctima se encontraba desprevenida y no tuvo oportunidad de defenderse ni resistirse al ataque de su pareja. La acusación atribuye la motivación del crimen a un sentimiento de "superioridad" y "posesión", dado el vínculo sentimental y el hecho de que ella era mujer.

Además del homicidio, la Fiscalía imputa a José Manuel D.G. un delito continuado de estafa al haberse apropiado de la tarjeta bancaria de la víctima tras su muerte. Según documentó el ministerio público, entre septiembre y diciembre de 2023, el acusado habría realizado compras y disposiciones de efectivo por un importe superior a los 1.800 euros empleando la tarjeta de la fallecida. Estas acciones forman parte de la acusación agregada de fraude, que se suma al cargo principal de asesinato.

La Fiscalía solicitó una condena total de 33 años de prisión. Esta petición se desglosa en 30 años por asesinato, agravado por parentesco, reincidencia y género, y tres años más por la estafa realizada con la tarjeta bancaria de la víctima. Además, la Fiscalía demanda que el acusado indemnice a los familiares de María del Carmen. Según reportó la propia Fiscalía, la hija de la fallecida debería recibir una compensación superior a 84.000 euros; la madre de la víctima, 50.500 euros; y cada uno de sus tres hermanos, 19.500 euros.

Los hechos conocidos como el ‘crimen de la maleta’ generaron especial atención en Vigo, tanto por la violencia del acto como por el método empleado para ocultar el cadáver. El hallazgo fortuito por parte de un repartidor fue clave para iniciar la investigación policial, que permitió identificar rápidamente a la víctima y establecer el vínculo con su pareja, principal sospechoso y posteriormente detenido. La proximidad de la vivienda de José Manuel D.G. al terreno donde fue hallada la maleta facilitó la labor de los investigadores durante la búsqueda de pruebas y el posterior registro del domicilio.

El acusado, además de ser un viejo conocido de las fuerzas de seguridad, enfrenta una situación judicial agravada por sus anteriores condenas por asesinatos. La Fiscalía evidenció en su escrito que la reiteración de delitos violentos y el patrón de conducta observado en los casos previos influyeron en la petición de máxima pena. El caso se analiza también bajo la perspectiva de la violencia de género, dada la relación de pareja entre la víctima y el acusado y la motivación que la acusación asocia al hecho de ser mujer.

El proceso judicial en curso contempla tanto la evaluación de las circunstancias agravantes como la cuantificación del daño económico causado por el uso fraudulento de los recursos de la víctima. La instrucción judicial recopila testimonios, pruebas forenses y registros financieros, que sustentan los cargos de asesinato y estafa planteados por el ministerio público.