El PP asegura que se van a "colar delincuentes" con la regularización de migrantes anunciada por el Gobierno

La interrogante planteada por la portavoz del Partido Popular (PP) en el Congreso, Ester Muñoz, sobre el número de delincuentes que podrían acceder a España debido a la regularización extraordinaria de migrantes ha provocado una respuesta inmediata por parte del Gobierno. De acuerdo con lo reportado por diversos medios y recogido por la cadena de noticias, Muñoz sostiene que la decisión del Ejecutivo se ha tomado de forma unilateral y sin consultar a las demás fuerzas europeas ni respetar los acuerdos comunitarios. Tal como informó el medio original, la diputada ha cuestionado los controles que acompañan la medida y ha advertido sobre lo que describe como "un efecto llamada" que ya estaría generando largas filas ante los consulados españoles.

Muñoz también ha señalado que, bajo el nuevo procedimiento impulsado por el Gobierno, los migrantes no necesitarán presentar certificados de antecedentes penales ni policiales provenientes de sus países de origen. Según publicó el medio, la portavoz del PP expresó preocupación por la presunta presencia de grupos criminales aprovechando la coyuntura, señalando la existencia de "mafias traficando con tickets para simular arraigo". Estas acusaciones se produjeron en la sesión de control celebrada en el Congreso, donde Muñoz además acusó al Ejecutivo de recompensar a quienes ingresaron al país de manera irregular al otorgarles documentación, sin una comprobación rigurosa sobre su pasado judicial.

Frente a esos señalamientos, la vicepresidenta María Jesús Montero rebatió las acusaciones, afirmando que el PP se encuentra, en sus palabras, “engullido” por Vox y asumiendo posturas que asocia con la ultraderecha. El medio detalló que la vicepresidenta no solo rechazó las afirmaciones referidas a la filtración de delincuentes, sino que también criticó la estrategia política de los populares, al indicar la existencia de pactos en marcha con Vox en comunidades autónomas como Extremadura y Aragón. Montero subrayó que dichos acuerdos se producen a pesar de que Vox “niega la democracia y las autonomías”, según recogió la fuente.

La responsable de política económica del Ejecutivo desmontó la afirmación del PP respecto a la inexistencia de controles, haciendo énfasis en la consideración legal y procedimental con la que, según su postura, se aborda el proceso de regularización. Según informó el medio consultado, Montero defendió la medida del Gobierno e insistió en que los marcos legales vigentes garantizan el cumplimiento de los requisitos establecidos para la concesión de documentación a los extranjeros residentes en España.

Por su parte, el PP reiteró sus críticas en cuanto a la escasa información compartida por el Ejecutivo con el resto de socios europeos y la ausencia de coordinación respecto de las normas migratorias comunitarias. De acuerdo con la misma fuente, Muñoz subrayó el argumento de que la decisión se tomó “de espaldas” a los aliados, lo que, a su juicio, pone en peligro la seguridad y dificulta la cooperación internacional.

Los debates recogidos durante la sesión de control confirman una marcada división política en torno a la gestión migratoria por parte del actual Gobierno. Mientras el PP advierte sobre el presunto riesgo para la seguridad ciudadana y el incentivo a la migración irregular, el Ejecutivo defiende la regularización y niega la existencia de descontrol, atribuyendo las críticas al impacto que Vox estaría ejerciendo sobre el discurso y las acciones del PP.

La controversia gira sobre la implementación de la regularización extraordinaria, el sistema de verificación de antecedentes y la relación de la política migratoria española con los estándares europeos y la colaboración internacional. El desarrollo de estos temas, según se desprende de la información del medio que da cuenta del debate, se ha convertido en uno de los focos centrales de la confrontación política en el Parlamento.