El procesado envió un correo electrónico posterior a sus acciones iniciales, en el que se disculpó ante las personas destinatarias por los efectos de su mensaje, reconociendo el daño causado al clima social y manifestando su compromiso con los valores de respeto y convivencia. Según informó el medio, la Audiencia Provincial de Navarra impuso una pena de dos años de prisión y una multa de 720 euros al residente del Valle de Baztan, quien admitió durante el juicio celebrado el pasado 16 de mes haber sido responsable de la remisión de correos electrónicos con mensajes discriminatorios hacia extranjeros, buscando influir en las decisiones de contratación de empresas locales.
De acuerdo con la información publicada por la fuente, la sentencia describe que entre 2020 y 2023 el hombre redactó y distribuyó mensajes electrónicos a distintas entidades empresariales. En dichos comunicados instaba a que solo se contratara a nacionales españoles y exhortaba a reemplazar en las plantillas a trabajadores inmigrantes, señalando de forma directa la exclusión de personas “marroquís” y extendiéndola a otras comunidades extranjeras. Además, su accionar incluyó a quienes, aunque nacionalizados, tenían antecedentes migratorios, reflejando un criterio de discriminación amplio.
El medio detalló que los correos recibidos por las empresas frecuentemente respondían a ofertas de empleo publicadas en internet. La finalidad declarada era fortalecer prejuicios y materializar la marginación de personas inmigrantes dentro del mercado laboral, según relata la resolución judicial. El mensaje también anunciaba la intención de elaborar un listado de empresas empleadoras de inmigrantes, con el objetivo de que esa información circulase públicamente y generara un vínculo entre la contratación de extranjeros y las decisiones de consumo de la población.
Según consignó el medio, la reiteración de estos mensajes provocó repercusiones evidentes en las redes sociales, donde surgieron numerosos comentarios relacionados con el contenido discriminatorio de los correos. Esta situación terminó generando un rechazo público y diversos pronunciamientos en los que se recalcaba la naturaleza excluyente y contraria a los principios de respeto e integración social que rigen la convivencia democrática.
La sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra destacó que los acontecimientos juzgados constituyen un delito cometido con ocasión del ejercicio de derechos fundamentales y libertades públicas garantizados por la Constitución. La causa contempló, además, la atenuante muy cualificada de reparación del daño, dado que el acusado, tras los hechos, remitió un correo electrónico de disculpa reconociendo su responsabilidad penal y señalando su intención de contribuir a la restauración de la convivencia y las normas democráticas. En ese mensaje, el condenado expresó: "Por este medio, quisiera disculparme porque entiendo que el contenido del mismo ha contribuido al clima de odio y prejuicio hacia la comunidad de inmigrantes, y ha causado un dolor significativo y un sentimiento de inseguridad y rechazo hacia los mismos. Le comunico que voy a reconocer mi responsabilidad en los hechos de acusación en la causa penal dirigida contra mí por estos hechos, ya que, además, ello contribuye a mi compromiso de promover un entorno de respeto, tolerancia y convivencia, propias de nuestro Estado social y democrático de derecho".
Tal como publicó la fuente, la condena fue resultado de un acuerdo entre el Ministerio Fiscal y la defensa, alcanzado antes del inicio del juicio oral. La Sección Primera de la Audiencia Provincial fijó que la pena de prisión quede en suspenso siempre que el condenado no incurra en nuevas infracciones en un periodo de dos años y complete un programa de formación en materia de igualdad, como condición indispensable para la suspensión del ingreso en prisión. Estas medidas tienen la intención, según la resolución judicial, de restaurar el tejido social afectado y prevenir futuras actuaciones discriminatorias.
El proceso penal y la resolución judicial han tenido un notable impacto en la comunidad y fueron objeto de amplio debate público y rechazo en plataformas sociales y medios de comunicación. Los hechos pusieron de relieve el alcance del delito de odio y la respuesta institucional frente a manifestaciones que atentan contra la igualdad y la integración de las personas migrantes y extranjeras en el entorno social y laboral.
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