AMP-Sánchez pide reformar este semestre la ley de secretos pero no aclara si desclasificará documentos anteriores al 23F

La posibilidad de avanzar hacia una mayor transparencia en España en lo relativo a acontecimientos previos al golpe de Estado de 1981 figura en el centro del debate político, aunque persisten incertidumbres sobre el futuro acceso a documentación reservada de otras etapas significativas de la historia reciente. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, instó a los grupos parlamentarios a trabajar en la modificación de la actual Ley de Secretos de 1968 en el transcurso de este semestre, sin precisar si esa iniciativa conllevará la liberación de archivos que se mantienen secretos sobre hechos previos al frustrado golpe militar, liberados parcialmente este martes. Según consignó Europa Press, esta demanda se produce en un contexto donde la Ley de Secretos vigente, redactada en la dictadura franquista y aún en vigor, ha sido ampliamente cuestionada por su alcance y su vigencia casi inalterada durante décadas.

Durante la sesión de control celebrada en el Pleno del Congreso, Sánchez enfrentó la solicitud de la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, quien recordó que siguen clasificados como secretos de Estado numerosos documentos relacionados con episodios como la represión policial del 3 de marzo de 1976 en Vitoria, donde resultaron muertas cinco personas vinculadas al movimiento sindical, tal como subrayó la misma fuente. Además, mencionó las cargas policiales durante los Sanfermines de 1978, el caso de Mikel Zabalza —quien falleció bajo tortura en 1985—, los episodios atribuidos al Batallón Vasco Español durante la Transición y los atentados y operaciones de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), desarrollados en los años de gobierno socialista bajo Felipe González.

De acuerdo con Europa Press, Aizpurua argumentó ante Sánchez que el Ejecutivo sí cuenta con capacidad política y legal para proceder a la desclasificación de archivos, dado que "si hay voluntad, el Consejo de Ministros puede levantar el secreto sobre otros documentos, algunos incluso más antiguos, sin esperar al proceso de reforma legislativa". La portavoz de Bildu citó palabras previas de Sánchez sobre la necesidad de que la memoria "no esté bajo llave", e instó al presidente a aplicar esa premisa: "Las familias y la sociedad vasca tenemos derecho a conocer la verdad, no nos la niegue. Desclasifique la impunidad". Sin embargo, el presidente evitó fijar una posición sobre estos expedientes y refirió el asunto al proyecto de Ley de Información Clasificada ya aprobado en julio de 2023 por el Consejo de Ministros, aunque pendiente de tramitación parlamentaria ante la falta de mayoría suficiente.

El medio Europa Press detalló que agrupaciones como el PNV y Bildu han expuesto su rechazo al anteproyecto presentado por el Gobierno, considerando insuficientes sus mecanismos y señalando que podría perpetuar el ocultamiento de información durante hasta 60 años adicionales, lo que consideran incompatible con principios democráticos. Aizpurua insistió en la necesidad de reemplazar la ley de 1968, pero no para sustituirla con otra que, según sus palabras, "mantenga los secretos y la impunidad durante hasta 60 años más".

En su intervención, Sánchez expuso que la nueva normativa impulsada por el Ministerio de Presidencia busca reemplazar la legislación preconstitucional vigente, estableciendo "un marco claro con criterios claros, con plazos, con procedimientos de revisión" para los secretos oficiales. El presidente sostuvo que este marco situaría a España "al nivel de las democracias más avanzadas en el ámbito de la transparencia y de la gestión de secretos oficiales", e instó a los partidos a utilizar el actual periodo de sesiones, que finaliza en junio, para aprobar la ley en las Cortes.

Con relación a la desclasificación de documenten sobre el golpe del 23F, Sánchez celebró la decisión adoptada por el Ejecutivo, concebida, en sus palabras —recogidas por Europa Press—, como "un gran día para la democracia", valorando que con ello se cumple una "deuda" no solo con los investigadores, sino con el conjunto de la ciudadanía española interesada en esclarecer episodios históricos de especial relevancia. Esta posición fue respaldada también por el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, quien en declaraciones recogidas en los pasillos del Congreso, indicó que la publicación de los documentos relacionados con el intento golpista de 1981 "permite saldar una deuda con la democracia, con la memoria, con la transparencia".

El ministro añadió que "hoy los ciudadanos españoles podrán conocer toda la documentación que custodia el Estado sobre el 23-F", un golpe de Estado que, según su análisis, buscó acabar con el sistema democrático y terminó consolidando su vigencia en el país. Bolaños insistió en que la ley actualmente vigente, fechada en 1948, no obliga al Gobierno a publicar estos documentos, ya que permite mantener en secreto la información "para siempre". Por este motivo, remarcó que la "prioridad" del Ejecutivo es la aprobación parlamentaria de la Ley de Información Clasificada.

Según Europa Press, desde el Gobierno se recalca que solo después de entrar en vigor la nueva ley se podrá determinar el régimen y procedimiento aplicable a los archivos aún clasificados sobre otros hechos históricos. La intención declarada por el Ejecutivo es que esta norma se homologue con "todas las legislaciones de los países del entorno", en palabras de Bolaños, con el objetivo de tratar a la ciudadanía "como mayores de edad" en lo referente al acceso a información sensible y de interés público.

La tramitación del nuevo proyecto de ley permanece bloqueada por la ausencia de una mayoría parlamentaria que garantice su aprobación definitiva, lo que prolonga la vigencia de las normas de origen franquista y posterga, de momento, el debate sobre el alcance real de la desclasificación en torno a otros episodios relevantes de las décadas de 1970 y 1980, distintos al 23F.