Protesta ante el juicio por el apuñalamiento mortal a un menor en Isla Mayor(Sevilla): "Si mata no es menor, es asesino"

El descontento respecto al alcance de las penas aplicables a menores de edad implicados en delitos graves se vio reflejado en la concentración de familiares y allegados ante el Juzgado de Menores en Sevilla, donde se reclamó la modificación de la actual normativa penal juvenil tras el fallecimiento de un joven de 17 años en Isla Mayor. Tal como informó el medio, el debate gira en torno a la Ley Orgánica 5/2000 (LORPM), que fija la pena máxima entre uno y cinco años de internamiento para menores de 14 a 15 años acusados de homicidio, lo que ha provocado un intenso reclamo social y familiar para endurecer la legislación vigente.

El martes 24 de febrero, el tribunal sevillano dio inicio al juicio contra el presunto responsable, de 15 años al momento de los hechos, por la muerte a puñaladas de Daniel, ocurrida durante la madrugada del 2 de julio en el poblado Alfonso XIII en Isla Mayor. Según consignó el medio, familiares, vecinos y personas conocedoras del caso se reunieron en las inmediaciones del juzgado desde las 9:30 horas, mostrando pancartas con mensajes como “Han destruido una familia, cambios en la ley del menor” y “Si matas no eres un menor, eres un asesino”.

La familia de la víctima ha expresado de forma reiterada su descontento con la legislación actual. Francisco José Márquez, padre de Daniel, intervino ante la prensa a las puertas del tribunal, declarando: “Lo que esperamos de este procedimiento es justicia. Pero no la vamos a tener, porque con la ley que tenemos ahora mismo no va a haber justicia, dado que el presunto autor de nuestro hijo tenía quince años en el momento de los hechos, a tan solo 28 días de cumplir los 16 años”. Márquez calificó de insuficientes las penas estipuladas para acusados de homicidio con esa edad y definió la situación como una “vergüenza”, informó el medio.

El marco legal vigente, precisó la cobertura, contempla penas de entre uno y cinco años de internamiento en casos como el que enfrenta el procesado, ya que al momento del delito era menor de 16 años. Esta disposición ha sido motivo de frustración entre los familiares, quienes han demandado un cambio para que situaciones similares impliquen consecuencias más severas para los menores implicados en crímenes graves. De acuerdo con lo publicado, la madre del joven fallecido, Manoli Gómez, manifestó la urgencia de modificar la ley: “La ley del menor tiene que cambiar en España, tenemos que salir todas a la calle a reclamar. Hoy nos ha tocado a nosotros, pero mañana puede tocarle a cualquiera, a vuestros hermanos o sobrinos”. Gómez también agradeció el apoyo de la comunidad y aclaró que su hijo no tenía ninguna relación previa con el presunto autor de los hechos.

Durante la protesta, se sumaron otras familias que han atravesado situaciones similares en la provincia. El medio detalló la presencia de la madre de Aarón, un adolescente asesinado a puñaladas en Gerena, así como de la familia de Jesús Rosado Jiménez, quien perdió la vida en Palomares del Río durante la noche de Halloween en 2022. El reclamo común entre quienes acudieron a la concentración se enfocó en modificar el régimen de responsabilidad penal para menores en casos de homicidio, señalando la insatisfacción con las medidas actuales.

En referencia a los hechos que desencadenaron la trágica muerte de Daniel, la información consignada señala que el joven falleció por apuñalamiento con arma blanca cerca de la parada de autobús del municipio, aproximadamente a las 00:30 horas. Tras el asesinato, Isla Mayor realizó días más tarde un acto de silencio donde allegados y habitantes del municipio mostraron su solidaridad con la familia. Además, se registraron manifestaciones en la localidad, incluyendo pintadas y destrozos en la vivienda del presunto autor, reportó el medio.

La investigación y los procedimientos judiciales avanzan sin que hasta el momento se hayan esclarecido los motivos que llevaron al acusado a apuñalar al menor, según declaró el padre del fallecido. Mientras tanto, las familias afectadas por crímenes similares insisten en la necesidad de reformas legislativas que reflejen la gravedad de estos actos y aseguren respuestas penales que satisfagan sus reclamos de justicia.