PNV pide al PSOE buscar apoyos para tramitar su proposición de ley de secretos oficiales porque Junts no la vetaría

Desde el grupo vasco en la Cámara exigen avanzar hacia un nuevo marco normativo sobre secretos, confiando en que formaciones nacionalistas catalanas no obstaculicen la propuesta, mientras critican el uso político de la desclasificación de información sensible

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Convencimiento en sectores del Congreso apunta a que la proposición de ley sobre secretos oficiales impulsada por el Partido Nacionalista Vasco podría avanzar su tramitación, ante la percepción de que el grupo Junts per Catalunya no vetaría la iniciativa, al contrario de la posición que mantienen con los proyectos del Gobierno. Así lo ha planteado Maribel Vaquero, portavoz del PNV en la Cámara Baja, quien solicitó al Ejecutivo priorizar el debate de esta propuesta ya admitida a trámite en el Pleno en octubre de 2024, según informó el medio Europa Press.

La situación actual en la Cámara contempla la existencia de dos textos que buscan reformar la Ley de Secretos Oficiales: una proposición registrada por los nacionalistas vascos y el proyecto del Gobierno central. Europa Press detalló que, de acuerdo con Vaquero, el Gobierno argumenta falta de mayoría suficiente para sacar adelante ambas propuestas, apuntando a que Junts podría ejercer un boicot. Ante este escenario, la portavoz del PNV expresó su convencimiento de que la negativa de Junts aplica únicamente a las propuestas impulsadas por el PSOE, dado que tras romper relaciones han anunciado su rechazo sistemático a las iniciativas socialistas. Señaló además que la iniciativa del PNV podría recibir un trato distinto y sortear el veto.

En declaraciones recogidas por Europa Press, Vaquero defendió que la reforma de la norma es prioritaria para evitar que la desclasificación de información responda a "oportunismos políticos". Criticó la reciente decisión del Gobierno de levantar el secreto sobre la información del intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, asegurando que no debe permitirse que se desclasifiquen algunos hechos y otros no según intereses coyunturales. También recordó que para avanzar hacia la desclasificación de documentos históricos, el Ejecutivo solo necesita voluntad política, poniendo como ejemplo el reciente anuncio hecho por el presidente del Gobierno en la red social X, algo que en opinión del PNV les da la razón en cuanto a la facilidad de tomar estas decisiones.

La petición de Vaquero incluyó la desclasificación de documentos vinculados a otros episodios de la historia española, entre ellos los casos Zabalza y Aldana, la represión en los Sanfermines de 1978 y los sucesos de Vitoria de 1976. Según consignó Europa Press, la portavoz consideró imprescindible abordar todos los periodos oscuros de la historia de Estado y no solo acontecimientos seleccionados por el gobierno de turno.

En cuanto a la relación con otros grupos parlamentarios, Vaquero admitió que el PNV no ha abordado estas negociaciones con el Partido Popular. Por su parte, Patxi López, portavoz del PSOE en el Congreso, señaló que su grupo se ha concentrado mayormente en buscar apoyos para la iniciativa gubernamental, según Europa Press. López añadió que, dado que ellos han tanteado al Partido Popular y no han logrado reunir los votos necesarios, si el PNV desea intentar avanzar su propia propuesta, debe asumir la responsabilidad de buscar los respaldos parlamentarios.

Europa Press recogió también la posición del grupo Sumar. Su portavoz, Verónica Martínez Barbero, defendió que es momento de ir más allá en materia de desclasificación y que la regulación vigente, aprobada en 1968 bajo el franquismo, resulta insuficiente. Mostró su disposición a respaldar un proceso de reforma basado en el texto registrado por el PNV, asegurando que el objetivo es contar con una ley moderna que trascienda la decisión discrecional de cualquier gobierno. Martínez Barbero declaró: “Queremos que se reforme la ley y que las desclasificaciones no sean decisión de un Gobierno concreto”.

La diputada de Más Madrid, Tesh Sidi, apoyó la tesis de que una reforma impulsada por el PNV sería la vía con mayor probabilidad de conseguir el respaldo de formaciones nacionalistas vascas y catalanas. Sidi, citada por Europa Press, instó a avanzar en la tramitación parlamentaria para que el debate no quede condicionado por eventuales vetos.

Àgueda Micó, diputada de Compromís encuadrada en el Grupo Mixto, coincidió en señalar la proposición del PNV como un punto de partida válido para negociar una nueva ley de secretos oficiales que imposibilite que las desclasificaciones dependan del calendario político o electoral del Ejecutivo de turno, según publicó Europa Press.

En el ámbito de la izquierda, Ione Belarra, secretaria general de Podemos, recalcó que España no requiere “regalos con lacito” para conmemorar los 45 años del 23F, sino una nueva regulación que reduzca los plazos en los que la información clasificada permanece bajo secreto, según reportó Europa Press. Insistió en que una ley más estricta respecto al tiempo y los criterios para levantar el secreto contribuiría a fortalecer la democracia española.

El panorama sobre la reforma de la Ley de Secretos Oficiales se mantiene estancado en la Cámara, con diversas fuerzas políticas insistiendo en la importancia de una nueva regulación que impida el uso partidista de la información sensible. Tanto desde el PNV como desde otros grupos minoritarios, la demanda principal se centra en lograr que los procedimientos para la desclasificación de documentos queden blindados ante intereses coyunturales y se adapten a los estándares democráticos contemporáneos.

El debate en torno a la iniciativa del PNV, tal como reportó Europa Press, presiona al Gobierno para reconsiderar su estrategia parlamentaria, ante la percepción de que la vía alternativa cuenta con margen para aglutinar consensos más amplios, en especial entre fuerzas nacionalistas. Este escenario político refleja la complejidad de los acuerdos en materia de transparencia institucional, la importancia de la memoria histórica y la necesidad de contar con leyes renovadas que establezcan procedimientos claros y alejados del interés inmediato de los ejecutivos.