La Fiscalía analiza la petición del Gobierno de investigar a redes sociales por difusión de pornografía infantil

De acuerdo con fuentes de la Fiscalía General del Estado citadas por Europa Press, la Junta de Fiscales celebró esta semana una reunión para examinar la petición formal del Gobierno que solicita investigar si las plataformas digitales X, Meta y TikTok han podido incurrir en delitos por la creación y difusión de material sensible, concretamente pornografía infantil, con el uso de herramientas de inteligencia artificial. Esta revisión surge tras una comunicación oficial remitida desde el Ejecutivo, con el objetivo de impulsar actuaciones orientadas a la protección del interés público y los derechos de los menores en el entorno digital.

Según informó Europa Press, esta solicitud se fundamenta en las prerrogativas establecidas en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Conforme a la normativa vigente, el Gobierno tiene facultad para pedir a la fiscal general del Estado que promueva ante los tribunales las acciones procedentes para proteger el interés público. La fiscal general, Teresa Peramato, debe escuchar a la Junta de Fiscales antes de tomar una decisión definitiva y comunicar al Ejecutivo la postura adoptada junto con el fundamento de la resolución.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció recientemente la intención de activar los mecanismos necesarios para poner fin a lo que definió como impunidad de las grandes plataformas tecnológicas en cuestión de seguridad digital y protección de la infancia. Según declaraciones difundidas por el propio jefe del Ejecutivo en la plataforma X, se sostiene que “estas plataformas están atentando contra la salud mental, la dignidad y los derechos de nuestros hijos e hijas”. Sánchez puntualizó que el Estado no puede tolerar tal situación y que corresponde tomar medidas para revertirla.

La postura gubernamental recibió respaldo desde el Ministerio de Juventud e Infancia. Sira Rego, responsable de esta cartera, indicó en redes sociales que la solicitud formulada representa un avance en la garantía de los derechos de los menores en las plataformas digitales. Rego recordó que el pasado mes de enero ya se pidió a la Fiscalía que examinara la eventual comisión de delitos por parte de la plataforma X en relación con pornografía infantil. La ministra agregó que en la sesión del Consejo de Ministros se activó el artículo 8 del Estatuto del Ministerio Fiscal para ampliar esa investigación a otras grandes plataformas.

Conforme detalló Europa Press, la Junta de Fiscales desempeña un papel consultivo fundamental en este procedimiento, pues asesora a la fiscal general antes de que esta tome una decisión. El proceso establece que la fiscal general debe resolver la solicitud del Gobierno de modo razonado y transmitir la posición adoptada a las autoridades solicitantes, abriendo la posibilidad de acciones judiciales si se detectan indicios de delitos relacionados con la protección de la infancia en el entorno virtual.

Este movimiento se produce en un contexto de preocupación creciente en torno a los riesgos asociados al uso de inteligencia artificial para la generación y distribución de contenidos que atenten contra la seguridad y la dignidad de menores. Según Europa Press, el Gobierno busca implicar a la Fiscalía en una respuesta institucional destinada a frenar la proliferación de estos materiales sensibles y determinar responsabilidades en la gestión y supervisión de las plataformas sociales.

El debate sobre la responsabilidad de las compañías tecnológicas y la protección de los usuarios más vulnerables se ha intensificado tras numerosos llamados de entidades gubernamentales y organizaciones civiles para endurecer la regulación de los servicios en línea. La investigación solicitada a la Fiscalía busca dilucidar hasta qué punto las herramientas automatizadas y la moderación de contenidos de X, Meta y TikTok cumplen con los estándares legales y éticos exigidos para combatir la distribución de pornografía infantil.

Además, el intenso seguimiento institucional y mediático a este caso evidencia la expectación social respecto a la respuesta judicial frente al desafío que representan las nuevas tecnologías en la protección de derechos fundamentales. El proceso de deliberación de la Junta de Fiscales y la resolución de la fiscal general marcarán los próximos pasos en la posible apertura de investigaciones formales contra las plataformas mencionadas. Tal como recogió Europa Press, la decisión podría establecer un precedente en la intervención de la Fiscalía en asuntos vinculados con inteligencia artificial, redes sociales y delitos contra menores.

El Gobierno y los organismos públicos involucrados esperan una respuesta que siente las bases para el fortalecimiento de controles y la implementación de medidas más estrictas que logren frenar el acceso y la propagación de contenidos ilícitos en el entorno digital. Por el momento, los siguientes pasos dependerán de la valoración técnica y jurídica que efectúe la Fiscalía General del Estado y de las posibles acciones judiciales que puedan derivarse de esta investigación preliminar.