El Gobierno espera que el PP pida a Mazón su acta de diputado después de que la jueza de la dana reclamase su imputación

El tribunal de Catarroja remitió recientemente una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en la que propone la imputación de Carlos Mazón, quien ocupó la presidencia de la Generalitat durante la catástrofe de la dana. Este avance judicial reabrió el debate sobre la permanencia de Mazón como diputado autonómico. Según publicó el medio de comunicación, el Gobierno central sostiene que el Partido Popular, liderado por Alberto Núñez Feijóo, debería solicitar la renuncia al escaño en Les Corts de Mazón tras la decisión de la justicia valenciana.

De acuerdo con lo consignado por la fuente, Moncloa expresó que el grupo de Feijóo debe "dejar de proteger" a Mazón y reclamar formalmente la devolución de su acta parlamentaria, ahora que la investigación penal avanza y la jueza ha formalizado la petición de imputación. La decisión de la jueza atribuye la competencia para instruir el caso al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), en atención al fuero que conserva Mazón por su condición de diputado. Pese a haber abandonado la Presidencia de la Generalitat, Mazón sigue manteniendo el escaño autonómico.

El caso se originó tras la gestión de la dana, un desastre natural cuyas riadas dejaron un saldo de 230 víctimas mortales, y posteriormente motivaron una investigación judicial centrada en la actuación de dirigentes públicos de la Comunidad Valenciana. El medio reportó que la jueza de Catarroja decidió elevar una exposición razonada al TSJCV más de un año después de los hechos que provocaron la investigación. Mazón ha permanecido en su puesto de diputado en Les Corts desde que dejó el Ejecutivo autonómico.

Fuentes consultadas en La Moncloa insistieron en que el paso de la jueza "debería hacer pensar" a la dirección nacional del Partido Popular. Según detalló el medio, el Gobierno cuestiona especialmente que Mazón siga ejerciendo como parlamentario autonómico y, de forma adicional, que haya sido beneficiado con la portavocía de una comisión en Les Corts. Esta última designación le asegura un salario superior al que corresponde a los diputados convencionales, aspecto que el Ejecutivo central considera especialmente relevante en el actual contexto judicial.

El argumento presentado desde el Ejecutivo se centra en la necesidad de que los procesos parlamentarios no amparen a figuras investigadas en causas penales, y recalca que el mantenimiento de privilegios como la portavocía o el acta de diputado puede influir en la percepción pública sobre la respuesta institucional ante situaciones de presunta mala gestión. Según publicó la fuente, Moncloa exige una posición clara del PP respecto a Carlos Mazón e insta a que se retire toda protección institucional que pueda bloquear el normal desarrollo de la causa en el TSJCV.

El avance del proceso judicial aportó nuevos elementos al debate político regional y nacional, en particular por la relevancia del caso de la dana en la Comunidad Valenciana. Tras la decisión de la jueza, el foco permanece en la responsabilidad del Partido Popular en la gestión de los cargos dentro del Parlamento autonómico. El Gobierno remarca que la exposición razonada presentada por la magistrada constituye un motivo suficiente para que el partido liderado por Feijóo adopte medidas internas respecto a Mazón, incluyendo la petición de su renuncia al escaño.

Según reportó el medio, la jueza argumentó ante el TSJCV que existen indicios de responsabilidad penal relacionados con la gestión de los recursos y la reacción institucional por parte de Mazón durante la catástrofe. La competencia del TSJCV responde al fuero de Mazón como diputado, ya que este dejó el cargo de presidente autonómico pero no el de parlamentario. Este mecanismo impide que la instrucción continúe en los tribunales ordinarios y refuerza el debate sobre el mantenimiento de fueros y privilegios en la clase política tras la apertura de una causa judicial.

En las últimas declaraciones recogidas por el medio, representantes de Moncloa manifestaron su rechazo a que Mazón siga vinculado a Les Corts y que continúe percibiendo beneficios económicos derivados de nuevas responsabilidades parlamentarias mientras pesa sobre él la solicitud de imputación. El Gobierno reiteró que el PP debería dar pasos concretos para apartar a Mazón de sus funciones representativas mientras los tribunales se pronuncian oficialmente sobre su situación procesal.

El asunto, reportó el medio, sigue generando reacciones políticas a nivel nacional y en el seno de Les Corts, donde varios partidos cuestionaron la continuidad de Mazón en el cargo. El entorno de Moncloa espera que el avance de la causa judicial active cambios en la estrategia interna del PP con relación a sus representantes involucrados en investigaciones relevantes, como reclaman públicamente desde el Ejecutivo.