El Congreso reactivó la investigación parlamentaria sobre los atentados yihadistas que ocurrieron en Cataluña en 2017, después de una pausa de ocho meses sin que testigos hubieran comparecido desde junio de 2025. Según informó Europa Press, la jornada comenzó con el testimonio de un agente de la Policía Nacional identificado con el número profesional 77619, quien formó parte del equipo desplazado a Marruecos para obtener muestras de ADN de familiares de Abdelbaky Es Satty. Es Satty fue considerado el organizador principal de los ataques y falleció en la explosión en un chalet de Alcanar, en Tarragona, lo que motivó la necesidad de confirmar su identificación.
De acuerdo con lo publicado por Europa Press, los agentes españoles enviados a Marruecos informaron en el juicio que su papel resultó limitado, ya que las gestiones europeas se apoyaron por completo en las autoridades policiales marroquíes. La obtención del material genético tenía como objetivo facilitar la identificación post-mortem de Es Satty, pieza clave en la investigación de los atentados perpetrados en Barcelona y Cambrils.
Además, en esta jornada se esperaba la participación de Adrián Fernández Ramírez, un joven que había experimentado un proceso de conversión al islamismo y con quien Es Satty trató de establecer contacto ideológico. Europa Press detalló que Fernández Ramírez, quien ya había comparecido durante el juicio de los atentados, relató encuentros con Es Satty en Castellón. Durante su testimonio anterior, reconoció conversaciones de carácter yihadista con el imán de Ripoll, pero negó haber recibido material audiovisual del Daesh o haber sido instado a cometer actos violentos. Sin embargo, por motivos de agenda, su testimonio ante la comisión parlamentaria ha debido posponerse y será reprogramado en próximas fechas, según reportó Europa Press.
La actividad de la comisión estuvo detenida desde la última comparecencia, que tuvo lugar el 26 de junio del año anterior. Tras el receso estival, la comisión no se volvió a reunir, en parte porque Junts, una de las fuerzas políticas más activas en la promoción de la investigación, se distanció del Gobierno y dejó de solicitar nuevas sesiones. Según consignó Europa Press, este estancamiento llevó a que antes de Navidad el presidente de la comisión, Txema Guijarro, diputado de Sumar, realizara consultas con los portavoces de los distintos grupos parlamentarios. En esas conversaciones se subrayó la necesidad de que la institución mantuviera su compromiso con las víctimas y se debatiera si seguirían convocando a testigos o si era oportuno iniciar la redacción de conclusiones.
La comisión debe ahora determinar si procederá a llamar a responsables de la Policía y la Guardia Civil aún pendientes de declarar, como el exdirector general de la Policía Germán López Iglesias y el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos. De acuerdo con la información proporcionada por Europa Press, también permanece abierta la posibilidad de convocar a altos cargos políticos que todavía no comparecieron ante la comisión de investigación. Entre estos figuran Carles Puigdemont, líder de Junts y expresidente de la Generalitat de Cataluña, el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría.
El proceso de comparecencias busca esclarecer la cadena de responsabilidades y los fallos en la prevención y gestión de los atentados, así como analizar el papel de las distintas fuerzas de seguridad e instancias políticas involucradas en la respuesta institucional. La investigación parlamentaria se constituyó por exigencia de Junts al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) durante las negociaciones de inicio de legislatura, lo que dotó al órgano de una relevancia política acentuada.
Según publicó Europa Press, la posibilidad de llamar a comparecer tanto a responsables policiales como a antiguos mandatarios aparece entre los principales puntos de discusión de la comisión en los próximos días, con la expectativa de que nuevas declaraciones puedan aportar elementos inéditos para entender la actuación de las instituciones durante la investigación y gestión de los sucesos del 17 de agosto de 2017. La comisión enfrenta el reto de equilibrar el interés público, la transparencia en las pesquisas sobre la matanza de Barcelona y Cambrils, y la sensibilidad de las víctimas. La jornada de reapertura ha centrado la atención política y mediática en la reactivación del proceso parlamentario que, hasta ahora, persistía en estado de pausa.
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