Moreno pide "desclasificar" la información del caso Koldo y la presunta violación del ex DAO de la Policía Nacional

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, cuestionó la coincidencia entre la inminente desclasificación de documentos históricos del 23-F y la ausencia de información sobre recientes presuntos casos de corrupción y delitos en la administración pública. De acuerdo con lo publicado por diversos medios nacionales, Moreno solicitó expresamente que el Gobierno central revele datos acerca del caso Koldo y de una presunta violación cometida por el ex Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional.

Tal como consignó la prensa, Moreno hizo estas declaraciones en Aljaraque (Huelva) después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara la intención de hacer públicos este martes archivos relacionados con el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, perpetrado por el teniente coronel Antonio Tejero, en el aniversario número 45 de ese acontecimiento. Moreno declaró estar a favor de que se facilite cualquier información, aunque añadió una advertencia sobre la posibilidad de que se utilice esta medida como "cortina de humo", restando así atención a hechos actuales.

Durante su intervención, Moreno manifestó sorpresa por la revelación de una cena entre el ministro Luis Ángel Torres y un empresario constructor, en la que, según él, se discutió la adjudicación de un contrato valorado en siete millones de euros en la residencia privada del ministro, una semana antes de que se otorgara dicho contrato. El presidente andaluz planteó la necesidad de que el Ejecutivo explique el motivo de esta adjudicación y que también se proporcionen detalles concretos sobre el proceso, indicando que la transparencia debe abarcar este asunto.

Además, Moreno expuso la preocupación sobre la presunta violación de una agente de la Policía Nacional por parte de un alto mando policial. Interpeló al Gobierno sobre el conocimiento que tenía del caso y si la agente recibió alguna protección. Reiteró en sus declaraciones, reproducidas por los medios, que los ciudadanos tienen derecho a conocer la totalidad de los hechos y reclamó que este tipo de información también sea objeto de publicación, de modo que la sociedad pueda tener acceso a la verdad.

En relación a la desclasificación de documentos del 23-F, el Gobierno tiene previsto liberar documentos relevantes, incluidos el sumario completo del tribunal, actualmente bajo resguardo del Tribunal Supremo. Este sumario se compone de 89 legajos que contienen grabaciones originales y declaraciones de los individuos implicados. Según publicó la prensa, también se desclasificarán archivos de los antiguos servicios de inteligencia, conocidos como CESID —ahora el Centro Nacional de Inteligencia (CNI)—, así como las transcripciones de escuchas durante la noche del intento de golpe, que se conservaron bajo el sello de “alto secreto”. Además, se prevé la apertura de las comunicaciones de la Casa Real, la Presidencia del Gobierno (Moncloa) y los informes internos originados en diferentes regiones militares.

El medio español detalló también que en 2025 el Ejecutivo dio luz verde a un proyecto de Ley de Información Clasificada, destinado a reemplazar la normativa de secretos oficiales heredada de la etapa franquista. El texto legal actualmente se encuentra en trámite parlamentario en el Congreso de los Diputados. Este nuevo marco legal establece que los secretos oficiales catalogados como "alto secreto" pasen automáticamente a dominio público tras 45 años. Los documentos designados como "secreto" quedarían disponibles después de 35 años, mientras que los catalogados como "confidencial" se liberarían entre 7 y 9 años tras su clasificación. Para la información "restringida", el proyecto propone periodos entre 4 y 6 años.

Moreno insistió, según reportó la prensa, en que el Ejecutivo nacional debería priorizar la transparencia sobre asuntos contemporáneos y no limitar la publicación de datos a acontecimientos históricos. Afirmó: "A mí me interesa más el futuro que el pasado. Algunos están obsesionados con el pasado, pero a mí me interesa más lo que va a pasar mañana y lo que está pasando hoy. Le pediría al Gobierno que prestara un poquito más de atención al presente y al futuro y menos al pasado". Así, el presidente andaluz se refirió al derecho de la ciudadanía a recibir información completa y actual sobre posibles irregularidades o ilícitos en la administración pública, en vez de reducir el acceso solo a hechos del pasado como el 23-F.

Según la prensa, entre los documentos cuyo acceso quedaría garantizado con la nueva regulación, destacan materiales considerados de alto interés institucional y social, como grabaciones, informes confidenciales y comunicaciones oficiales que han permanecido bajo secreto durante décadas. Los periodistas señalaron que este proceso de desclasificación responde tanto a demandas sociales como a criterios de transparencia gubernamental.

En sus intervenciones públicas, Moreno volvió a expresar inquietudes acerca de si la desclasificación de documentos históricos podría desviar la atención de la opinión pública respecto a presuntos escándalos recientes. A criterio del mandatario andaluz, la apertura de archivos sobre hechos pasados no debería sustituir la necesidad de esclarecer hechos actuales bajo sospecha.

La solicitud realizada por Moreno, recogida por los medios, refleja una demanda de mayor transparencia por parte de las administraciones, instando al Gobierno central a informar no solo sobre episodios históricos, sino principalmente sobre investigaciones judiciales recientes, presuntos delitos y adjudicaciones de contratos que han suscitado dudas en la opinión pública.