Ester Muñoz, portavoz del Grupo Popular en el Congreso, sostiene que la reciente decisión del Ejecutivo sobre la desclasificación de los archivos relacionados con el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 responde a una intención política de desviar la atención pública de otros asuntos. De acuerdo con información publicada por varios medios, incluido el comunicado del propio Gobierno, la medida consiste en hacer públicos los documentos oficiales sobre este episodio histórico español; según fuentes oficiales citadas, la desclasificación tendrá efecto a partir del miércoles 25, fecha en la que los archivos estarán disponibles en la web de Moncloa y en el Boletín Oficial del Estado.
El medio detalla que Muñoz calificó este movimiento como una "cortina de humo" al comentar en la red X que “vamos a cortina de humo al día”, expresión con la que hace alusión a una supuesta estrategia del presidente Pedro Sánchez de crear temas de debate alternativos. La portavoz del Partido Popular vincula la publicación de estos documentos con “los pasos del colapso total”, según ha escrito en la citada red social en respuesta al anuncio gubernamental.
El presidente del Gobierno comunicó la medida durante la mañana, también en la red X, y justificó su decisión afirmando que "la memoria no puede estar bajo llave". Sánchez subrayó que la publicación de los archivos busca “saldar una deuda histórica con la ciudadanía”. Fuentes de la Moncloa, citadas en la cobertura original, precisan que toda la documentación pasará a ser accesible para cualquier persona interesada mediante el sitio web del Gobierno a partir de la mencionada fecha de publicación en el Boletín Oficial del Estado.
El anuncio del Gobierno coincide con el 45 aniversario de la entrada del teniente coronel Antonio Tejero al Congreso de los Diputados, lo que supuso el inicio del llamado intento de golpe de Estado del 23-F. Según lo reportado por el medio, esta coincidencia temporal ha sido utilizada por representantes de la oposición para cuestionar la autenticidad y el propósito del anuncio.
Sánchez fundamentó la decisión argumentando que “la memoria no puede estar bajo llave”, reforzando que la iniciativa responde a una demanda histórica de la sociedad. Según Moncloa, la publicación de los documentos representa un acto de transparencia y está alineada con el compromiso del Gobierno hacia el acceso público a la información sobre episodios significativos de la historia reciente.
Ester Muñoz, por su parte, continúa criticando la iniciativa en redes sociales, atribuyendo la acción a una supuesta situación de crisis interna dentro del Ejecutivo y al uso de medidas simbólicas para desviar la atención de presuntos problemas de gestión. El medio especificó que el Partido Popular ha insistido en que la publicación de los archivos está condicionada por motivos políticos y no responde a una verdadera voluntad de esclarecimiento.
La próxima disponibilidad de estos archivos en la web oficial de Moncloa significa que, desde el miércoles 25, cualquier ciudadano podrá consultar estos documentos, lo cual, según el discurso oficial, servirá para avanzar en la comprensión pública de los sucesos del 23-F. A pesar de las críticas, el Ejecutivo mantiene que con la desclasificación se atiende a una petición histórica de múltiples sectores sociales respecto a la transparencia sobre hechos políticos relevantes.
La decisión ha reabierto el debate sobre el acceso a documentos clasificados en España, la gestión de la memoria histórica y la utilización política del pasado reciente. Distintas fuentes del Gobierno, recogidas por el medio, han defendido que la apertura de estos archivos se ha adoptado siguiendo las recomendaciones recurrentes de expertos y asociaciones vinculadas a la investigación histórica.
El medio explica que parte del procedimiento institucional incluye la publicación primero en el Boletín Oficial del Estado el miércoles, lo que oficializa la medida, para posteriormente habilitar su consulta digital, permitiendo la lectura directa de dichos documentos sobre el intento de golpe de Estado de 1981.
La controversia política en torno a la medida y la reacción de la portavoz popular subrayan la persistente polarización respecto al tratamiento del pasado reciente en España y la función que cumplen los actos gubernamentales en los debates públicos actuales.
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