El PP fija líneas para pactar con Vox: proporcionalidad, coherencia programática y aprobación de los Presupuestos

La aprobación de los cuatro presupuestos de la legislatura figura como una condición central que el Partido Popular (PP) exige para establecer acuerdos con Vox y para garantizar la estabilidad de los gobiernos autonómicos. De acuerdo con Europa Press, el partido enfatiza que todos los pactos deben implicar una respuesta colegiada y solidaria ante las decisiones y la ejecución presupuestaria, más allá de las responsabilidades ejecutivas concretas de cada formación. Este criterio busca facilitar una gestión previsible y evitar situaciones de fragmentación política o chantaje parlamentario.

Según detalló Europa Press, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha impulsado el ‘Documento marco para ordenar los acuerdos y dar gobiernos estables a la España autonómica’, el cual establece el conjunto de líneas básicas para orientar las negociaciones con otras fuerzas políticas. El texto, al que Europa Press tuvo acceso, se conoce tras el anuncio de la dirección nacional del partido sobre su implicación directa en las negociaciones con Vox en Extremadura y Aragón. La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, advirtió que una repetición de elecciones solo favorecería al actual Gobierno y recalcó que “defraudar el mandato de la gente es una irresponsabilidad”.

El planteamiento del PP parte de la premisa de que, reiteradamente en las elecciones, la ciudadanía ha manifestado una voluntad de cambio político en España y un rechazo a la gestión de Pedro Sánchez y sus socios. El documento sostiene que el partido debe ejercer su “obligación” respondiendo a esa demanda y restableciendo el equilibrio y la representación democrática. Según publicó Europa Press, el PP rechaza la dinámica de “chantaje político y privilegios injustificables”, proponiendo en su lugar un marco único, vinculante y de aplicación nacional para guiar los acuerdos.

El decálogo elaborado por el PP recoge en primer término el “pleno respeto a la unidad nacional, al marco constitucional y al Estado de Derecho”. Solo podrán materializarse propuestas que operen dentro del ámbito legal vigente. El texto también exige acatamiento del reparto competencial existente, delimita los acuerdos a las competencias legales de cada administración y resalta la protección de las principales instituciones del Estado, con menciones específicas a la separación de poderes, el prestigio de las instituciones autonómicas y el respeto a la Jefatura del Estado.

Entre los puntos fundamentales se encuentra el principio de “coherencia programática”. El PP acepta ampliar sus ofertas electorales, siempre y cuando no contradigan el proyecto inicial con que se presentaron ante el electorado. Europa Press recoge que la “igualdad ante la ley” y “la defensa de la libertad” deben estar en la base de las políticas consensuadas, rechazando cualquier medida que promueva desigualdades entre personas por razón de localización, ideología, idioma, sexo, origen o condición social. Asimismo, el partido defiende el fortalecimiento de las libertades individuales, la iniciativa personal y el pluralismo.

El respeto a la proporcionalidad electoral es otro elemento que el PP entiende como imprescindible en cualquier acuerdo, tanto en la distribución de poder legislativo como en el ejecutivo. El documento precisa que cada formación debe mantener su identidad política y que un pacto no implica la asimilación total de posturas o valores. El PP enfatiza los asuntos de competencia autonómica como prioritarios para los pactos, abogando por el empleo de todas las herramientas fiscales al alcance para favorecer rebajas fiscales y la reducción de burocracia, facilitando la labor de autónomos y pequeñas empresas. También propone políticas de apoyo a agricultores, ganaderos y pescadores como respuesta a la sobrerregulación y a políticas que puedan afectar la viabilidad de estos sectores.

Dentro de las líneas estratégicas, el PP se opone a iniciativas que debiliten la seguridad ciudadana, apoya la construcción de viviendas como remedio a la okupación ilegal y rechaza políticas energéticas que, según considera, destruyen empleo o elevan los costes energéticos. El partido defiende impulsar desde las comunidades un modelo energético integral que contemple la energía nuclear.

Europa Press reportó que el texto incorpora una posición firme contra la violencia, asegurando que “toda forma de violencia política, terrorista, machista, doméstica o de cualquier clase” debe ser rechazada explícitamente en los acuerdos y afirma el compromiso para combatirla con todos los recursos disponibles. Asimismo, insiste en que cualquier partida presupuestaria que se haya revelado ineficaz o contraria a este fin debe eliminarse.

El PP subraya que la inmigración irregular representa un reto significativo, considerando insuficiente la respuesta actual del Gobierno central, que opta por regularizaciones que, para el partido, “transforman la irregularidad en un derecho”. Reclama la ejecución de expulsiones y demanda implicación de las comunidades autónomas antes de que se adopten medidas con impacto territorial. El documento también plantea situar la natalidad en un lugar prioritario dentro de la agenda y reconoce a la familia como red principal de apoyo social, agregando que los jóvenes no deben quedar como una “generación aplazada”.

Finalmente, la dirección nacional del PP plantea que el procedimiento de negociación fijado en este documento se aplicará en todos los procesos donde la aritmética electoral requiera acuerdos, como ocurrió en las elecciones autonómicas de Extremadura en diciembre y las de Aragón en febrero, según consignó Europa Press. El propósito subrayado en el documento es lograr la gobernabilidad, la coherencia y la estabilidad en los gobiernos autonómicos a través de compromisos claros y mecanismos de seguimiento que permitan verificar el cumplimiento de los pactos alcanzados.